La Procuraduría General del Estado objetó ayer el fallo a favor de la empresa chilena Química del Bórax (Quiborax) y apeló la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La pasada semana, ese tribunal internacional dispuso que el Estado boliviano cancele 48,6 millones de dólares a la empresa Quiborax del empresario Alan Fosk como compensación a la reversión de sus concesiones en el Salar de Uyuni en 2004.
"Se evidenció que el mismo carece de una fundamentación correcta y sustentable para el resultado al que arriba y, lo más importante, se evidenció durante toda la tramitación de este proceso una serie de extralimitaciones en las facultades del tribunal. Situaciones gravísimas que obviamente permiten a las partes, cuando son víctimas de este trato por parte del tribunal, solicitar la nulidad de laudo arbitral”, afirmó ayer el procurador Héctor Arce.
Según la autoridad, el pedido de anulación se interpuso de acuerdo con el artículo 52 del convenio del CIADI.
El documento fue presentado ayer en la mañana por una delegación encabezada por el subprocurador de Defensa Legal, Pablo Menacho, luego de realizar un análisis de la resolución.
"Esta solicitud denuncia las violaciones que ha sufrido Bolivia por parte de este tribunal que ordena el pago que no corresponde, desde nuestro punto de vista, de aproximadamente 48 millones de dólares. Además contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia”, enfatizó.
Explicó que, de acuerdo con el procedimiento de este centro internacional, lo que corresponde ahora es la formación ad hoc de un nuevo tribunal para que conozca la petición boliviana. Después de los trámites, el proceso puede durar varios años.
Arce aseguró que el país es respetuoso de los acuerdos internacionales enmarcados en el Estado de Derecho y la institucionalidad, debido a lo cual se llegó a una decena de arreglos con empresas extranjeras tras el proceso de nacionalización.
Además, puso en contexto que la demanda de Quiborax no fue en respuesta a alguna determinación del actual Gobierno.
Los antecedentes
Durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, se revirtieron las concesiones que tenía Quiborax junto a Non Metallic en el Salar de Uyuni, por lo que la compañía inició un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano en el CIADI.
Quiborax contaba con yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metallic Minerals, una empresa boliviana de la cual Fosk era dueño en un 51%.
Esta sociedad contaba con depósitos de bórax, un elemento estratégico en el área agropecuaria, industrial y en el rubro de los fertilizantes, desde 2001, cuando compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur.
Según la autoridad, el pedido de anulación se interpuso de acuerdo con el artículo 52 del convenio del CIADI.
El documento fue presentado ayer en la mañana por una delegación encabezada por el subprocurador de Defensa Legal, Pablo Menacho, luego de realizar un análisis de la resolución.
"Esta solicitud denuncia las violaciones que ha sufrido Bolivia por parte de este tribunal que ordena el pago que no corresponde, desde nuestro punto de vista, de aproximadamente 48 millones de dólares. Además contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia”, enfatizó.
Explicó que, de acuerdo con el procedimiento de este centro internacional, lo que corresponde ahora es la formación ad hoc de un nuevo tribunal para que conozca la petición boliviana. Después de los trámites, el proceso puede durar varios años.
Arce aseguró que el país es respetuoso de los acuerdos internacionales enmarcados en el Estado de Derecho y la institucionalidad, debido a lo cual se llegó a una decena de arreglos con empresas extranjeras tras el proceso de nacionalización.
Además, puso en contexto que la demanda de Quiborax no fue en respuesta a alguna determinación del actual Gobierno.
Los antecedentes
Durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, se revirtieron las concesiones que tenía Quiborax junto a Non Metallic en el Salar de Uyuni, por lo que la compañía inició un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano en el CIADI.
Quiborax contaba con yacimientos en el Salar de Uyuni, a través de Non Metallic Minerals, una empresa boliviana de la cual Fosk era dueño en un 51%.
Esta sociedad contaba con depósitos de bórax, un elemento estratégico en el área agropecuaria, industrial y en el rubro de los fertilizantes, desde 2001, cuando compró las siete minas ricas en bórax a Río Grande del Sur.
