MINERÍA: Transnacionales mineras sacaron fuera del país 91% de sus utilidades

El economista Vladimir Díaz Cuellar, en base a una investigación realizada con datos primarios, secundarios y oficiales, afirma que “visto en su conjunto, lo evidente es que no fueron los trabajadores ni el Estado sino las empresas transnacionales, las verdaderas beneficiadas del periodo de bonanza de la última década”.

Esto se debe a que las políticas económicas del gobierno del MAS en el sector minero son “fundamentalmente una continuación del modelo económico neoliberal”.

En este sentido, en la década pasada, “gracias a la feliz coincidencia de los más espectaculares precios internacionales de los metales y los auspicios de un gobierno, que paradójicamente clamaba la ‘recuperación de los recursos naturales para los bolivianos’, se dio el clima propicio para que el capital transnacional obtuviese extraordinarias ganancias, mientras que los salarios en el sector se deprimieron y la renta estatal permaneció marginal”.

Al respecto, el experto Rolando Jordán Pozo afirma que las transnacionales que operan en Bolivia transfirieron al extranjero el 91% de sus utilidades a lo largo de este periodo.

Desnacionalización neoliberal de las minas
Díaz, basándose en el libro del ex ministro Andrés Solíz Rada (+) titulado “La Fortuna del Presidente”, recuerda que el neoliberalismo abrió una época de predominio del sector privado en la minería, inicialmente de las empresas medianas, las cooperativas y las empresas pequeñas. 

Luego, este proceso “culminará con la completa privatización de las minas estatales en el año 2000, mismas que, mediante un proceso político y legalmente complejo, fueron otorgadas a intereses privados”.

Mientras que las cooperativas se adjudicaron derechos sobre la mayoría de las que fueran minas de Comibol, generalmente pequeñas y antiguas, las más atractivas fueron entregadas a empresas medianas. La Compañía Minera del Sur (Comsur), de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue por muchos años cabeza de este sector. 

“Para inicios del presente siglo, Comsur se había convertido, con mucho, en la empresa minera más grande del país. En 2002, la estructura del sector minero en su conjunto se había transmutado en el exacto opuesto de cincuenta años antes: las empresas ‘medianas’ controlaban el 78% de la producción nacional consolidando el desmantelamiento neoliberal de la minería estatal”.

El año 2005, Comsur fue adquirida por la transnacional Glencore, que rebautizó su filial como “Sinchi Wayra”, convirtiéndose automáticamente en la compañía minera más grande en Bolivia.

Según recuenta Díaz, el corolario de este proceso fue la entrada en producción de los proyectos mineros más importantes, todos financiados con capital transnacional, entre 2007 y 2008. 

“En 2007, la mina a cielo abierto San Cristóbal (zinc, plata, plomo) comenzó su producción. El proyecto fue desarrollado por Apex Silver Mines Limited, una compañía de capitales estadounidenses constituida en las Islas Caimán, sobre la base de una mina conocida desde la época colonial y cuyos derechos se encontraban en manos de la segunda empresa privada boliviana más grande”.

Al año siguiente, San Bartolomé (plata), controlada por la compañía estadounidense Coeur Mining, Inc. (denominada Coeur d’Alene Mines hasta 2013), entró en operaciones en los depósitos superficiales de la antigua mina Cerro Rico, al mismo tiempo que lo hacía la mina San Vicente (plata) operada por la canadiense Pan American Silver Corp. 

Tanto Cerro Rico como San Vicente habían sido parte de la nacionalización de 1952. “Todos estos proyectos fueron los más prominentes productos de las políticas neoliberales, del proceso de privatización y de los esfuerzos sistemáticos para atraer la inversión extranjera en los años 90”, afirma Díaz. 

“De esta forma, en el momento en que el MAS se hizo cargo del gobierno, éste cosechó el resultado final de la implementación del modelo económico neoliberal y del proceso de privatización, esto es, la transnacionalización del núcleo del sector minero”.

Las ganancias durante  el “proceso de cambio”
La producción de minerales en Bolivia aumentó considerablemente gracias a la puesta en marcha de las 3 minas controladas por transnacionales: San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente. 

La mina San Cristóbal produce anualmente alrededor de 200 mil toneladas métricas finas (tmf) de zinc, más de 500 tmf de plata y más de 60 mil tmf de plomo que representan alrededor de la mitad de la producción nacional de zinc y plata y dos tercios de la correspondiente a plomo. “Es, de lejos, la operación minera más grande del país”, observa Díaz. 

Adicionalmente, San Bartolomé produce anualmente alrededor de 200 tmf de plata, mientras que 
San Vicente produce alrededor de 100 tmf. 

Y si se considera el valor de las exportaciones mineras, el predominio de las empresas transnacionales -sobre todo de cuatro de ellas- es evidente: en promedio, las cuatro principales empresas controlaron el 52% del total de las exportaciones mineras de Bolivia en el período 2006-2012.

No es para menos. Según los expertos, San Cristóbal no es simplemente la mina más grande de Bolivia, sino la más grande en toda su historia. La famosa mina de Cerro Rico, que contribuyó al surgimiento del sistema capitalista en el mundo, produjo entre 31 y 36 mil tmf de plata en 280 años durante el periodo colonial español. 

Al ritmo de producción actual de la mina San Cristóbal, Díaz considera que “a ésta le tomaría sólo 59 años llegar a tal producción acumulada. Naturalmente, aunque las condiciones tecnológicas de producción explican en gran medida la figura, ésta nos brinda una noción de las magnitudes históricas”.

