“Un Gobierno extractivista que fundaba su política económica en la recuperación de los recursos naturales que ahora diga todo lo contrario, que entregará al sector privado extranjero en subasta 100 áreas con potencial de reservas hidrocarburíferas, es contradictorio”, dijo el también investigador y activista.
En análisis de Gandarillas, ante el fracasado intento del Gobierno por garantizar inversiones extranjeras, ahora pretende poner en remate 100 áreas de exploración hidrocarburífera que estaban reservadas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, la Cuenca Madre de Dios es un área potencial de hidrocarburos, que, según habría revelado una empresa francesa, guardaría reservas hidrocarburíferas cuantificadas en 32 trillones de pies cúbicos (TC), es decir, tres veces más de lo existente. Sin embargo, Gandarillas hizo notar que la última vez que el Gobierno certificó reservas fue en 2009 y que el 2013 difundió información parcial.
Gandarillas advirtió que el Gobierno -que anunció disminuir los periodos de consulta a 45 días- no sólo estaría apuntando a disminuir los plazos, sino también los estándares de control ambiental al mínimo para sentar un grave precedente de desregulación para todos los sectores, y así incentivar el ingreso de las petroleras al país.
“No es poco lo que se anuncia, son áreas sensibles que están en el bloque Madre de Dios, en los parques nacionales de enorme importancia como el Pilón Lajas y el Madidi, sin olvidar que hay población indígena en situación de aislamiento voluntario, y que en el marco internacional exige que los Estados tomen medidas de precaución para proteger su vida y evitar su aniquilamiento”, aseveró.
En análisis de Marco Gandarillas, la política hidrocarburífera intensiva fue acompañada por un debilitamiento institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que funciona casi en su totalidad con recursos de la cooperación internacional, pero también con ataques sistemáticos en contra de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Ataques a organizaciones
En análisis de Marco Gandarillas, la política hidrocarburífera intensiva fue acompañada por un debilitamiento institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) que funciona casi en su totalidad con recursos de la cooperación internacional, pero también con ataques sistemáticos en contra de organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos de los pueblos indígenas.
“En un país que tuvo una presencia institucional de la sociedad civil muy fuerte, la protesta ha sido penalizada, las que quedamos somos importantes para la sociedad civil, pero ha sido un año de graves ataques”, señaló.
Citó como uno de los casos más emblemáticos el intento de toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por parte de un grupo de mineros liderado por su máximo ejecutivo Orlando Gutiérrez, afín al Gobierno, en momentos en que se anunciaba un recurso cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del pueblo no contactado.
También mencionó que el Cedib fue expulsado de las instalaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) por órdenes de su rector Juan Ríos, afín al Gobierno y a la línea dura del vicepresidente Álvaro García Linera. Las oficinas fueron entregadas a un centro chino.
“Se atacó a Cáritas de Tarija por su labor de apoyo a la población de Tariquía que se encuentra en resistencia ante la ofensiva petrolera”, señaló.
También mencionó un proceso penal “sin pies ni cabeza” en contra de Pablo Solón, el exembajador de Bolivia ante la ONU y actual activista en defensa de la Amazonía frente a la intención de construir megarepresas en el estrecho de Chepete y El Bala.
El director del CEDIB también observó la censura desde el Gobierno en contra de la Fundación Jubileo a la que se le intentó decir que no puede hablar sobre un asunto de interés nacional como es el pacto fiscal por tener personería departamental.
Lamentó también el ataque xenófobo del gobernador de Beni, Alex Ferrier (MAS) en contra de Leonardo Tamborini, asesor legal del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS). “Dijo que por ser extranjero no puede hablar del TIPNIS”, manifestó.
“Y, finalmente, el Presidente (Evo Morales) pidió al legislativo constituir una comisión parlamentaria para investigar actividades licitas de las organizaciones de la sociedad civil como es la defensa de los derechos humanos; aquí defender derechos humanos es un problema”, sostuvo.
En ese marco, Gandarillas identificó a la defensa de derechos humanos y ambientales como temas penalizados por el actual Gobierno, ya que no se permite un trabajo independiente. Como ejempló citó la desinstitucionalización del Defensor del Pueblo con un “un David Tezanos que tiene un rol muy pobre”.
Fuente: Agencia de Noticias Fides "ANF"
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