Datos sobre el precio a cobrar, profundidad de la excavación en los yacimientos, extensión del área de explotación y exigencia de contar con proyectos amigables con el medio ambiente son algunos de los parámetros comunes que toman en cuenta siete alcaldías del departamento para frenar la explotación descontrolada de agregados que, en muchas ocasiones, desvía el cauce regular de los ríos.
La Ley 3425 de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados establece competencias municipales respecto a la administración, regulación y manejo. En ese marco, Punata es uno de los siete municipios más avanzados, ya que cuenta con una Ley Municipal de Explotación de Agregados y, actualmente, se socializa la reglamentación con los sectores involucrados.
Según su alcalde, José Antonio Gonzales, la reglamentación establece el pago de una patente de 3 mil bolivianos para la emisión del permiso de explotación, siempre y cuando la excavación en el yacimiento no supere una profundidad de 2 metros. La superficie a explotar será definida por estudios ambientales.
En tanto, en el municipio de Sipe Sipe, la situación es un tanto más compleja porque la cuenca de explotación Tapacarí involucra a los municipios de Tapacarí, Capinota y Sipe Sipe, que se disputan la explotación. El secretario municipal técnico de ese municipio, Crispín Ureña, señaló que por esa razón no se puede trabajar en una norma municipal y es por eso que el pasado miércoles solicitaron que la Gobernación elabore una norma departamental.
Ureña informó que la explotación poco racional de agregados causó perjuicios en la comunidad de Parotani, importante productora de hortalizas, porque el cauce del agua para riego disminuyó debido al estancamiento de aguas.
Mientras se consolida la normativa por parte de la Gobernación, la Alcaldía de Sipe Sipe determinó declarar cauce ecológico al río Tapacarí hasta después de la temporada de lluvias. Ureña explicó que, según la Ley 3425, la declaratoria de cauce ecológico no permite la explotación de agregados en los ríos por el lapso que el municipio lo disponga.
También hay avances en el trópico. En las alcaldías de Villa Tunarí, Chimoré, Shinahota, Puerto Villarroel y Entre Ríos se trabaja en la elaboración de leyes municipales para reglamentar la explotación de agregados.
Las normativas, coincidiendo con otras leyes municipales, deben reglamentar hasta qué profundidad se puede hacer la explotación, qué estudios previos son necesarios, el monto para el pago de patentes y otros aspectos necesarios para la otorgación de permisos de explotación de agregados, señaló el presidente de la Mancomunidad del Trópico, Asterio Romero.
Indicó que en el caso del trópico, los distritos 11 y 4 no cuentan con recursos explotables en sus ríos porque abunda la lama, mientras que en los ríos Espíritu Santo, San Mateo, Chapare y 24 de Septiembre sí hay yacimientos explotables y se precisa regular la actividad.
Según el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, las zonas del valle alto, trópico y el valle bajo son las principales comercializadoras de agregados porque están cerca de la ciudad. Aunque hay otras regiones del departamento con potencial, pero las distancias son muy largas.
Prohibición en municipio de Santiváñez
Por temor a un desastre ambiental debido a la sobreexplotación de agregados, la Alcaldía de Santiváñez prohíbe esa actividad desde septiembre pasado.
Según información oficial, la determinación fue tomada en una reunión con autoridades sindicales, sociales y cívicas del municipio.
En una sesión extraordinaria con presencia de instituciones representativas del municipio, el Concejo Municipal informó que elabora una reglamentación que permita una explotación racional de agregados.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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