El proyecto de ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, contempla como incentivo un pago extra de entre 30 a 55 dólares por barril de petróleo y condensado producido, dependiendo de si se produce en zona tradicional o no, y del nivel de precios que alcancen estos hidrocarburos en el mercado internacional.
En los artículos 6 y 7 de este proyecto de ley se establece que estos incentivos sólo se aplicarán para los hidrocarburos destinados al mercado interno.
Ello busca por un lado garantizar la seguridad energética interna del país, pero también parece apuntar a garantizar la materia prima para los futuros proyectos de industrialización: las plantas de propileno-polipropileno primero y de etileno-polietileno después.
Mientras tanto, para incentivar la producción de gas seco, campos marginales y pequeños, el artículo 10 del proyecto de ley le asigna mercados de exportación a estos hidrocarburos, “de acuerdo a parámetros y procedimientos” que serán en el futuro “establecidos por reglamentación”.
La primera en aplaudir esta y otras iniciativas destinadas a incentivar a las petroleras a explorar hidrocarburos en el país ha sido la presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold.
La CBHE es un ente que aglutina y representa los intereses de las transnacionales petroleras que operan en Bolivia, y Cronembold aseguró en julio que trabajaronjuntos en esta nueva norma para “permitir un mayor flujo de recursos para exploración”.
Pero por ello mismo han surgido susceptibilidades en sectores de la sociedad civil, quienes ven que el gobierno sólo ha trabajado con las petroleras para la elaboración de este proyecto de ley, y que en los hechos se va aumentar la tajada que se llevan las transnacionales, algo que sería contrario a la vigente ley 3058.
El Fondo de Promoción
de Inversiones
Para hacer efectivo el pago de entre 30 y 55 dólares por barril de petróleo y condensado, el proyecto de ley establece utilizar el 12% de lo recaudado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la creación de un Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) y también el uso de las Notas de Crédito Fiscal (NOCRE).
El analista Gustavo Rodríguez Cáceres considera que el “objetivo principal” de esta norma, “aunque solapado, está en que modifica las proporciones en que se reparte el valor total de los hidrocarburos producidos en el país”, que según la ley 3058 debe ser de 50% para el Estado (IDH + regalías) y 50% para las empresas petroleras.
En efecto, el artículo 8 de la ley 3058 establece que “el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004”.
Según el análisis de Rodríguez, utilizar el 12% del IDH para pagar los incentivos significa alterar “las actuales proporciones de apropiación de los hidrocarburos en detrimento de los ingresos del país”, decisión que obligaría a llamar a un referéndum nacional.
Y es que la proporcionalidad del 50/50 fue definida en el Referéndum vinculante sobre la política energética del país, realizado el 18 de julio de 2004, nueve meses después de la Guerra del Gas, y que sentó las bases para la vigente ley 3058.
La quinta pregunta de ese referéndum, aprobada por la población, decía: “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: Cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y empleos?”.
Ello busca por un lado garantizar la seguridad energética interna del país, pero también parece apuntar a garantizar la materia prima para los futuros proyectos de industrialización: las plantas de propileno-polipropileno primero y de etileno-polietileno después.
Mientras tanto, para incentivar la producción de gas seco, campos marginales y pequeños, el artículo 10 del proyecto de ley le asigna mercados de exportación a estos hidrocarburos, “de acuerdo a parámetros y procedimientos” que serán en el futuro “establecidos por reglamentación”.
La primera en aplaudir esta y otras iniciativas destinadas a incentivar a las petroleras a explorar hidrocarburos en el país ha sido la presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronenbold.
La CBHE es un ente que aglutina y representa los intereses de las transnacionales petroleras que operan en Bolivia, y Cronembold aseguró en julio que trabajaronjuntos en esta nueva norma para “permitir un mayor flujo de recursos para exploración”.
Pero por ello mismo han surgido susceptibilidades en sectores de la sociedad civil, quienes ven que el gobierno sólo ha trabajado con las petroleras para la elaboración de este proyecto de ley, y que en los hechos se va aumentar la tajada que se llevan las transnacionales, algo que sería contrario a la vigente ley 3058.
El Fondo de Promoción
de Inversiones
Para hacer efectivo el pago de entre 30 y 55 dólares por barril de petróleo y condensado, el proyecto de ley establece utilizar el 12% de lo recaudado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la creación de un Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) y también el uso de las Notas de Crédito Fiscal (NOCRE).
El analista Gustavo Rodríguez Cáceres considera que el “objetivo principal” de esta norma, “aunque solapado, está en que modifica las proporciones en que se reparte el valor total de los hidrocarburos producidos en el país”, que según la ley 3058 debe ser de 50% para el Estado (IDH + regalías) y 50% para las empresas petroleras.
