Tres de los nueve departamentos del país - según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)- concentran el 87% de la superficie de tierras fiscales disponibles (4,4 millones de hectáreas) que quedan por distribuir para asentamientos humanos. Santa Cruz lidera con 1,6 millones de hectáreas (36%), seguida de La Paz con 1,2 millones (27%), y Beni con más de un millón (24,2%).
La institución refleja que hasta octubre de este año se identificaron 24 millones de hectáreas de tierras fiscales, de las cuales 17,4 millones de hectáreas fueron catalogadas como no disponibles al tratarse de reservas y concesiones forestales, parques nacionales, áreas protegidas o para proyectos estratégicos.
De las 6,5 millones de hectáreas identificadas como disponibles, dos millones ya fueron distribuidas; 41.708 hectáreas fueron entregadas en usufructo (en su mayoría para cuarteles, Umopar y algunas instituciones), quedando 4,4 millones pendientes para dotación.
Comunidades beneficiadasSegún la Ley 1715 solo se otorgan tierras fiscales de manera gratuita a “comunidades campesinas, pueblos o comunidades indígenas y originarias, representadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos campesinos”.
Jorge Gómez, director nacional del INRA, dio a conocer que en los últimos ocho años se benefició a 551 comunidades integradas por 21.111 familias, a diferencia de las gestiones entre 1996 a 2005, cuando solo se dotaron 36.834 hectáreas, beneficiando a 10 comunidades con 563 familias.
En Santa Cruz, César Córdova, director distrital del INRA, sostuvo que con las 764.000 hectáreas dotadas se ha beneficiado a 11.529 familias pertenecientes a 253 comunidades.
Córdova indicó que en las provincias Chiquitos y Velasco es donde se han identificado más tierras fiscales, sobre todo en San Rafael y San José de Chiquitos. En Velasco se están entregando unas 200.000 hectáreas de tierra destinadas para el beneficio de campesinos, interculturales e indígenas. Asegura que existen otras zonas con tierras fiscales, pero por problemas de accesibilidad no han podido avanzar los asentamientos.
En Pando son 4.591 familias beneficiadas de 157 comunidades; en Beni son 80 las comunidades favorecidas con 3.023; mientras que en La Paz se dotó con tierras a 1.918 pertenecientes a 55 comunidades.
Tierras para producciónSegún el uso de suelo y el PLUS de la zona, las tierras son utilizadas para producción o solo para viviendas. En el caso de Santa Cruz, según Córdova, las tierras que se están entregando son para la agropecuaria extensiva, es decir, para la agricultura o la ganadería. La autoridad legal para hacer cumplir la actividad en esas áreas es la ABT.
Por norma, una comunidad no puede tener más de 50 hectáreas, que es el límite de la pequeña propiedad agrícola. Las tierras fiscales son intransferibles, indivisibles e inembargables. Según el INRA hay casos de personas que fueron beneficiadas y fueron encontradas comercializando la tierra y aunque no se han dado situaciones de reversión, ya se tienen identificados los casos para realizar el proceso.
ObstáculosGómez recalcó que aunque la dotación de estas tierras no tiene un plazo máximo establecido, es política del Estado hacerla en el menor tiempo posible, a fin de que aporte a la producción de alimentos.
El director nacional del INRA explicó que las principales dificultades que se tiene en la dotación de tierras es la identificación de las personas que envían su solicitud, a fin de evitar el tráfico de los predios. Otro problema es la resistencia de las autoridades de algunos municipios, que se oponen a la distribución.
Este programa se desarrolla con aportes del Tesoro General del Estado (TGE) y con recursos propios del INRA; por año se destina cerca de un millón de bolivianos, monto que, según Gómez, es muy bajo, por esto se está buscando un mayor financiamiento.
Fuente: periódico "El Deber"
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