La disposición abrogatoria y derogatoria de la Ley 180 tiene un único punto y señala que en cumplimiento de los acuerdos resultado de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chiman y yuracaré se abroga la ley 180 del 24 de octubre de 2011 de protección del Tipnis y todas las disposiciones contrarias a la ley.
Por lo tanto la disposición final sugiere que el nivel central del Estado elaborará a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua el reglamento de la presente ley en coordinación de los pueblos indígenas del Tipnis, en un plazo de 120 días después de su promulgación.
Asimismo, resalta una disposición adicional que se respeta la determinación soberana de las once comunidades indígenas del Tipnis a no someterse a la aplicación en la presente norma conforme los resultados de la consulta Previa Libre e Informativa efectuada a los pueblos indígenas mojeño-trinitario, chiman y yuracaré, lo cual no significa la aprobación de su aceptación posterior de forma tácita.
En el punto de protección del Tipnis, el anteproyecto de ley de Conisur indica que se declara a los pueblos indígenas como guardianes del territorio del Tipnis pudiendo promover directamente ante las entidades competentes a la ejecución de procedimientos de desalojo en el marco de la Constitución Política del Estado y de la normativa vigente.
Rechazo
En marzo pasado, al menos 64 comunidades del Tipnis rechazaron el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para anular la ley 180 de Intangibilidad y están en contra de la construcción de la carretera que pasa por el corazón de esta área protegida.
La Ley 180 fue aprobada en el año 2011 producto de una negociación entre los indígenas del Tipnis y el Gobierno después de una marcha realizada hasta La Paz.
En agosto de 2011, unos 700 indígenas afiliados a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) partieron desde Trinidad rumbo a La Paz en defensa de este territorio indígena.
Una de las incongruencias del conflicto de 2011 entre Gobierno e indígenas amazónicos fue la supuesta consulta que se hizo a los pueblos del Tipnis, y cuyo resultado oficial fue la presunta aprobación de la carretera, recordaron activistas por la conservación del Parque.
Pero en realidad fue una consulta sectorial contraria a la Constitución en vez de un referendo a toda la población; y además amañada, según pruebas documentadas por el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos.
PROHIBICIONES
En tanto en su artículo 7 que se refiere a las prohibiciones, indica que se prohíbe el aprovechamiento de los recursos naturales renovables por toda persona ajena a los titulares del territorio, salvo que cumplan con la autorización previa para el aprovechamiento conjunto con los pueblos indígenas del Tipnis, así como la autorización de las autoridades estatales competentes.
Está prohibido la utilización, internación y comercialización de material tóxico y agroquímicos que afecten la integridad de los procesos, ciclos vitales y funciones ambientales.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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