Una administración deficiente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la caída del precio del estaño fueron los principales factores que incidieron para que la nacionalización minera de 1952 no alcanzara su objetivo: consolidar el desarrollo económico del país.
Tras la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, el presidente Víctor Paz Estenssoro (1907-2001) firmó el 31 de octubre de ese mismo año, en los campos de María Barzola en Catavi (Potosí), el decreto-ley que viabilizó la expropiación de tres grandes empresas, es decir, las compañías de Patiño, Hochschild y Aramayo, los denominados barones del estaño.
La medida fue asumida, explica el historiador Luis Oporto, con la finalidad de apuntalar el progreso de la nación. Los trabajadores del subsuelo, según el exministro de Minería Dionisio Garzón vieron en la minería una importante fuente de ingresos, pues las guerras mundiales habían incentivado una actividad que generaba ganancias, pero que dejaba pocos réditos para Bolivia porque estaba en manos de privados.
Con la confiscación de esas empresas, señala Oporto, por primera vez desde 1925, Bolivia había alcanzado la independencia económica, pero ésta no estuvo acompañada de la emancipación política, que pronto fue controlada por Estados Unidos.
Con la medida en marcha, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), creada el 2 de octubre de 1952, había recibido atribuciones para hacerse cargo de tareas de exploración, producción y comercialización. Pero a la par, manifiesta Oporto, los mineros, que fueron la base de la medida estatizadora, a través de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (creada en 1944), habían impuesto al Gobierno revolucionario un control obrero en la administración de las minas. Esa disposición, asegura, asombró al mundo porque en ningún país el Estado y los trabajadores compartían la dirección de un sector estratégico de la economía. Garzón complementa que ese modelo de conducción no fue positivo porque “creció la burocracia y bajó la productividad y eso minó las operaciones y la crisis (económica) aumentó”.
A ello se suma, según el historiador, que si bien Comibol recibió atribuciones para operar en toda la cadena de producción, pronto esas tareas le fueron reducidas, puesto que se crearon entidades descentralizadas. Y esa acción fue asumida para ahogar a esa empresa, que había sido contaminada por la injerencia política.
Pero los ingresos que generaba la empresa estatal, asegura Garzón, solo servían para cubrir las “incansables solicitudes de mayores beneficios sociales” de los mineros, lo que afectaba sus arcas y limitaba sus inversiones. “Las operaciones estaban cada vez con menores leyes, los ingenios metalúrgicos eran viejos y se debían hacer inversiones, para lo que se necesitaba un importante capital”.
Oporto afirma que durante ese periodo, la estatal minera simplemente se desangró, ya que no solo tenía que sostener una ingente cantidad de trabajadores, sino debía destinar recursos para obras de infraestructura vial. Así, por ejemplo, financió el avance hacia Santa Cruz. Pero también respaldó el fortalecimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa a la que compró hidrocarburos a precios del mercado externo.
Pero no solo esos factores contribuyeron a la debacle de la actividad minera. De acuerdo con Oporto, Estados Unidos asumió acciones “perversas” para impedir el avance del proyecto de revolución y apagar el foco de insurrección comunista. En ese fin, el primer golpe para el país fue que se fijó una indemnización de más de $us 160.000 millones por la nacionalización minera. A ello se sumó que producto de la oferta de sus reservas de estaño, el país del norte provocó una caída de los precios de ese mineral en el mercado externo.
En 1952, la libra fina de ese mineral se cotizaba en $us 1,17, pero cayó a $us 0,89 en 1954. El texto Historia de Bolivia de Carlos Mesa dice que la producción bajó de 26.000 toneladas año (1952) a 22.400 (1956).
Así transcurrieron más de 30 años de una administración deficiente y un control obrero que cada vez exigía mayores beneficios sociales, según Garzón, hasta que se llegó al fin de la nacionalización en 1985, con la relocalización minera. Comibol se volvió administradora de contratos.
Detalles del proceso en los años 50
Bases
La base minera consideró como un objetivo estratégico el control de las minas, pues a partir de ello se iba a dar un desarrollo integral del país.
Limitación
Si bien la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) se hizo cargo de la producción, las empresas transnacionales a las que se había echado del país tenían el control de las comercializadoras y las fundidoras en el exterior.
Inversión
La empresa estatal no pudo realizar inversión y enfrentó problemas de operación porque las leyes del mineral (pureza) eran menores.
Medida
Estados Unidos comercializó el estaño que Bolivia le había vendido a mitad de precio, como “aliado estratégico”, en la II Guerra Mundial.
Fuente: periódico "La Razón"
No hay comentarios:
Publicar un comentario