Sobre los lineamientos del acuerdo, el director nacional del INRA, Jorge Gómez, explicó que se trata de un proceso que establece un cronograma de trabajo técnico y operativo acelerado que beneficiará a 102 carpetas de agropecuarios que tienen trámites agrarios subsanables que obstaculizan el saneamiento y la titulación del predio.
A partir de la firma del contrato, según Gómez, el propósito es concluir el saneamiento y entregar el título de propiedad hasta diciembre de este año a los productores que se acogieron al convenio. Aclaró que el trabajo del gabinete será financiado en su totalidad por los productores, que deben pagar el 70% para encauzar el saneamiento y el resto abonarlo cuando culmine con la emisión del título de propiedad.
Los aportes van desde Bs 700 hasta Bs 14.000 de acuerdo al tipo de propiedad (pequeña, mediana o empresarial) y actividad, sea agrícola o ganadera. El convenio está abierto hasta el 20 de este mes, previo registro en las oficinas de la CAO, a todos aquellos productores que no iniciaron o tienen en curso el proceso de saneamiento.
Gómez dijo que recurrieron al aporte privado porque el INRA no cuenta con recursos propios para ejecutar este proceso. Agro aplaude la iniciativa
A juicio del presidente de la CAO, Julio Roda, el propósito del acuerdo es acelerar el proceso de saneamiento y la titulación para otorgar el derecho propietario y cristalizar la seguridad jurídica que tanto reclama el agro y que en teoría activará los instrumentos de gestión ante las instancias correspondientes planificar el desarrollo de la producción e inversiones de los diferentes sectores que conforman el aparato productivo local.
Roda dijo que, si bien este proceso supone un avance en la agenda productiva público-privada, queda por resolver la ampliación de dos a cinco años de la Función Económica Social (FES), el uso de transgénicos y la liberación plena de las exportaciones para aspirar a expandir la frontera agrícola y productiva.
En la misma línea, el titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Fernando Menacho, destacó la iniciativa estatal porque, en su criterio, garantiza la seguridad jurídica del predio y abre la chance al ganadero de acceder a créditos para potenciar la producción de carne vacuna.
Fuentes de otros sectores del aparato productivo cruceño creen que a partir de esta decisión del INRA tendrán una línea más expedita para acceder a transferencias provisionales de derecho de propiedad y cambios de nombres para acogerse al programa de regularización de desmontes ilegales.
Desde la CAO se informó de que en las próximas semanas prevén retomar la agenda con el Gobierno para acelerar las leyes y normas pendientes.
Fuente: periódico "El Deber"
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