El Presupuesto General del Estado (PGE) garantiza para 2015 el pago y continuidad de los bonos sociales, en el marco de la política de redistribución de los ingresos a los sectores más vulnerables. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, dijo a la red Patria Nueva que este hecho continuará mejorando el consumo interno, es decir la capacidad de compra de los bolivianos, que, a su vez, incide en una mayor demanda de servicios como agua, luz, electricidad, comunicaciones, supermercados, mercados, restaurantes, entre otros.
“Los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy están garantizados para la gestión 2015 en el presupuesto, lo que quiere decir que seguiremos profundizando la redistribución de los recursos entre los bolivianos”, subrayó el ministro Arce Catacora.
Para el Bono Juancito Pinto, orientado a evitar la deserción escolar, el PGE 2015 presupuestó Bs 2.320.553; para la Renta Dignidad, dirigida a las personas mayores de 60 años, Bs 3.005 millones; mientras que para el Juana Azurduy, que beneficia a la madre y su niño, Bs 187 millones.
El Ministro indicó que el pago de estos bonos tiene un efecto multiplicador en la economía boliviana.
“Si un niño que recibe su Juancito Pinto se compra un helado, alguien produce el helado que genera utilidades a quien los produce, ese producto necesita azúcar, saborizantes, los palitos que sostienen el helado, (insumos) que es producido por alguien, eso es el efecto multiplicador”, explicó la autoridad económica.
crecimiento e inversión
Puntualizó que Bolivia continuará en la senda del crecimiento porque para la siguiente gestión se programó una histórica inversión pública de $us 6.179 millones que incrementarán aún más la producción en el país.
En 2013 la inversión fue $us 3.781 millones y para 2014 $us 4.519 millones.
“Seguiremos construyendo puentes, carreteras, hospitales”, sostuvo.
En este marco, Arce Catacora remarcó que la economía nacional continuará en crecimiento pese a un contexto internacional adverso.
Agregó que este fenómeno se debe fundamentalmente al nuevo modelo económico que el Gobierno aplica desde 2006.
Fuente: periódico "Cambio"
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