Desde septiembre de 2013, se ha puesto en carpeta un nuevo concepto: los pagos diferidos. El Gobierno trabaja en ‘incentivos’ para estimular a las transnacionales petroleras a dinamizar su portafolio de inversiones. Entre esos incentivos se encuentran el pago de entre $us 15 y $us 30 por barril de petróleo condensado (hidrocarburos líquidos), incentivos a las transnacionales que encuentren hidrocarburos en menor tiempo y lo que viene a ser el propósito de este artículo: Demora del pago de regalías petroleras e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las 9 gobernaciones y 339 alcaldías del país entre tres y cinco años para que las transnacionales utilicen esos recursos en ‘exploración hidrocarburífera’.
Fruto de los altos precios del gas por la exportación a Brasil y Argentina los cuales están indexados a la cotización internacional del barril de petróleo crudo y a la mayor participación del Estado en la renta petrolera, fuertemente influido por el IDH creado mediante la Ley No 3058 del 17 de mayo de 2005, es que los presupuestos de las nueve gobernaciones, 339 municipios y en menor medida de las 11 universidades públicas, han quedado prácticamente gasificados y muy dependientes de los recursos por la exportación gasífera a pesar de los recortes realizados por el Gobierno Central y por procesos de transferencias poco transparentes.
¿Reponer reservas?
El Gobierno ha señalado en más de una oportunidad que los ‘pagos diferidos’ obedecen a que se busca reponer las reservas hidrocarburíferas existentes, cuya reducción se ha acelerado en los últimos años, fruto de una mayor exportación al Brasil (33 MMm3/d), la Argentina (17 MMm3/d) y el mercado interno cuyo consumo bordea los 10 MMm3/d y que aumentarán con el paso del tiempo.
Para ello el no pago de regalías e IDH servirá para ‘incentivar’ a las transnacionales a que exploren. Si bien se ha señalado que esta política se aplicará a los pozos que se descubran en forma exitosa y que no afectará a los recursos que se perciben, no deja de generar desconfianza ante un Gobierno que se ha mostrado centralizador no solo de los recursos económicos sino también de recortar la democratización política que se impulsó desde Santa Cruz y concretamente, desde el
Comité pro Santa Cruz con la autoconvocatoria a elección de alcaldes y concejales en junio de 1984 y la amenaza de la autoconvocatoria de la elección de los prefectos y asambleístas departamentales el 28 de enero de 2005 en el denominado ‘Cabildo de la Verdad’, realizado a los pies del Cristo Redentor ante 500.000 almas bolivianas.
Se ha explicado que para ello se van a categorizar los campos gasíferos que se descubran en dos grupos: I) los campos mayores, que son los que produzcan más de 1 trillón de pies cúbicos (TCF) que pagarían regalías e IDH después de 5 años y II) los campos menores, que son los que producirán entre 0 y 1 TCF, los cuales comenzarán a pagar regalías e IDH después de 3 años.
¿Ofreciendo plata ajena?Si el Gobierno ofrece el IDH y regalías de los departamentos obtenidos con legítimo derecho y los cuales ya están comprometidos en planes de desarrollos quinquenales y decenales de muchos municipios y gobernaciones del país, o sea ofreciendo la plata ajena, entonces nos preguntamos:
¿Dónde está el éxito de la tan mentada nacionalización que ha llegado a retumbar hasta en el subconsciente de los ciudadanos bolivianos?¿Donde están los multimillonarios ingresos obtenidos gracias a la bonanza económica internacional? Seguramente algún neófito teórico dirá que está en el pago de los bonos.
Al cual le respondemos: el pago del bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el bono Juana Azurduy (éste se paga con las ganancias de las Reservas Internacionales Netas del BCB) apenas llegan al 1,6% del total del Presupuesto General del Estado. En resumen, todo el proceso llevado a cabo por el Gobierno ha sido exitoso, menos en lo más importante para un país, la ‘exploración’ que es la fuente de la explotación, producción, comercialización y distribución de hidrocarburos, o sea es la madre del cordero.
Ante este panorama, ya saben lo que les espera a los futuros alcaldes y gobernadores (no sabemos si se piensa incluir a las universidades públicas, puesto que hay que considerar la capacidad de movilización que tienen en caso de que sus recursos por IDH sean afectados), y lo que nos tocará juzgar será ¿Cuál es el papel de las autoridades electas que respondan a la línea del Gobierno?, ¿Se subordinarán ante los deseos del centralismo? o ¿se atreverán a defender los recursos de los ciudadanos que los colocaron en sus cargos, con sus votos, y a los que por un principio moral deberían responder?.
Fuente: periódico "El Deber" Santa Cruz-Bolivia 13/10/2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario