Entre 2013 y junio de 2016, los costos recuperables que reportaron las empresas petroleras alcanzaron los 3.250,4 millones de dólares, de acuerdo con un informe de la Gerencia Nacional de Administración de Contratos de YPFB al que accedió Página Siete.
En el documento se puede observar que por el año 2014 las compañías fijaron en 1.006,3 millones de dólares sus gastos recuperables, uno de los montos más elevados desde 2007.
Luego en 2015 ese valor exigido descendió a 997,6 millones de dólares y de enero a junio de 2016 se reportaron 467,3 millones de dólares (ver gráfica).
En el documento se especifica que los costos recuperables comprendidos en el periodo mayo 2007 a diciembre de 2012 han sido ya revisados e incluso auditados por una empresa externa.
Mientras que para las gestiones que van de 2013 a 2016 todavía son montos reportados por las empresas petroleras, en el marco de los Contratos de Servicios de Exploración y Explotación, que se suscribieron desde 2009, por lo tanto aún deben ser conciliados y sujetos a revisión y a una auditoría.
Los costos recuperables son aquellos que reconoce el Estado a las petroleras por sus gastos.
Incluyen gastos de personal, transporte, impuestos, tasas, seguros y otros. Los mismos están compuestos por los costos de operación (Opex) y la amortización de inversiones (Capex).
Para ser reconocidos deben guardar relación con el plan de trabajo y presupuesto aprobado por YPFB.
Las empresas incurren por ejemplo en gastos directamente relacionados con las operaciones petrolíferas, cuya finalidad es garantizar la continuidad de la producción de hidrocarburos (operación). Por otra parte, realizan inversiones cuya finalidad es descubrir nuevos reservorios, mantener e incrementar la producción de un campo (Capex).
Los contratos de operación suscritos con las petroleras establecen que una vez obtenidos los ingresos por la comercialización de hidrocarburos en punto de fiscalización por parte de YPFB, éstos deben ser destinados primero al pago de regalías, participación del Tesoro General de la Nación e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El valor remanente se destina a los costos recuperables de las petroleras.
A mediados de agosto el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3278, que fija una banda de precios para los costos recuperables (Capex y Opex) de todas las empresas petroleras, incluyendo a YPFB y sus subsidiarias, que servirá para "corregir” el incremento indiscriminado que tuvieron los mismos.
Durante el X Congreso "Bolivia Gas y Energía 2017” que se realizó en Santa Cruz, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, dijo que las empresas petroleras elevaron hasta en 100% sus costos recuperables entre 2009 y 2016.
Además, mencionó que hay cambios y distorsión de los procedimientos contractuales a raíz de la falta de regulación, el "abuso” en la inclusión de adendas, y la ejecución de actividades de exploración y explotación en fechas y gestiones posteriores a las programadas.
La renta petrolera bajó a $us 1.755 millones en 2016
En 2016, la renta petrolera cerró con 1.755 millones de dólares. Para este año se prevé superar los 1.855 millones de dólares, según calcula el Gobierno.
En 2014 el país recibió recursos por encima de 5.000 millones de dólares, pero en 2015 luego de la caída del precio del petróleo y del gas, estos fondos bajaron a 3.800 millones.
La renta petrolera es definida como los ingresos en efectivo que percibe el Estado producto de las actividades que se realizan en el sector hidrocarburos.
Está compuesto por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); regalías departamental y compensatoria; participación al Tesoro General de la Nación; participación de YPFB; impuestos por upstream (exploración y explotación) y otros, y patentes hidrocarburíferas
Los recursos que recibió el país reflejan una tendencia creciente desde 2005, luego de la creación del IDH con la Ley 3058, el cual representa, en promedio, cerca de 40% de la renta petrolera estatal.
Según un análisis de la Fundación Jubileo el Gobierno y las entidades subnacionales recibieron un flujo histórico de ingresos por concepto de renta hidrocarburífera, pero no se diseñaron políticas públicas adecuadas para transferir a otros sectores de la economía y fomentar así el desarrollo y la diversificación.
Fuente: periódico "Página Siete"
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