El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, anunció ayer que el Gobierno se encuentra trabajando de manera extraordinaria frente a la conclusión del plazo fijado en la Constitución Política del Estado (CPE) para la transición de las concesiones a contratos mineros además de la migración de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs).
“El Órgano Ejecutivo no abandonó su deber constitucional, por lo que estamos trabajando en estas jornadas dos iniciativas que haremos conocer en las siguientes horas; se ha visto con mucha cautela en lo que hacen las TCOs y las concesiones mineras, garantizando la inversión y pensando en la soberanía del Estado sobre los recursos naturales”, anunció.
El plazo que puso el Gobierno en la Constitución Política del Estado (CPE) concluyó ayer, por lo que sectores mineros solicitaron una prorroga al Ejecutivo o en su caso una ley corta antes que se presente el proyecto minero al Legislativo.
DETALLES
De acuerdo a los datos de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) más de siete mil concesiones mineras estarían en riesgo debido a que no existe una base jurídica que adecúe los nuevos contratos a la nueva Ley que ni siquiera está en la agenda de Congreso.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, Saturnino Ramos, en una anterior oportunidad, expresó la preocupación del sector de la minería chica del país, porque el Gobierno aún no establece un régimen jurídico para el traspaso de más de siete mil concesiones a nuevos contratos.
La situación de incertidumbre por el que pasa el sector minero privado, llevó a realizar una serie de interrogantes a las autoridades gubernamentales del ramo, además de sugerir una prórroga o una ley corta a la Asamblea Legislativa, en la que solicitan conocer el proyecto minero y, sobretodo, determinar la situación de las concesiones que están avasalladas, tomando en cuenta que los titulares aún mantienen su derecho con el pago de patentes mineras.
La CPE, en su disposición transitoria octava, establece “ en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 6/12/2010
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