Toda solución con relación a los manantiales del Silala y la controversia con Chile, debe ser considerada en el Congreso Nacional, por lo que el Gobierno debe abandonar su posición hermética de pretender conciliar un acuerdo en septiembre próximo, en Quetena Chico, manifestó el ex canciller de la República, Armando Loayza.
El Gobierno, sostuvo, debe tratar de llegar a un acuerdo con los partidos para manejar el tema del Silala, como una política de Estado y evitar que el tema se politice.
De suscribirse un acuerdo inicial sobre la distribución de este recurso hídrico, sin el debido consenso, este convenio tendrá un costo diplomático y político muy alto para las cancillerías de ambos países, dijo.
El borrador del preacuerdo inicial entre los gobiernos de Chile y Bolivia, establece en su Artículo 2 que el 50% del volumen de agua del sistema hídrico de los manantiales del Silala corresponde a Bolivia en su libre disponibilidad.
Sin embargo, en el Art. 6 se establece que el uso del otro 50% dependerá de los resultados que se obtengan de un estudio científico sobre el origen de estas aguas.
Este preacuerdo inicial causó el rechazo de la población, debido a que pone en duda anteriores estudios, sobre el origen de estas aguas, que concluyeron de manera expresa que este recurso hídrico es de propiedad boliviana, porque nace en los bofedales de la Cordillera de Quetena Chico-Potosi.
Loayza consideró que las autoridades deben consultar a instancias diplomáticas y técnicas, debido a que el acuerdo inicial, sobre una supuesta distribución de las aguas del manantial Silala necesita un estudio mucho más complejo.
Consideró que ambos gobiernos deben acudir a la cooperación de técnicos israelitas o australianos, para realizar un estudio técnico, sobre las estaciones meteorológicas e hidrométricas. “Los israelitas y australianos conocen mucho del manejo de aguas en zonas desérticas”, manifestó.
El preacuerdo anunciado por el Gobierno ha supuesto una compleja negociación, que debe recibir una lectura cuidadosa y bajo las normas del derecho internacional, porque el mismo no puede ser considerado como un simple contrato de arrendamiento.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 17/08/2009
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