Tras la visita del presidente Evo Morales a la localidad de Ñaurenda donde logró el respaldo de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG IG) al Decreto Supremo 2366, que autoriza la exploración en áreas protegidas; el debate sobre el tema se amplificó en Tarija y poco a poco las distintas autoridades empiezan a hacer conocer sus posturas.
Una de las coincidencias en casi todas las autoridades y sectores involucrados en el tema, es el pedido de socialización de la norma, en el afán de conocer los alcances de decreto. Sin embargo y pese a esto, se conoce que hay autoridades departamentales y regionales que están a favor y en contra de la norma nacional.
A consideración del secretario de Gobernación, Luis Alfaro, el decreto debe aplicarse y por ende se debe realizar la exploración y explotación en las reservas biológicas, siempre y cuando estén garantizadas las actividades de mitigación a los daños ambientales, así como también la compensación por parte del Gobierno.
“Todo los recursos naturales que existen en el territorio boliviano es de propiedad del Estado, el estado nacional es administrador y si dentro de la plaza principal existe un pozo petrolero, lo van a tener que abrir porque va beneficiar a todos”, dijo.
Similar postura emitió el sub gobernador de Padcaya, Rufino Choque, quien dijo que en el caso de la reserva biológica de Tariquía, existen comunidades y pueblos que demandan desarrollo, por lo que considera que la norma debe aplicarse sin afectar el medio ambiente.
“En Tariquía la gente solicita, exige, la ejecución de programas y proyectos por parte del Estado, o sea, la reserva llegó después que hubo gente, por lo tanto ese pueblo requiere el mismo tratamiento que otras provincias”, señaló.
Contrario a estas autoridades, las instituciones y sectores sociales rechazaron enfáticamente la norma; es el caso del Comité Cívico de Tarija que declaró a la misma como un atentado contra el medio ambiente.
“Creemos que esta aplicación del DS 2366 en zonas de reservas, va a ser fatal para nuestros ecosistemas, y por eso debemos ser cautelosos antes de tomar una postura sobre el tema y aquí debemos involúcranos todos”, dijo el cívico Julio Pizarro.
Similar postura emitió el representante legal de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Casildo Gudiño, quien manifestó que antes de tomar acciones de explotación y exploración de hidrocarburos en reservas, el Gobierno debe debatir “seriamente” los beneficios y perjuicios que puede ocasionar al medio ambiente la aplicación del decreto.
“Nosotros como sector campesino vamos exigir una socialización de la norma, además que trabajemos todos de manera coordinada, para ver en qué nos beneficia y en qué también no perjudica, por la madre naturaleza lo debemos cuidar entre todos”, agregó.
Instituciones y autoridades municipales de Padcaya y Entre Ríos, optaron por reunirse a nivel provincial, con la finalidad de ir trabajando una postura conjunta sobre el tema, para hacer frente al gobierno en caso de aplicarse la normativa.
Al respecto, en su última visita a Tarija, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que el Gobierno desarrolla una serie de encuentros con diversos sectores, antes de aplicar el decreto. Aseguró que los daños serán mínimos en las reservas, a comparación de las inversiones que se harán en programas y proyectos en las zonas donde se explote.
A consideración del secretario de Gobernación, Luis Alfaro, el decreto debe aplicarse y por ende se debe realizar la exploración y explotación en las reservas biológicas, siempre y cuando estén garantizadas las actividades de mitigación a los daños ambientales, así como también la compensación por parte del Gobierno.
“Todo los recursos naturales que existen en el territorio boliviano es de propiedad del Estado, el estado nacional es administrador y si dentro de la plaza principal existe un pozo petrolero, lo van a tener que abrir porque va beneficiar a todos”, dijo.
Similar postura emitió el sub gobernador de Padcaya, Rufino Choque, quien dijo que en el caso de la reserva biológica de Tariquía, existen comunidades y pueblos que demandan desarrollo, por lo que considera que la norma debe aplicarse sin afectar el medio ambiente.
“En Tariquía la gente solicita, exige, la ejecución de programas y proyectos por parte del Estado, o sea, la reserva llegó después que hubo gente, por lo tanto ese pueblo requiere el mismo tratamiento que otras provincias”, señaló.
Contrario a estas autoridades, las instituciones y sectores sociales rechazaron enfáticamente la norma; es el caso del Comité Cívico de Tarija que declaró a la misma como un atentado contra el medio ambiente.
“Creemos que esta aplicación del DS 2366 en zonas de reservas, va a ser fatal para nuestros ecosistemas, y por eso debemos ser cautelosos antes de tomar una postura sobre el tema y aquí debemos involúcranos todos”, dijo el cívico Julio Pizarro.
Similar postura emitió el representante legal de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Casildo Gudiño, quien manifestó que antes de tomar acciones de explotación y exploración de hidrocarburos en reservas, el Gobierno debe debatir “seriamente” los beneficios y perjuicios que puede ocasionar al medio ambiente la aplicación del decreto.
“Nosotros como sector campesino vamos exigir una socialización de la norma, además que trabajemos todos de manera coordinada, para ver en qué nos beneficia y en qué también no perjudica, por la madre naturaleza lo debemos cuidar entre todos”, agregó.
Instituciones y autoridades municipales de Padcaya y Entre Ríos, optaron por reunirse a nivel provincial, con la finalidad de ir trabajando una postura conjunta sobre el tema, para hacer frente al gobierno en caso de aplicarse la normativa.
Al respecto, en su última visita a Tarija, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que el Gobierno desarrolla una serie de encuentros con diversos sectores, antes de aplicar el decreto. Aseguró que los daños serán mínimos en las reservas, a comparación de las inversiones que se harán en programas y proyectos en las zonas donde se explote.
Instituciones cívicas debaten el tema con las provincias
El Comité Cívico junto a las instituciones de Tarija y las provincias, se reunirán este próximo martes 4 de agosto en la ciudad capital para tomar una postura conjunta sobre el DS 2366, además de trabajar un plan de mitigación y compensación de daños a la zonas afectadas, en caso de continuar la postura del Gobierno de intervenir zonas protegidas. En la reunión se espera la presencia de comités cívicos provinciales, además de instituciones vinculadas al medio ambiente.
Fuente: periódico "El País-Tarija"
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