Tarija no recibe aún respuestas sobre la liquidación de regalías por la exportación del gas del campo Margarita, ingresos que fueron observados por el Colegio de Ingenieros Petroleros de Tarija, que asegura que el departamento no habría recibido el monto de regalías que le correspondía en estos últimos cinco años, y se observa una diferencia a favor de Chuquisaca, lo que se traduciría en una pérdida que supera los 66 millones de dólares.
Desde la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación se solicitó al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una explicación para aclarar las dudas generadas respecto al pago de regalías, que permita conocer si se cumple o no lo dispuesto el año 2012, cuando se hizo el estudio del factor de distribución del megacampo Margarita-Huacaya por la empresa Gaffney, que arrojó los resultados que dieron un 75,1 por ciento para Tarija y 24,9 por ciento a favor de Chuquisaca.
Asimismo en las últimas semanas se habló de la necesidad de transparentar cifras con el Gobierno Nacional, desde entidades como el Comité Cívico de Tarija, la Brigada Parlamentaria, el Concejo Municipal de Cercado, además de acciones concretas asumidas por el senador tarijeño de Unidad Demócrata (UD), Fernando Campero, que remitió a la Cámara de Senadores una solicitud de Petición de Informe Escrito (PIE) para el Ministerio de Hidrocarburos. Por otra parte, el representante departamental ante el directorio de YPFB, Héctor Quiroga, solicitó también información referente.
El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, explicó que lamentablemente no se tiene respuesta del informe solicitado sobre liquidación de regalías, ni del Ministerio de Hidrocarburos ni de YPFB. “El Estado mediante estas entidades demuestran una vez más que no transparentan la información, pese a la preocupación y solicitud formal para recibir una explicación al respecto. Pedir explicación creemos que no es un acto de hostilidad para que guarden silencio, nos llama la atención que no se dé una respuesta con la celeridad que amerita el caso”, mencionó el funcionario.
En ese marco, aseveró que se reiterará la petición de información y remarcó que este es un tema en el que el Gobierno mediante el Ministerio e YPFB, debe aclarar a la población las observaciones que surgieron, asegurando que “no se culpa o se acusa de nada” pero se pide más responsabilidad para responder al departamento y sus instituciones en un tema de interés general.
Mientras tanto, respecto a la solicitud planteada ante el directorio nacional de YPFB y en el Senado, por parte de Héctor Quiroga y Fernando Campero respectivamente, se conoce que aún se estaría aguardando una respuesta dentro de los plazos razonables, por lo que esta semana se dará a conocer cuáles son los avances que se tienen, ya que abordan la misma temática.
Para el presidente del Concejo Municipal de Cercado, Alfonso Lema, tras resurgir el cuestionamiento sobre el factor de distribución establecido por la Gaffney, el panorama no ha cambiado mucho y Tarija continúa siendo afectada por un descuento de recursos proveniente de regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), y no hay un marco normativo en el tema de la aplicación de dicho factor, lo que aseguró crea un escenario desfavorable para el departamento.
“No hay ninguna señal desde Yacimientos sobre la actualización del factor de distribución tampoco, para el que habían subido a la página de YPFB un proceso de contratación que fue bajado y hasta ahora no se sabe si se lleva adelante o no. Sería importante tener una información técnica y transparente, es elemental para el país y Tarija. Se han tenido una serie de solicitudes de información, esperamos que se pueda convocar a la gente del Ministerio y Yacimientos, ya que cualquier escenario que transparente el tema será positivo”, sostuvo.
Comité de Defensa de Margarita no reacciona
En diciembre del 2015, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), aprobó por unanimidad en sesión ordinaria, la Ley de Defensa de los Recursos de los Megacampos Margarita y Huacaya, la cual está compuesta de cinco artículos y una disposición abrogatoria, dando facultades al ejecutivo departamental para comandar todas las acciones necesarias para la defensa de los megacampos que corresponden al bloque Caipipendi del departamento de Tarija.
A mediados del 2016 se reactivó el Comité de Defensa del Megacampo Margarita, en un acto realizado en el Salón Rojo de la Gobernación, con la participación de representantes de la mayoría de las instituciones públicas y sociales del departamento. En ese entonces se anunció acciones para evitar mayor recorte de recursos económicos, entre ellos la demanda de inconstitucionalidad de los factores de distribución con Chuquisaca, sin embargo según confirmaron miembros de esta instancia, hace meses que no realizan una reunión.
Al respecto, el asambleísta de Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, expresó que es necesario activar esta instancia creada por ley, a tiempo de observar que si bien las peticiones de explicación que se hacen por vía institucional no surten efecto, lo idóneo sería activar ya otro tipo de medidas de carácter legal.
En este punto afirma que tras surgir las observaciones a la liquidación la primera entidad que debería haberse pronunciado y asumido acciones debería ser el Comité Cívico, “pero se prefirió priorizar temas políticos dejando en indefensión al departamento”.
Plantean ir por la vía legal
“Hay una norma que no se cumple, una resolución que fija un factor de distribución, puede aquí acudirse a la vía constitucional con una acción de cumplimiento; también por vía penal por incumplimiento de deberes de los funcionarios encargados de hacer la correcta distribución que no la hacen, lo que a su vez genera un daño económico. Sin embargo, cuando se trata de recursos departamentales no siempre se asume las posturas firmes que se necesitan”, afirmó Lea Plaza.
Fuente: periódico "El País"
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