Era la crónica de una muerte anunciada, solo faltaba elegir el verdugo y ponerle fecha para firmar el certificado de defunción. Las funciones las asumió el Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, el escenario elegido fue el salón del Senado en el que estaba convocado ayer para brindar un informe oral.
La planta petroquímica en Yacuiba ya no va, al menos hasta que se decida una nueva licitación pues la actual, con informe de adjudicación firmado desde el mes de abril, ha sido anulada.
La causa objetiva alegada por Sánchez son “errores administrativos en el proceso de licitación”. Lo cierto es que, desde que se destapara el escándalo de la compra de los taladros, precisamente a otra empresa italiana, Drilmec, nadie se atrevía a poner la mano en el fuego por la licitación más cara de la historia de Bolivia, pues se estima cueste unos 2.000 millones de dólares.
Sánchez explicó que cuando el presidente Evo Morales posesionó al presidente de YPFB, Óscar Barriga, le instruyó realizar una revisión de todos los contratos de la estatal petrolera, superiores en un millón de dólares. En cumplimiento a ello, se emitió un memorándum; “en esa revisión del informe técnico legal, se encontraron errores administrativos, y el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) emite la Resolución Administrativa que anula la adjudicación”.
La presunta compra con sobreprecio de los taladros le ha costado el cargo a 15 funcionarios del área administrativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellos al vicepresidente de Fiscalización y Contratos, Jorge Soza. El escándalo rebasó los límites e involucró al presidente Guillermo Achá, ya relevado del cargo y tratando de eludir su ingreso en prisión con una detención domiciliaria.
La causa objetiva alegada por Sánchez son “errores administrativos en el proceso de licitación”. Lo cierto es que, desde que se destapara el escándalo de la compra de los taladros, precisamente a otra empresa italiana, Drilmec, nadie se atrevía a poner la mano en el fuego por la licitación más cara de la historia de Bolivia, pues se estima cueste unos 2.000 millones de dólares.
Sánchez explicó que cuando el presidente Evo Morales posesionó al presidente de YPFB, Óscar Barriga, le instruyó realizar una revisión de todos los contratos de la estatal petrolera, superiores en un millón de dólares. En cumplimiento a ello, se emitió un memorándum; “en esa revisión del informe técnico legal, se encontraron errores administrativos, y el Responsable del Proceso de Contratación (RPC) emite la Resolución Administrativa que anula la adjudicación”.
La presunta compra con sobreprecio de los taladros le ha costado el cargo a 15 funcionarios del área administrativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellos al vicepresidente de Fiscalización y Contratos, Jorge Soza. El escándalo rebasó los límites e involucró al presidente Guillermo Achá, ya relevado del cargo y tratando de eludir su ingreso en prisión con una detención domiciliaria.
Denuncia cuestionada
A la licitación de la planta de polipropileno, proyectada a construirse en Yacuiba y lanzada en mayo de 2016, se presentaron las principales empresas del rubro a nivel mundial. La estadounidense Kellog, la coreana Samsung, la filial petroquímica del gigante ACS de Florentino Pérez, la siempre polémica Odebrecht y un consorcio chino de los que van a por todas. La recomendación de adjudicación firmada por los funcionarios de YPFB fue para el consorcio conformado por Técnicas Reunidas y Tecnimont. Las denuncias no tardaron en llegar.
El senador Óscar Ortiz, tibio en lo que tiene que ver con la industrialización del país, fue el primero en aparecer para denunciar que Tecnimont ya se había adjudicado las dos fases anteriores del proyecto, que si bien tenían que ver más con el ámbito administrativo y de definición, fue argumentado como un causal de información privilegiada. Menos cuestionada fue Técnicas Reunidas, a pesar de que la española construyó la planta separadora de líquidos del Gran Chaco que tiene por misión abastecer de materia prima precisamente a esta planta, por lo cual también contaba con información al respecto beneficiosa en la puja.
¿Damnificados?
Anulando la licitación sin que se haya desembolsado ni un dólar hace que, presumiblemente, no haya objetivamente ningún daño al Estado.
En la lectura subjetiva, sin embargo, se recuerda que el Banco Central de Bolivia concedió ya por adelantado el crédito de 2.000 millones de dólares procedente de las Reservas Internacionales que sin embargo no está pudiendo ser utilizado.
