La medida fue comunicada por el director del Searpi, Luis Aguilera, al cabo de una reunión que sostuvo con representantes de la ABT y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Aguilera denunció que los tomatierras incursionaron en un área fiscal -servidumbre ecológica- y han procedido a atacar los defensivos que, si se rompen, ponen en riesgo de inundación entre 70.000 y 100.000 hectáreas productivas y se compromete la vida de los pobladores de comunidades que viven en las márgenes del Río Grande, en el límite de la provincia Guarayos.
Para Aguilera estamos frente a un delito ambiental que afecta los intereses de los tres niveles de Gobierno porque el Estado, la Gobernación y los municipios que forman parte del área de influencia destinaron recursos para construir un defensivo y así proteger tierras productivas.
Para el presidente de la CAO, Julio Roda, detrás de los tomatierras hay personas que han financiado la construcción del canal que, calculan, demandó una inversión de unos $us 300.000.
En ese contexto, Roda indicó que como organización productiva formalizaron un pedido al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para activar un plan que lleve a la aprehensión de los cabecillas e incautar la maquinaria usada para abrir el canal.
Para Alejandro Díaz, nadie está por encima de la ley para modificar cursos de ríos sin estar avalados por organismos competentes. “El delito es flagrante y se debe actuar pronto”.
No hay saneamiento en curso
Desde La Paz, el director nacional del INRA, César Gómez, indicó que de acuerdo con los primeros informes recibidos no hay ningún proceso de saneamiento en ejecución en el área específica donde se ha identificado a la gente asentada. “Extraoficialmente se conoce que hay un proceso que se ventila en el Tribunal Agroambiental”, dijo. El INRA verificará el área.
Fuente: periódico "El Deber"
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