En efecto, el artículo 8 de la ley 3058 establece que “el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004”.
Según el análisis de Rodríguez, utilizar el 12% del IDH para pagar los incentivos significa alterar “las actuales proporciones de apropiación de los hidrocarburos en detrimento de los ingresos del país”, decisión que obligaría a llamar a un referéndum nacional.
Y es que la proporcionalidad del 50/50 fue definida en el Referéndum vinculante sobre la política energética del país, realizado el 18 de julio de 2004, nueve meses después de la Guerra del Gas, y que sentó las bases para la vigente ley 3058.
La quinta pregunta de ese referéndum, aprobada por la población, decía: “¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: Cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo en favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y empleos?”.
¿Recursos del IDH invertidos en el exterior?
Llamó también la atención el artículo 14 del proyecto de ley de incentivos, pues éste autoriza a que los recursos del FPIEEH (ese 12% del IDH), puedan ser invertidos “en el exterior, siguiendo los lineamientos establecidos para la administración e inversión de Reservas Internacionales Netas (RIN) que serán establecidas mediante Decreto Supremo Reglamentario”.
Es sabido que la “inversión” de las RIN en el extranjero consiste básicamente en préstamos a bancos, empresas y países extranjeros, con tasas de retorno irrisoriamente bajas, que el año pasado fueron de apenas 0.71%. Similares destinos tiene la liquidez del Tesoro General del Estado (TGE). El propio presidente Evo Morales ha criticado recientemente que las RIN estén depositadas en bancos internacionales y ganando bajísimos intereses, y afirmó que “en lugar que estén en los bancos, que estén en manos de las gobernaciones”.
A partir de ello fue que se creó un fideicomiso para las nueve gobernaciones del país con 3.180 millones de bolivianos (unos 457 millones de dólares) provenientes de las RIN, para compensar la reducción de los ingresos por el IDH de las regiones a través de préstamos, y así garantizar la continuidad de la inversión pública principalmente en infraestructura como carreteras.
Así, ese monto (aunque pequeño en comparación al total de las RIN), será utilizado donde más se lo necesita, en Bolivia, y no engordando las arcas de los países ya poderosos. Sin embargo aún se desconoce las condiciones de los préstamos a ser desembolsados por el fideicomiso. ¿A qué tasa de interés se le prestará a las gobernaciones? La lógica dictaría que el interés sea superior a lo que se gana por “invertir” las RIN en el exterior (0,71%), pero menor a lo que se paga a los acreedores de Bolivia actualmente (la CAF, el BID y el Banco Mundial), a los que en promedio Bolivia pagó 3,2% por el servicio de la deuda. En todo caso, resulta llamativo que una norma busque mantener el dinero de los bolivianos en Bolivia, mientras otra casi simultánea autorice a seguirlos prestando al exterior a tasas bajísimas.
Es sabido que la “inversión” de las RIN en el extranjero consiste básicamente en préstamos a bancos, empresas y países extranjeros, con tasas de retorno irrisoriamente bajas, que el año pasado fueron de apenas 0.71%. Similares destinos tiene la liquidez del Tesoro General del Estado (TGE). El propio presidente Evo Morales ha criticado recientemente que las RIN estén depositadas en bancos internacionales y ganando bajísimos intereses, y afirmó que “en lugar que estén en los bancos, que estén en manos de las gobernaciones”.
A partir de ello fue que se creó un fideicomiso para las nueve gobernaciones del país con 3.180 millones de bolivianos (unos 457 millones de dólares) provenientes de las RIN, para compensar la reducción de los ingresos por el IDH de las regiones a través de préstamos, y así garantizar la continuidad de la inversión pública principalmente en infraestructura como carreteras.
Así, ese monto (aunque pequeño en comparación al total de las RIN), será utilizado donde más se lo necesita, en Bolivia, y no engordando las arcas de los países ya poderosos. Sin embargo aún se desconoce las condiciones de los préstamos a ser desembolsados por el fideicomiso. ¿A qué tasa de interés se le prestará a las gobernaciones? La lógica dictaría que el interés sea superior a lo que se gana por “invertir” las RIN en el exterior (0,71%), pero menor a lo que se paga a los acreedores de Bolivia actualmente (la CAF, el BID y el Banco Mundial), a los que en promedio Bolivia pagó 3,2% por el servicio de la deuda. En todo caso, resulta llamativo que una norma busque mantener el dinero de los bolivianos en Bolivia, mientras otra casi simultánea autorice a seguirlos prestando al exterior a tasas bajísimas.
Fuente: periódico "El País-Tarija"
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