Entre 2015 y 2016 YPFB llevó a cabo dos procesos de licitación para la adquisición de tres equipos de perforación. La primera convocatoria fue declarada desierta porque las empresas interesadas, entre ellas Drillmec, no cumplían con los requisitos exigidos. Luego en agosto de 2016 se lanzó otra convocatoria en la que incluyen seis enmiendas al documento base de contratación para subsanar y viabilizar las contrataciones.
Las enmiendas presuntamente fueron ordenadas por Cynthia Novillo, Gerente Legal Corporativa (GLC) de YPFB y mediante un informe emitido habría dado curso a la justificación de la Enmienda 3, misma que habría sido realizada de manera ilegal.
Según los documentos a los que accedió ANF, el 19 de agosto Novillo envía el informe GLC N° 733 - ULGAJ N° 385/2016 a Paola Oporto, Gerente de Contrataciones Corporativa (GCC) de YPFB, señalándole un listado de documentos legales para la tramitación de procesos de contratación.
Además indica que a solicitud de Oporto adjunta un listado de documentos con tres anexos para que sean incorporados en los Documentos de Contratación Directa (DCD) y Documentos Base de Contratación (DBC) "tanto para la presentación de propuestas como para la elaboración de contratos u órdenes de compra/servicio”.
Y "con la finalidad de viabilizar la gestión de los procesos de contratación, se solicita a la GCC consignar expresamente en DCD y DBC, como aspecto subsanable los documentos legales, excepto la no presentación del Poder de representación legal”, señala la nota de Novillo.
Este informe enviado por Novillo fue conocido por Jaqueline Arce Z. de la Dirección Legal General de YPFB y D. Gutiérrez León de la Unidad Legal de Análisis, quienes revisaron el documento para luego dar el visto bueno y estampar su sello para dar curso a la nota.
Las declaraciones en la Policía de Félix Bustos y Julio Kjari (ambos fueron miembros de la Comisión de la Unidad Jurídica de YPFB) y Claudia Lenz Ardaya (actual Gerente Legal Corporativa de YPFB) coinciden en que Novillo ordenó la Enmienda 3 y además mediante el mencionado informe se habría justificado ejecutar dicho ajuste.
En relación a la Enmienda 3, Kjari dijo: "esta enmienda se materializa mediante informe YPFB-ULG-SCZ-IN 562/2016 donde se justifica la enmienda en cumplimiento a la nota de la Gerencia Legal GLC N° 733 - ULGAJ N° 385/2016, cuyo informe tiene como anexo (…) que fue remitido formalmente por la analista de contrataciones, el formato tanto del informe de justificación de enmiendas”, además aclara que "informe de justificación de enmiendas es una aprobación interna de la Unidad Legal y no así una aprobación para el proceso de contratación que es atribución de otras instancias”.
Bustos señala que la GLC emite la nota GLC N° 733 - ULGAJ N° 385/2016 y "(…) quiero decir que nosotros Gisel Siles, Julio Kjari y mi persona no estaba claro que podía realizar una enmienda, pusimos este tema en conocimiento de nuestros superiores, es decir de Fabián Avilés y Cynthia Novillo, quienes autorizaron el visto bueno a esta enmienda pero no se aprobó, una vez con estos vistos buenos de nuestros superiores remitimos este informe a la Unidad de Contrataciones”.
Lenz haciendo alusión a la nota GLC N° 733 - ULGAJ N° 385/2016 señala "que la Gerente Legal refiriéndose a la ahora imputada (Novillo) no tenía la facultad para firmar esta enmienda”.
Según las investigaciones del Ministerio Público "la Enmienda 3 habilita a todas las empresas proponentes a no ser observadas en la documentación porque disminuye los requisitos solicitados a cada una de estas empresas (…) Se ha disminuido los requisitos, a criterio del Ministerio Público, para favorecer a una empresa”, explicó el fiscal Ramiro Jarandilla, en audiencia de apelación a la detención preventiva de Novillo.
Una vez realizado los ajustes, Drillmec resulta "favorecida” con la adjudicación y se materializa el contrato, cuando debía ser descalificada por no cumplir uno de los requisitos establecidos por el documento original base de contratación.
Por este hecho Novillo fue encarcelada y la nota GLC N° 733 - ULGAJ N° 385/2016 es uno de los indicios colectados por la Fiscalía con el cual se procesó a Achá y otros implicados en el caso.
Anteriormente el ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, señaló que "la doctora Jaqueline Arce no ha participado en ningún proceso de contratación, mucho menos de la empresa Drillmec, esa empresa italiana no tiene nada que ver con ningún proceso serio, justamente porque es una abogada técnica del nivel inferior que no tiene ninguna participación en este tipo de funciones”.
Este medio se contactó con el responsable de comunicaciones de YPFB para gestionar una entrevista con la aludida o con alguna autoridad de la institución, pero al momento no recibió respuesta alguna.
Fuente: periódico "Página Siete"
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