El abogado de la empresa trasandina dijo que el Gobierno boliviano "manipuló y presionó a su propio Poder Judicial”.
El Ciadi emitió el miércoles 16 de septiembre un fallo de 227 páginas en favor de la chilena Quiborax, empresa de minería no metálica, que tras una década de disputa legal venció al Estado boliviano.
Entrevistado por el diario La Tercera, el abogado de la firma chilena, Andrés Jana, dijo queBolivia incurrió en "actos ilegales con el único motivo de entorpecer el normal desarrollo del arbitraje internacional y evitar su responsabilidad internacional por la expropiación ilícita hacia un inversionista chileno”.
Añadió que Bolivia, para estos efectos, "no ha dudado en incriminar a personas inocentes y manipular y presionar a su propio Poder Judicial”.
Al respecto, la Procuraduría General de Bolivia, que tiene la función constitucional de defensa legal del Estado, aseguró ayer que "no hay un pronunciamiento oficial” y que es posible que esta semana el procurador Héctor Arce convoque a una conferencia de prensa.
El cobro
La empresa chilena adelantó que iniciará el proceso de cobro de los 48,6 millones de dólares y no descartó apelar al Gobierno chileno en caso de que se presenten obstáculos para lograr su objetivo."Confiamos en que Bolivia, ante esta decisión del Ciadi, va a cumplir con el acuerdo que tiene el Estado de Bolivia con el de Chile, y esperamos que el Estado de Chile no tenga que intervenir en este nuevo proceso”, aseguró el jurista de Quirobax.
No hay certidumbre jurídica
El gerente de Administración y Finanzas de Quiborax, Allan Fosk, no quiere saber de volver a invertir en suelo boliviano.
"No tenemos interés de volver a pisar ese país. En Bolivia no existe certidumbre jurídica y no existe protección al inversionista extranjero, y más aún si ese inversionista es chileno”, enfatizó el empresario.
El inicio del problema
Quiborax se asoció en 2001 con Minera Río Grande Sur y crearon la compañía Non-Metallic Metals. Esta nueva sociedad operó 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni, de Potosí.
En 2004, Bolivia revirtió las concesiones mineras de la sociedad empresarial.
Fuente: periódico "Opinión"
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