Los guaraníes creen que estos decretos violan la Constitución Política del Estado porque alientan la explotación petrolera en sus territorios. Otra facción de los guaraníes, que se autodenomina APG Itika Guasu (APG-IG), y que es simpatizante del gobierno, recibió al presidente Evo Morales la semana pasada en Ñaurenda, Tarija, y dijo que respalda los tres decretos.
El Presidente dijo que ellos "serán compensados" por la actividad petrolera y que debe "acelerarse" el proceso de consulta previo. La APG no ha establecido cuándo se presentará la Acción Popular destinada a demandar la anulación de los decretos mencionados.
La CPE establece que "La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución".
El pasado 1 de julio, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena presentó ante el TCP un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2195 de compensación a indígenas por los impactos ambientales de la explotación minera e hidrocarburífera con el argumento de que viola el derecho a la libre determinación.
La asamblea de Macharetí contó con representantes de 25 capitanes zonales guaraníes de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz y, además de pedir la Acción Popular, rechazaron el acuerdo firmado en Ñaurenda por la APG proclive al MAS. En Macharetí los guaraníes recordaron todos los artículos de la CPE y normas de las NNUU que tienen fuerza de ley en el país, que defienden su derecho "a la autonomía, autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales".
Fuente: periódico "Página Siete"
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