En cuanto al valor de la producción, San Cristóbal en promedio registró utilidades de 140 millones de dólares anuales. En su conjunto, las empresas mencionadas anteriormente obtuvieron utilidades netas mayores a 1.100 millones de dólares en la última década.

El estudio de Díaz nota que, observando la evolución de los capitales invertidos por las cuatro empresas transnacionales en Bolivia, “es evidente que todas ellas ya han recuperado sus inversiones”. 

San Cristóbal ha estado depreciando su inversión en capital fijo a una razón de casi 70 millones de dólares por año, con una depreciación acumulada hasta 2015 de alrededor de 600 millones de dólares, según sus propios datos. Así, excluyendo incluso los 760 millones de dólares obtenidos en utilidades netas, la empresa ya ha recuperado el 70% de sus inversiones. 

De igual forma, en estos años, Coeur Mining, que invirtió 238 millones de dólares, acumuló una depreciación de 140 millones de dólares, en tanto que las utilidades netas percibidas hasta 2013 llegaron a más de 228 millones de dólares. 

Pan American Silver invirtió únicamente 40 millones de dólares, habiendo depreciado su capital fijo por 70 millones de dólares hasta 2015 y obtenido una utilidad neta de poco más de 90 millones de dólares en el mismo periodo (recuperó totalmente su capital en 2012). Y además de haber recuperado su capital, la empresa embolsó una utilidad neta que más que duplica la inversión inicial en sólo ocho años. 

Finalmente, en el caso de Glencore, si bien Díaz no cuenta con información sobre la depreciación acumulada, la empresa obtuvo utilidades netas por más de 280 millones de dólares hasta 2013. 

“De hecho, el primer año de gobierno del MAS fue espectacular para la compañía habiendo obtenido casi 100 millones de dólares. Aún sin contabilizar la recuperación del capital fijo, la utilidad neta sobrepasa el valor de la compra de Comsur, esto es, 220 millones de dólares”. 

Por otro lado, Díaz explica que las pérdidas netas reportadas por algunas empresas en los dos últimos años “son directamente un producto de ajustes contables y no de pérdidas operativas efectivas”.

Mediante estos ajustes (“write-downs” o “impairment charges”), de paso se incrementan los costos de la gestión, reduciendo la utilidad y por tanto los impuestos a pagar sobre ésta. 

“San Bartolomé, en particular, redujo el valor de sus activos en 119 y 67 millones de dólares entre 2014 y 2015 respectivamente”, por lo que sus “pérdidas” en esas gestiones “son en lo fundamental un producto de estos reajustes contables”, observa el experto.

Salarios por lo bajo
Desde la perspectiva de los salarios de los trabajadores, la bonanza minera pasó sin mejorarlos. Entre 1996 y 2005, los salarios (el salario más otras remuneraciones al trabajo) mensuales reales de los trabajadores mineros de las empresas privadas se incrementaron de 1.312 bolivianos a 2.306 bolivianos, es decir, en 75%. 

“En cambio, en la década de espectaculares precios de los metales, los salarios de estos obreros no se incrementaron, sino todo lo contrario, se contrajeron: en 2013, éstos apenas alcanzaron a 2.168 bolivianos”, apunta Díaz. 

De hecho, durante la mayor parte de la bonanza, sus salarios apenas si fueron superiores a los de 1996 (la situación de los obreros auxiliares no fue mejor). En general, el salario mensual real ponderado promedio del sector (incluyendo a empleados, profesionales y gerentes) siguió como consecuencia la misma trayectoria: en 1996, éste era de 1.295 bolivianos, en 2005 era 2.287; y en 2013 bajó a 2.160. 

A las obreras mujeres les fue peor: en 2005, su salario mensual real fue de 1.818 bolivianos, en tanto que en 2013 fue de sólo 867 bolivianos, menos de la mitad. Y la “inmensa mayoría de los obreros mineros del país trabajan en cooperativas donde sus ingresos, en la última década, oscilaron entre 300 y 3.000 bolivianos” agrega el experto.

El Estado se queda con miserias
Según palabras de Díaz, la renta percibida por el Estado, mediante la recaudación de impuestos y regalías, durante el megaciclo de los precios de las materias primas, fue “paupérrima”.

Ante la falta de información oficial, el experto calcula de forma indirecta que en promedio apenas un 8,1% del valor bruto de exportación ha constituido la presión fiscal durante el período 2004-2014. 

“Esto significa que sólo una muy pequeña parte del valor exportado se convirtió en ingresos del Estado, a pesar de la reforma tributaria minera llevada a cabo por el gobierno del MAS en 2007 (Ley de 3787; el promedio durante el período 2008-2014 fue del 9,3%), que no ha sido modificada por la nueva Ley de Minería”. 

Aunque la cifra representa una proporción mayor que la correspondiente al período 1986-2003 (simplemente 2,2% en promedio), históricamente es significativamente menor que el 37% del período de 1970 a 1981, antes del inicio del neoliberalismo. Y es también menor que la carga fiscal correspondiente a la década de 1930, antes de la nacionalización de las minas de 1952, en la que ascendió al 13,8%.

“Paradójicamente, el total de impuestos pagados por las principales compañías en el llamado ‘sector estratégico’ de la minería fueron inferiores incluso a los correspondientes a las principales empresas de cerveza y bebidas”, denuncia el académico.

Fuente: periódico "El País"