La información se dio a conocer luego de la presentación de resultados que la interventora Lariza Fuentes realizó ayer, en el marco del Decreto Supremo 2274 del 24 de febrero, donde se establece un plazo de intervención de seis meses que venció ayer.
“El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras no cumplió como establece la Ley 1178 con su rol de fiscalización, seguimiento y control. No efectuó la tuición que le corresponde. Eso está en el informe y se está recomendando, remitir a la Contraloría este tema para que se establezcan las responsabilidades que corresponden”, informó Fuentes.
Consultada al respecto, la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, aclaró a EL DEBER que la entidad intervenida tenía su propia Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE). Es decir, el director ejecutivo, que era designado por organizaciones del directorio, quienes eran los responsables.
“Yo voy a hacer todo lo que me corresponde para esclarecer los casos. Pero no hay que olvidar que las organizaciones eran parte del directorio, aprobaban proyectos, eran entidades fiscalizadoras. Se convirtieron en juez y parte, por lo que no se hizo una verdadera fiscalización”, señaló.
Desembolsos millonarios
Entretanto, la intervención del fondo -que significó la contratación de varios técnicos-, identificó en primera instancia que desde 2009 se aprobaron 3.177 proyectos, de los cuales 2.077 no tenían ningún desembolso. Mientras tanto, 1.100 proyectos tuvieron al menos un desembolso, los que fueron investigados por el equipo.
Entre otros detalles, el monto desembolsado para los 1.100 proyectos representó Bs 729.132.136. Aparte están los 154 proyectos por un desembolso de Bs 72 millones, que fueron denunciados por la Contraloría al Ministerio Público a principios de año.
En este orden, la Interventora descubrió 30 proyectos inexistentes o fantasmas por un monto de Bs 14.514.349, además de 713 obras con plazo que no están vigentes y que suman Bs 87.739.378.
En total, Fuentes estima un daño económico al Estado de Bs 174,2 millones, por los proyectos inexistentes, por los proyectos no vigentes, además de las obras denunciadas por la Contraloría. El monto puede ser superior.
Fuentes logró en estos seis meses iniciar 56 procesos penales donde se investigan a 90 personas que fueron beneficiarias de los proyectos.
Durante el plazo que concedió a los beneficiarios, el Fondo recuperó a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), Bs 17,3 millones.
Fuente: periódico "El Deber"
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