¿Cómo va la minería en Cochabamba? Si el departamento no se caracterizó precisamente por su vocación minera, el rubro ahora parece pasar por su peor momento. En el último año, cinco empresas del sector tuvieron que cerrar puertas ante la presión legal, que impide políticas de desarrollo para el sector.
Al menos ésa es la evaluación que realizan directivos de la Cámara Departamental de Minería (Cademin), entidad que hace un par de semanas celebró sus 70 años de vida, exponiendo estas cifras, describiendo la crisis por la que atraviesa el sector desde hace tres años y anunciando presentar su propia propuesta en 45 días.
Los especialistas y empresarios consultados por este medio coinciden en resaltar la necesidad de elaborar una nueva normativa que reemplace a la Ley 535 de Minería, promulgada en 2014. Asimismo, atribuyen como otros causales de crisis el estancamiento de la producción y transformación de materias primas, que desincentiva la inversión y favorece la extracción de minerales para su posterior comercialización en el mercado internacional de forma ilegal.
Puntos de vista
El presidente de la Cademin, Luis Laredo, califica como “lamentable” la situación de la minería en el departamento y lo atribuye a los “candados” que la ley 535 de Minería pone al sector para impedir su desarrollo.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, coincide con Laredo y agrega que la ausencia de políticas públicas entorpece las inversiones privadas.
“Hay una ausencia de una actitud proactiva de muchos actores y eso nos genera una dificultad muy seria a la hora de hacer proyecciones importantes en materia de inversión en el campo minero”, señala Bellot, quien presidió Cademin durante 13 años.
Según el especialista en minería y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdoba, los problemas de Cochabamba se replican en todos los departamentos mineros debido a que las políticas para el sector no se adecuan a lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).
En este sentido, destaca que la carta magna atribuye la propiedad de los minerales al pueblo boliviano, pero, en la práctica, los mineros ejercen el derecho.
Los empresarios y especialistas señalan que la permanencia de esta ley afectará las inversiones para exploración en el sector. Al mismo tiempo, contribuirá a que el país continúe importando productos de valor agregados, con materias primas minerales que Bolivia exporta.
Los candados
El presidente de la Cademin, Luis Laredo, considera que una nueva ley de minería debe ser concertada con los empresarios y tiene que atender cinco “candados” que impiden el crecimiento minero en el departamento.
Laredo sostiene que la ley 535 establece el pago de regalías mineras sobre la factura final, cuando, según el empresario, el impuesto debería pagarse sobre el recurso utilizado. Según Laredo, esta medida, como está actualmente, quita competitividad a las empresas.
“A ti te obligan a pagar sobre la factura de venta final. Estás pagando tus impuestos de utilidades transacciones. Sobre eso también te aplican la regalía minera”, agrega.
Los empresarios mineros encuentran una segunda dificultad en los trámites de aprobación para nuevos contratos, que, de acuerdo a los plazos establecidos en ley, pueden demandar hasta los dos años. “Quién va a invertir o buscar nuevos yacimientos si te tardan tanto tiempo. No puedes tener una nueva industria” si se demora todo ese tiempo en gestionar un nuevo contrato, cuestiona Laredo.
Asimismo, la normativa vigente establece plazos para la migración de contratos que no son acordes al tipo de proceso legal.
Por otro lado, Laredo cuestiona el sistema de reversión al vencerse los plazos, pues esto obliga a los empresarios a explotar los yacimientos de forma inmediata. El sector es perjudicado porque muchas veces planifica la explotación a largo plazo y no de forma inmediata.
Finalmente, la Cademin resalta que la ley no reconoce las asociaciones mineras, y, en consecuencia, sus derechos.
LEY MINERA
Héctor Córdoba, exdirector de la Conmibol
En Bolivia, el problema principal es el hecho de que la política minera establecida en la Ley de Minería no coincide mucho con lo que establece la Constitución Política del Estado.
Ella habla de que el mineral es del pueblo boliviano y ahora está encargado de su administración y esa propiedad la mantiene el pueblo en cualquier situación que se encuentre el mineral.
La realidad es que la ley minera hace a los operadores mineros propietarios del mineral que pueden vender, comercializarlo y ganan sobre su valor de utilidades y pagan sobre sus impuestos.
La Constitución dice otra cosa, ésa es una gran dificultad para el avance de la minería de Bolivia y eso toca a todos los departamentos.
La minería boliviana sabemos dónde hay minerales, pero no se ha hecho trabajo de exploración serio.
Hay que determinar cuáles son las verdaderas reservas y cuál es el margen de endeudamiento que tendría respecto a los minerales para que haga operaciones que vayan más allá de la explotación del mineral, es otro gran problema que tenemos en Bolivia.
El sector cooperativo y privado sólo explora y explota mineral concentrado.
Al exportar concentrado, se transfiere riqueza al extranjero y el efecto multiplicador y los beneficios se van al extranjero.
Por lo menos con el mineral metálico así sucede.
Por otra parte, hay que añadir la situación del capital humano en la actualidad.
Las universidades, en el periodo 1985-2005, no recibieron a estudiantes nuevos en las facultades. Luego, 10 años después, nos encontramos con un muy fuerte déficit de profesionales del sector. Este es otro gran problema, otra gran dificultad que no sólo aqueja a los grandes departamentos productores.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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