Las medidas anunciadas por el Gobierno para reactivar las inversiones en el sector petrolero son necesarias, pero insuficientes, pero el paso más importante que las empresas petroleras necesitan para revertir la tendencia de los últimos años es la modificación de la Ley de Hidrocarburos y su cuerpo normativo complementario, opinaron dos analistas. Aquellas modificaciones son importantes, más aún si el Ejecutivo no logra elevar los precios de los carburantes en el país, complementaron.
El decreto del “gasolinazo” aprobado el 26 de diciembre y anulado seis días después puso en evidencia la cada vez limitada capacidad petrolífera boliviana. El presidente de la estatal YFPB, Carlos Villegas, dijo que la producción petrolera boliviana ingresó en una etapa declinatoria y ha reconocido que el precio del barril de petróleo vigente en Bolivia es inferior a los costos de producción, razón por la cual, las inversiones en la exploración se han detenido.
“Para incentivar la inversión se necesita primero una nueva Ley de Hidrocarburos que viabilice la exploración en términos tributarios y de reglas claras que incluya nuevos términos fiscales si la elevación del precio en el mercado interno no es factible”, opinó Álvaro Ríos, Socio Director de Gas Energy Latin América.
La Ley de Hidrocarburos fue promulgada en mayo del año 2005, pero a ésta se complementaron una serie de medidas, como el decreto de nacionalización del año 2006 y la modificación de contratos para una nueva estructura tributaria, ambas medidas en el gobierno del presidente Morales.
REGLAS
En este sentido, Bernardo Prado, analista y editor de HidrocarburosBolivia.com, sugiere una reestructuración de las reglas de juego, que van a permitir una producción bien remunerada, lo que significa aumentar por barril producido, un nuevo marco legal, y un mejor trato impositivo.
“El mejor incentivo que puede tener una empresa petrolera para invertir en cualquier país es una producción bien remunerada, un régimen impositivo adecuado, un marco legal sólido y claro está, un informe detallado de las reservas hidrocarburíferas probadas, probables y posibles que le permita evaluar el potencial hidrocarburífero del país, donde desea invertir”, afirmó el experto.
Además, añadió que las petroleras esperan modificaciones en lo que se refiere los subsidios, la consulta indígena, el tema medioambiental y la reinversión de utilidades establecida en el Artículo 351 de la Constitución Política del Estado, que desde su perspectiva son los que mayor debate merecen.
El parágrafo II del Artículo 351 dice lo siguiente: “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”.
Prado, recordó que la idea de encontrar un equilibrio entre las relaciones del Estado y el sector petrolero no es reciente, por el contrario, es una aspiración del sector privado petrolero.
Ya en 2009, representantes de las compañías y el Gobierno entablaron una serie de negociaciones sobre aspectos ligados a la actividad. Precisó que la idea de ese acercamiento era definir la Nueva Política Hidrocarburífera de Bolivia.
“Lastimosamente, los resultados de esa mesa de diálogo nunca se llegaron a implementar, fue un saludo a la bandera que podría haber arrojado interesantes y útiles conclusiones para el futuro del sector petrolero”, apunta el experto.
En la misma línea, Ríos es más preciso en el tema de las negociaciones, porque sugiere la modificación de los contratos de explotación y exploración acordados entre el Gobierno y las petroleras tras la nacionalización.
Añade que la propuesta de conformar sociedades mixtas es insuficiente, ya que desde su óptica “se precisan contratos más flexibles que permitan la participación de YPFB, sin que se deje de perder la propiedad de hidrocarburos en boca de pozo”, recomendó.
Desde el lanzamiento del proceso de nacionalización, la estatal YPFB suscribió un contrato de riesgo compartido con la española REPSOL, lo que permitió la conformación de la empresa YPFB Andina; precisamente, ésta es la que impulsa el proyecto de exploración más difundido en las últimas semanas, la perforación del pozo Sararenda, en Camiri, Santa Cruz.
Consultado si sabe las nuevas condiciones que estarían negociando tanto las petroleras y el Gobierno, el ex Ministro de Hidrocarburos manifestó que desconoce esa agenda.
Pero opinó que actualmente el Órgano Ejecutivo y las transnacionales, dan señales de que están trabajando en la reestructuración de toda la cadena petrolera, lo que significa exploración, explotación, producción, transporte, refinación, comercialización, distribución e industrialización.
“No sé qué están negociando. Me imagino que hay discusiones respecto a cómo debe reestructurarse el sector para fomentar la exploración y toda la cadena”, apuntó.
Nivelación de precios en carburantes
El analista Prado explicó que la idea de nivelar los precios en la economía del país es muy importante, ya que Bolivia dejaría de ser una isla de precios bajos, en un océano de precios altos.
En este sentido, se vendería al público carburantes a precios sin subvención para desincentivar el contrabando de los mismos a países fronterizos.
“A mayores precios de venta, mayores ingresos, con esos mayores ingresos se podría crear, por ejemplo, un fondo que permita pagar más a las petroleras por cada barril de petróleo producido en Bolivia, este es un primer paso, aunque no el único, para incentivar las inversiones en la exploración y explotación del petróleo en Bolivia”, sugiere Prado.
Añade que con más petróleo las refinerías producirían más carburantes (gasolina, diésel, GLP, etc.)
“Más carburantes producidos localmente significan menos importaciones para satisfacer la demanda interna y lo poco que se importa ya no está subvencionado. Los hechos nos acaban de demostrar que aplicar este modelo en una sociedad acostumbrada a la subvención puede tener resultados impredecibles”.
Por otro lado, el experto menciona que actualmente el Gobierno central, se encuentra ante el reto de encontrar la manera más correcta para incentivar las inversiones petroleras calculando y minimizando “el efecto social de la medida que vayan a adoptar para salir del estancamiento en las inversiones petroleras que afecta al país desde hace varios años. De continuarse con el modelo de la subvención, ésta se incrementará año tras año hasta hacerse verdaderamente insostenible para las arcas del Estado”. (elsistema.info).
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 10/01/2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario