Las grandes obras que se ejecutan en el país llevan la firma de las empresas extranjeras. En los últimos dos años, las constructoras internacionales se llevaron alrededor de 4.000 millones de dólares en las grandes infraestructuras que se están construyendo en el país, según los datos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
Los últimos casos ilustrativos son los proyectos del tren eléctrico de Cochabamba, cuyo costo es de 537 millones de dólares y está a cargo de la empresa constructora española JOCA, y la carretera de Rurrenabaque en el Beni, cuyo costo supera los 600 millones de dólares y será realizada por una empresa China.
En Tarija, el ejemplo más reciente es la construcción del tramo Entre Ríos - Palos Blancos, correspondiente a la ruta que une la capital del departamento de Tarija con la provincia Gran Chaco. De esta construcción se está haciendo cargo la empresa española Ceinsa a cambio de 80,4 millones de dólares.
Es por todo esto que desde la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y desde la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) están proponiendo una serie de medidas al Gobierno para tratar de incentivar a las empresas constructoras bolivianas, que ven como no pueden competir con las extranjeras para hacerse cargo de las grandes infraestructuras. (Consulta el documento haciendo click aquí)
La SIB ha enviado unas cartas a los ministros de Economía y de Obras Públicas con una serie de medidas para “nacionalizar las compras estatales, movilizar el ahorro interno y acelerar la ejecución de obras públicas”.
Entre los aspectos analizados, señalan que la metodología de calificación de la experiencia previa, limitando su consideración a sólo cinco o diez años de experiencia anterior, y el tipo de garantías exigidas a los empresarios interesados, materializa las ventajas a los extranjeros. Según explican, se exige a empresas bolivianas demostrar la ejecución de obras o provisión de bienes y servicios por montos que sean igual o dos, o tres veces mayor al monto estimado de la obra licitada y, a la vez, exige que esta experiencia previa sea demostrada en cinco o diez años anteriores.
Asimismo, aseguran que las entidades financieras bolivianas no facilitan el acceso a créditos a las empresas nacionales, mientras que en el exterior, las empresas internacionales tienen muchas más facilidades para conseguir los montos para ejecutar los proyectos.
“A modo de ejemplo, una carretera de 100 millones de dólares de precio referencial, exige al contratista adjudicado la presentación de garantías por al menos 27 millones de dólares. Un solo banco o una compañía aseguradora no podrán emitir ese volumen de dinero en garantías por limitaciones patrimoniales vinculadas a las normativas (normas ASFI para el sistema financiero)”, cuestionan desde la SIB.
Para frenar esta situación, los ingenieros plantean que se revisen los modelos de contrato para evitar convertir a los contratistas en financiadores y además, facilitar la resolución de problemas técnicos durante la ejecución de la obras.
Asimismo, proponen que el plazo del pago de las planillas se reduzca a 30 días ya que en la actualidad está entre 60 y 90 días, lo que resta liquidez a la empresa contratista.
Asimismo, proponen que el plazo del pago de las planillas se reduzca a 30 días ya que en la actualidad está entre 60 y 90 días, lo que resta liquidez a la empresa contratista.
Otro de los aspectos que mejoraría la situación, según la SIB, sería dar al supervisor de la obra la potestad de ordenar cambios cuya ejecución sea inmediata, para aligerar el tiempo de ejecución. A esto habría que sumar la devolución de garantías sin demoras ni condicionamientos, puesto que, en el actual sistema,pese haber cumplido el contratista el objeto del contrato, continúa con el pago de comisiones bancarias y a la inmovilización del patrimonio hipotecado.
Propuesta CABOCO
Desde la Caboco proponen como una medida de reactivación del sector, que en la normativa se incluya “un candado”en el que se obligue a la participación de los proyectos a las empresas bolivianas en un mínimo del 30 por ciento.
Desde la Caboco proponen como una medida de reactivación del sector, que en la normativa se incluya “un candado”en el que se obligue a la participación de los proyectos a las empresas bolivianas en un mínimo del 30 por ciento.
“Ya que hay proyectos de gran envergadura a la cual no pueden acceder las empresas porque no les permiten las garantías y el sistema financiero. Que por lo menos exista dentro de la normativa un candado para que las empresas extranjeras trabajen con las bolivianas con una participación mínima del socio boliviano del 30 por ciento”, indica Julio Alemán, presidente de la Cámara de Construcción de Tarija (Cadeco Tarija).
Fuente: periódico "El País-Tarija"
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