El asambleísta por la provincia Vallegrande de Santa Cruz, Alcides Vargas, denunció ayer una serie de “daños ambientales irreversibles” en un área protegida y avasallamiento a propiedades privadas por parte de la empresa española Eptisa Servicios de Ingeniería SRL, que se adjudicó en marzo del 2015 el diseño del proyecto hidroeléctrico Rositas.
Vargas dijo que se verificaron los hechos tras una inspección realizada el 14 de noviembre por una comisión, encabezada por el responsable del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Río Grande Valles Cruceños, Roberto Montaño, quien estuvo acompañado por funcionarios del municipio de Postervalle (provincia Vallegrande), un policía de ese municipio y el propietario de los predios avasallados.
El informe de esa inspección indica que Eptisa construyó caminos y brechas en el área protegida y además realizó una serie de excavaciones de aproximadamente 10 metro de largo por 15 de ancho y seis de profundidad, en las que, aparentemente, se realizan estudios de suelo. El asambleísta agregó que también se detectó la presencia de desechos tóxicos en distintos lugares.
Otra de las preocupaciones es que esta empresa habría realizado sus trabajos en predios privados, para lo cual destruyó alambrados, corrales y sembradíos de pasto donde se alimenta el ganado de los productores.
“No puede ser que en esta época, cuando se discute la crisis del agua, una empresa extranjera viole la Constitución Política del Estado (CPE) y atropelle a los bolivianos”, indicó Vargas.
Además, recordó que los comunarios que talan árboles en no más de media hectárea son sancionados y que esta empresa española derribó con orugas árboles de alto valor comercial como cuchi, tajibo y verdolago.
Por su parte, Montaño explicó que en la inspección se evidenció 11 excavaciones aunque algunas ya fueron rellenadas; sin embargo, él considera que existe el riesgo de que se conviertan en lugares pantanosos con una simple lluvia, lo cual también afectaría a los animales.
Asimismo, informó que uno de los comunarios afectados solicitó a Eptisa la reposición de los daños provocados, pero la empresa se negó con el argumento de no tener recursos económicos.
Los Tiempos trasladó esta denuncia a la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE) para conocer si tiene reportes de Eptisa respecto a los trabajos que realiza en las comunidades donde se pretende construir la hidroeléctrica Rositas, y qué se tiene previsto en cuanto a medidas para cuidar el medioambiente; pero un funcionario del área de comunicación dijo que la respuesta se conocería hoy.
PIDEN SOCIALIZACIÓN
El responsable del área protegida Río Grande, Roberto Montaño, informó que los comunarios no se oponen a la construcción de la hidroeléctrica, pero piden que ENDE y Eptisa les informen respecto al futuro que les espera puesto que, hasta el momento, en esa zona, no hubo avances en los trabajos de socialización.
El presidente de ENDE, a principios de noviembre, informó a este medio que la socialización se inició pero desde las comunidades correspondientes a los municipios de Abapó y Gutiérrez, y que más adelante se continuará con las comunidades de Vallegrande y Postervalle.
Fuente: Periódico "Los Tiempos"
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