La Cámara Nacional de Minería (Canalmin) expresó su satisfacción por el Decreto Supremo 726 emitido en la víspera que garantiza la continuidad de las operaciones mineras en el país.
Mediante decreto, el Gobierno amplió a más de 9.000 concesiones mineras en Bolivia para que sigan operando sin plazo definido, las cuales debían migrar a contratos hasta el 6 de diciembre, por lo que se autoriza su prosecución de manera transitoria especial en tanto se apruebe el nuevo proyecto minero.
El ministro de Minería, José Pimentel, oficializó ayer el Decreto Supremo 726, que deja sin efecto la conclusión de las concesiones mineras, que deberían haber migrado en el plazo de un año según la disposición transitoria octava de la Constitución Política del Estado (CPE), abriendo de esta manera el período de transición para la aprobación de la Ley Minera.
“Se ha establecido un período de autorización de transición especial para que las anteriores concesiones puedan seguir operando y se garantice sus derechos preconstituidos de todos los operadores mineros”, remarcó la autoridad gubernamental.
DECRETO
El decreto en su artículo único, parágrafo I, establece que “las concesiones mineras, de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y de servicios básicos, otorgadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2010, a partir de la aprobación del presente Decreto Supremo se adecuan al ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en Autorizaciones Transitorias Especiales” en tanto se realice su migración de acuerdo a la normativa sectorial a emitirse”.
Respectivamente en su parágrafo II, determina que la “transformación automática señalada en el parágrafo anterior, garantiza los derechos preconstituidos”.
Aunque el Gobierno negó que existiera incumplimiento en el plazo constitucional y por el contrario, aseguró que se trabajó en la normativa, la CPE, en su disposición transitoria octava, establece “ en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos”. El plazo terminó el 6 de diciembre pasado.
CONTRATOS
Por su lado, el presidente de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin) Saturnino Ramos, expresó su satisfacción por el Decreto Supremo 726 emitido en la víspera, pero remarcó que dentro del nuevo régimen para las adecuaciones de la actividad minera se debe garantizar las inversiones, porque los contratos como dispone la CPE, no asegura el mismo.
“El decreto da un respiro a la minería chica y a toda la actividad minera, sin embargo, como hemos manifestado con anterioridad esperamos que el Gobierno pueda garantizar las inversiones que requiere la operación minera en los nuevos contratos que van a tener un plazo corto y no así como significa tener concesiones”, sostuvo.
Pimentel explicó que se otorgará contratos de explotación de acuerdo a la dimensión y los planes de trabajo.
“No todos los contratos van a ser iguales, para que puedan adecuarse una actividad minera a un contrato primero deberá presentar su plan de trabajo”, puntualizó.
Agregó que de acuerdo al nuevo régimen minero será la Asamblea Legislativa quien otorgue los contratos.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 08/12/2010
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