Este fue el año de los decretos supremos que flexibilizan la posición del gobierno sobre sus políticas medioambientales y de consulta. El decreto supremo 2366 permite el ingreso de las empresas petroleras a las 22 áreas protegidas nacionales del país; el 2298 facilita la consulta a los pueblos indígenas y las reduce a un máximo de 45 días; y el decreto 2400, complementa el Reglamento Ambiental para el sector hidrocarburos.
El vicepresidente Álvaro García Linera reflejó este escenario y habló de una “contradicción creativa”, ya que uno de los retos que el país tiene para lograr el desarrollo, dijo, es acudir a mecanismos extractivistas para transformar la naturaleza.
Esta visión se confronta con el discurso del gobierno a nivel internacional, y lo hizo también en la cumbre de Tiquipaya donde ratificó su defensa de la madre tierra, planteó como un logro introducir el tema en los principios de la Organización de Naciones Unidas.
La incursión petrolera en las áreas protegidas termina siendo la mayor preocupación para varios sectores. “Estamos ante un escenario trágico para nuestras reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la minería y ahora se culmina con una sentencia final”, afirmó el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini.
Bolivia se encuentra en la lista de los 10 países con mayor biodiversidad Nacional de Áreas Protegidas. En total registra 123 áreas protegidas (22 de carácter nacional, 23 de carácter departamental y 78 áreas municipales).
Las empresas privadas y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) podrán ingresar a estas áreas, su presidente Guillermo Achá sostiene que serán siete las áreas protegidas cuyas tierras serán intervenidas que representa el 0,008% de la superficie de estos parques del país y aseguró que utilizarán métodos no invasivos para no afectar el medio ambiente.
Varias de estas áreas tienen una doble condición, por un lado parques nacionales y por el otro, tierras comunitarias de origen (TCO) hecho que obliga al gobierno en cumplimiento de la Constitución Política del Estado realizar la consulta previa libre e informada. Sin embargo, por la posición de los pueblos indígenas que en algunos casos han rechazado la política extractivistas el presidente Morales ve este procedimiento como un “perjuicio” para los objetivos de exploración y explotación o la ejecución de mega proyectos como la hidroeléctrica de El Bala.
El gobierno está seguro que las áreas protegidas son un producto del imperialismo, que los países como Bolivia no pueden seguir siendo el guardabosque del “imperio” y que hay soberanía en las decisiones sobre las políticas ambientales y de protección al medio ambiente.
PUNTO DE VISTA
“Las áreas protegidas del país conservan muy poco de la riqueza de biodiversidad”
Marco Gandarillas, investigador
Las autoridades nacionales creen que tenemos tantos recursos naturales que no importa que se agoten o no importa explotarlas intensamente. El territorio del país ha sido fuertemente intervenido en los últimos años por la actividad minera y luego por la explotación hidrocarburífera.
Entonces los efectos en muchos casos son la pérdida de los recursos naturales o un elevado deterioro ambiental. Muy pocas áreas mantienen un estado de conservación elemental, las áreas protegidas son de las pocas zonas que podemos encontrar todavía un grado de conservación.
Recordemos que solo 1/5 parte del territorio es área protegida. Las áreas protegidas del país conservan muy poco de la riqueza de biodiversidad. Las medidas del gobierno los decretos supremos apuntan a flexibilización medioambiental.
Varias de las áreas protegidas del país tienen una doble categoría son parques nacionales y TCO, entonces hay una flexibilización en ambos temas. Por eso no hay estudios de impacto ambiental previo a las actividades hidrocarburíferas y a las consultas.(ANF)
Fuente: Agencia de Noticias Fides "ANF"
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