Ante la imposibilidad de alcanzar un arreglo por la reversión de las concesiones, Quiborax demandó en 2006 al Estado boliviano por 66 millones de dólares ante el CIADI para compensar las inversiones realizadas y los perjuicios.
La resolución
Fallo Según el fallo de la CIADI, el Estado boliviano "violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración a través de medidas discriminatorias”.
Presión El abogado de la empresa Quiborax, Andrés Jana, dijo que el Gobierno boliviano "manipuló y presionó a su propio Poder Judicial”. El CIADI emitió el miércoles 16 de septiembre un fallo de 227 páginas en favor de Quiborax.
Defensa Según, el periódico La Tercera, Jana dijo que Bolivia incurrió en "actos ilegales con el único motivo de entorpecer el normal desarrollo del arbitraje internacional y evitar su responsabilidad internacional por la expropiación ilícita hacia un inversionista chileno”.
Fallo Según el fallo de la CIADI, el Estado boliviano "violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración a través de medidas discriminatorias”.
Presión El abogado de la empresa Quiborax, Andrés Jana, dijo que el Gobierno boliviano "manipuló y presionó a su propio Poder Judicial”. El CIADI emitió el miércoles 16 de septiembre un fallo de 227 páginas en favor de Quiborax.
Defensa Según, el periódico La Tercera, Jana dijo que Bolivia incurrió en "actos ilegales con el único motivo de entorpecer el normal desarrollo del arbitraje internacional y evitar su responsabilidad internacional por la expropiación ilícita hacia un inversionista chileno”.
El Estado tiene siete arbitrajes con empresas extranjeras
En la actualidad, el país tiene siete procesos de arbitraje con empresas extranjeras, informó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce.
"En total hay siete procesos, de los cuales dos están en la vía de defensa. Uno es justamente con Quiborax, el otro es con South American Silver, por la reversión de la mina Mallku Khota”, dijo.
Hay otros dos procesos que están paralizados, es el caso de Air BP, por la nacionalización de su paquete accionarios en mayo de 2009, y con la empresa Glencore, firma con la que se lleva adelante la negociación.
Adicionalmente, hay otros tres procesos que espera sean concluidos este año y con acuerdos beneficiosos para el país.
"La lógica siempre es la misma, cuando se procede a una nacionalización, fruto de ello se ordena una evaluación y si la empresa está de acuerdo sobre lo que ofrecemos, finalmente el tema es cerrado”, mencionó.
Además hay negociaciones abiertas con la empresa Iberdrola, por la nacionalización de las distribuidoras de electricidad; está la Jindal, firma india con la que se dio un principio de acuerdo y la empresa Abertis, por la reversión de SABSA.
La pasada semana Arce resaltó que todo está controlado y que ninguna demandas conlleva preocupación.
En la actualidad, el país tiene siete procesos de arbitraje con empresas extranjeras, informó ayer el procurador general del Estado, Héctor Arce.
"En total hay siete procesos, de los cuales dos están en la vía de defensa. Uno es justamente con Quiborax, el otro es con South American Silver, por la reversión de la mina Mallku Khota”, dijo.
Hay otros dos procesos que están paralizados, es el caso de Air BP, por la nacionalización de su paquete accionarios en mayo de 2009, y con la empresa Glencore, firma con la que se lleva adelante la negociación.
Adicionalmente, hay otros tres procesos que espera sean concluidos este año y con acuerdos beneficiosos para el país.
"La lógica siempre es la misma, cuando se procede a una nacionalización, fruto de ello se ordena una evaluación y si la empresa está de acuerdo sobre lo que ofrecemos, finalmente el tema es cerrado”, mencionó.
Además hay negociaciones abiertas con la empresa Iberdrola, por la nacionalización de las distribuidoras de electricidad; está la Jindal, firma india con la que se dio un principio de acuerdo y la empresa Abertis, por la reversión de SABSA.
La pasada semana Arce resaltó que todo está controlado y que ninguna demandas conlleva preocupación.
Fuente: periódico "Página Siete"
No hay comentarios:
Publicar un comentario