Existe responsabilidad penal en 19 funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que habrían participado en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la adquisición de taladros para la estatal petrolera, según reveló el contralor general del Estado, Henry Ara.
La autoridad dijo que van a investigar a 19 funcionarios. “Se trata de gente que ha participado en el proceso de contratación, así como en la elaboración de los términos de referencia, de precios y tal vez alguna autoridad ejecutiva”, afirmó el contralor.
Adelantó que el lunes presentará una querella contra los 19 empleados de YPFB ante el Ministerio Público para que sean investigados por la autoridad competente.
Ara explicó que están enviando la documentación a la Fiscalía porque hay responsabilidad penal y que el fiscal pueda usar el informe de esa entidad y proseguir con la denuncia.
Sobre los delitos que se presumen, sin dar nombres, dijo que es incumplimiento de deberes y no quiso referirse a que si entre los 19 implicados estaría el expresidente de YPFB Guillermo Achá.
“Analizamos el tema de conducta antieconómica, pero por lo que los abogados establecen, creemos que no hubo daño económico porque no se hizo un pago", precisó Ara.
Observaciones
Un miembro del directorio de YPFB considera que es debatible el tema de si hubo o no daño económico. El director de Yacimientos, Víctor Hugo Áñez, dijo que las declaraciones de Ara reafirman las denuncias de serios indicios de irregularidades en el caso taladros.
“Lo único que hemos hecho desde el principio es marcar la directriz legal en procura de la transparencia en este caso, cuya denuncia la inició el senador Ortiz”, precisó Áñez.
Aclaró que el mensaje no es de tipo político. “Es un mensaje a la sociedad, al pueblo boliviano, de tratar de devolverle la confianza de las instituciones. Eso se puede lograr a través de la transparencia, de manejos claros, públicos, eficientes y no se puede quedar en la impunidad un acto que raya en lo delictivo”, señaló Áñez.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, sostuvo que va a ser importante ver a quiénes incluye el contralor en la querella que presentará ante el Ministerio Público y de qué delitos tendrían responsabilidad penal.
“Parece que solo quieren establecer incumplimiento de deberes; y eso, en mi opinión, es demasiado débil para la gravedad del caso”, declaró.
“Lo único que hemos hecho desde el principio es marcar la directriz legal en procura de la transparencia en este caso, cuya denuncia la inició el senador Ortiz”, precisó Áñez.
Aclaró que el mensaje no es de tipo político. “Es un mensaje a la sociedad, al pueblo boliviano, de tratar de devolverle la confianza de las instituciones. Eso se puede lograr a través de la transparencia, de manejos claros, públicos, eficientes y no se puede quedar en la impunidad un acto que raya en lo delictivo”, señaló Áñez.
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, sostuvo que va a ser importante ver a quiénes incluye el contralor en la querella que presentará ante el Ministerio Público y de qué delitos tendrían responsabilidad penal.
“Parece que solo quieren establecer incumplimiento de deberes; y eso, en mi opinión, es demasiado débil para la gravedad del caso”, declaró.
Sin embargo, añadió que tanta rapidez en la Contraloría para redactar su informe de supervisión da para desconfiar. Lo que más cuestionó es que cada vez disminuyen los delitos contra los presuntos autores.
“No quieren incluir el tema del sobreprecio de los taladros entre las acusaciones”.
En tanto que el asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, instó a la abogada Ana Luz Arce Zaconeta, hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, a presentarse ante la justicia para aclarar su supuesta participación en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para adquirir taladros para YPFB.
Recordemos que por este caso están detenidos preventivamente siete exfuncionarios de la estatal por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, y el expresidente Guillermo Achá guarda arresto domiciliario.
“No quieren incluir el tema del sobreprecio de los taladros entre las acusaciones”.
En tanto que el asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, instó a la abogada Ana Luz Arce Zaconeta, hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, a presentarse ante la justicia para aclarar su supuesta participación en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para adquirir taladros para YPFB.
Recordemos que por este caso están detenidos preventivamente siete exfuncionarios de la estatal por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, y el expresidente Guillermo Achá guarda arresto domiciliario.
Fuente: periódico "El Deber"
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