Pero más grave es el daño hecho al proceso de industrialización. En el plan de industrialización presentado por Carlos Villegas en 2012 se preveía tener operativa esta planta en el Chaco en 2018 luego de los muchos retrasos provocados en las plantas separadoras. Con la realidad actual, ni siquiera habrá sido licitada. El proceso que ayer fue anulado lleva abierto desde principios de 2016 por lo que se necesitará al menos dos años más para tener un proponente en el caso de que el proyecto siga siendo considerado.
El riesgo que reconocen opositores y oficialistas es la falta de certificación de reservas. Sin reservas probadas para el largo plazo, que permitan calcular los supuestos beneficios de la planta petroquímica, el proyecto entra en terrenos peligrosos.
El costo estimado de la planta de polipropileno es de 2.000 millones de dólares pero las última certificación, de 2013, se estimaban 10,45 trillones de pies cúbicos, sabiendo que se consume en el entorno de un trillón por año.
A la licitación de la planta de polipropileno, proyectada a construirse en Yacuiba y lanzada en mayo de 2016, se presentaron las principales empresas del rubro a nivel mundial. La estadounidense Kellog, la coreana Samsung, la filial petroquímica del gigante ACS de Florentino Pérez, la siempre polémica Odebrecht y un consorcio chino de los que van a por todas. La recomendación de adjudicación firmada por los funcionarios de YPFB fue para el consorcio conformado por Técnicas Reunidas y Tecnimont. Las denuncias no tardaron en llegar.
El senador Óscar Ortiz, tibio en lo que tiene que ver con la industrialización del país, fue el primero en aparecer para denunciar que Tecnimont ya se había adjudicado las dos fases anteriores del proyecto, que si bien tenían que ver más con el ámbito administrativo y de definición, fue argumentado como un causal de información privilegiada. Menos cuestionada fue Técnicas Reunidas, a pesar de que la española construyó la planta separadora de líquidos del Gran Chaco que tiene por misión abastecer de materia prima precisamente a esta planta, por lo cual también contaba con información al respecto beneficiosa en la puja.
¿Damnificados?
Anulando la licitación sin que se haya desembolsado ni un dólar hace que, presumiblemente, no haya objetivamente ningún daño al Estado.
En la lectura subjetiva, sin embargo, se recuerda que el Banco Central de Bolivia concedió ya por adelantado el crédito de 2.000 millones de dólares procedente de las Reservas Internacionales que sin embargo no está pudiendo ser utilizado.
Pero más grave es el daño hecho al proceso de industrialización. En el plan de industrialización presentado por Carlos Villegas en 2012 se preveía tener operativa esta planta en el Chaco en 2018 luego de los muchos retrasos provocados en las plantas separadoras. Con la realidad actual, ni siquiera habrá sido licitada. El proceso que ayer fue anulado lleva abierto desde principios de 2016 por lo que se necesitará al menos dos años más para tener un proponente en el caso de que el proyecto siga siendo considerado.
El riesgo que reconocen opositores y oficialistas es la falta de certificación de reservas. Sin reservas probadas para el largo plazo, que permitan calcular los supuestos beneficios de la planta petroquímica, el proyecto entra en terrenos peligrosos.
El costo estimado de la planta de polipropileno es de 2.000 millones de dólares pero las última certificación, de 2013, se estimaban 10,45 trillones de pies cúbicos, sabiendo que se consume en el entorno de un trillón por año.
Se aplaza un balón de oxígeno para el Chaco
Entre los damnificados por la, de momento, postergación de la adjudicación y por lo tanto construcción de la planta petroquímica, es el conjunto del Gran Chaco y particularmente los trabajadores.
Con la actual crisis económica en el departamento por la caída de ingresos y desde que se entregó la Planta Separadora de Líquidos en 2015 muchos trabajadores quedaron sin labor que realizar y la futura planta se veía como una oportunidad.
Las instituciones de la autonomía regional ganan tiempo para planificar la construcción del parque industrial aledaño a las infraestructuras construidas desde el Gobierno nacional.
Con la actual crisis económica en el departamento por la caída de ingresos y desde que se entregó la Planta Separadora de Líquidos en 2015 muchos trabajadores quedaron sin labor que realizar y la futura planta se veía como una oportunidad.
Las instituciones de la autonomía regional ganan tiempo para planificar la construcción del parque industrial aledaño a las infraestructuras construidas desde el Gobierno nacional.
Fuente: periódico "El País"
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