La Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera no garantiza que las empresas vayan a recuperar su inversión, aseguró hoy el ingeniero Hugo del Granado Cosío.
“La ley no garantiza nada a nadie, no garantiza que va a haber inversiones, no garantiza que van a subir las reservas, no garantiza que se va a incrementar la producción, no garantiza que las empresas que aporten van a recuperar su inversión. Es una ley de incentivos, sobre todo, para inversiones de riesgo”, aseguró el experto.
La versión del Gobierno
El miércoles, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, aseguró que la Ley de Incentivos – que ya está en poder de la Asamblea Legislativa- “no es sinónimo de recortes, sino que es sinónimo de ingresos”.
Sánchez explicó que por cada dólar que aporten las alcaldías, gobernaciones, universidades a este fondo podrán ganar hasta 8 veces más. Es decir, que por cada dólar de aporte recibirán un ingreso de 8 dólares en sus recursos económicos.
Para el ministro la mejor garantía para aplicar esta ley es el incremento de reservas gasíferas y campos de exportación que el país ha tenido en los últimos años.
Por ejemplo, aseguró que para el 2020 habrá un aumentó de 23 MM de mcd de gas. Además, que se prevé que hasta fines de este año se pueda tener 13 TCF (trillones de pies cúbicos) en reservas de gas natural.
Sánchez aseguró que “el éxito geológico histórico del país es del 33%”. Es decir, que de cada 10 exploraciones tres resultan exitosas.
Cuestionamientos
Al respecto, Del Granado aseguró que son proyecciones que no se encuentran estipuladas en la ley.
“No hay una seguridad en la ley de que las empresas que aporten van a recuperar sus inversiones. Además, la conformación de ese fondo de inversiones despierta dudas por las experiencias negativas que se tiene con estos fondos. Como por ejemplo, el Fondo Indígena”, explicó.
En opinión del experto, se debería tener una administración conjunta de este fondo y que no sea manejado únicamente por el Órgano Ejecutivo, “sino que también deberían manejarlas las entidades aportantes: las alcaldías, gobernaciones, universidades, etc”.
Del Granado afirmó que la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera es una ley de alto riesgo que fue aplicada como una “medida extraordinaria de emergencia ante una realidad adversa”.
“Se la hace en un momento que es complicado por la coyuntura mundial que se vive con la bajada de los precios de los hidrocarburos, que se ha traducido en un repliegue de todas las empresas petroleras del mundo en lo que se refiere a inversiones de riesgo”, aseguró.
En su opinión hay que ser “escépticos” y “no muy optimistas” respecto a los resultados que pueda tener esta normativa.
Pues, según explicó, las empresas están dedicando su atención a proyectos en los que ya tienen inversión y tiene un retorno rápido. “Están interesadas en liquidez inmediata. Todos los proyectos que tienen maduración de ciertos años están siendo postergados para cuando mejore la situación”, aseguró.
YPFB dice que el riesgo es menor
Al respecto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, asegura que se ha socializado la Ley de Promoción desde inicios de este año y que “las empresas operadoras han visto que el riesgo exploratorio en Bolivia en comparación con otras regiones es menor precisamente porque habrá una Ley de Promoción”.
“Tenemos reglas claras y porque las empresas lograrán un retorno, incluyendo en áreas no tradicionales. Por ejemplo, Repsol está haciendo una fuerte inversión en Bolivia y pretende hacer más inversiones, mediante un convenio de estudio en áreas no tradicionales en el norte de Bolivia. Esto muestra que la Ley de Promoción hace que las empresas vean a Bolivia como uno de los países más importantes y con menor riesgo para la explotación”.
Empero, el ministro Sánchez reconoció que la ley no tuvo una adecuada socialización den determinados sectores, principalmente con las universidades.
Luis Alberto Sánchez explicó que el aporte de las universidades a la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera es sólo del 0,8% del dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y no así del 12%.
Sánchez reconoció que no hubo un buen trabajo de socialización respecto a este tema, pues dentro del aporte del 12% que se había anunciado se toma en cuenta a las alcaldías, gobernaciones, municipios, universidades y el Fondo de Desarrollo Indígena.
Fuente: periódico "OxígenoDigital"
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