“No parece realista”, el cumplimiento de metas gananciales para gobernaciones, municipios y universidades, trazado por la ley de nuevos incentivos, previno este lunes el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, tras conocerse que el presidente Evo Morales ya promulgó la cuestionada legislación.
Por esa eventualidad, “las promesas de rentas extraordinarias para los gobiernos sub-nacionales y, más aún, la devolución acelerada de sus aportes sólo estarían motivadas por la necesidad de obtener la aquiescencia de las autoridades de esas instituciones”, afirmó el CEDLA.
La lógica de esta nueva política, señaló también, sería el ofrecimiento de nuevos precios y el incremento de las ganancias netas de las transnacionales para promover nuevas inversiones en el sector.
Se orienta “a fijar incentivos adicionales a la retribución que reciben actualmente, reiterando el razonamiento que llevó al gobierno hace cinco años (2010) a intentar el incremento del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) —conocido popularmente como ‘gasolinazo’— para financiar un precio más elevado en favor de las empresas”.
Este criterio se impuso, finalmente, recordó el Centro de estudios, con el Decreto Supremo 1202 del año 2012, por el que se paga actualmente un incentivo adicional —en forma de Notas de Crédito o NOCRES— de 30 dólares por barril de petróleo crudo.
A TODO VAPOR
Tan rápido como la sanción de la ley para la segunda reelección consecutiva del Presidente, la abrumadora mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa sancionó en menos de seis semanas el plan del Ejecutivo para otorgar unos 2.890 millones de dólares (MM$us) en incentivos a las multinacionales petroleras hasta el año 2015 a fin de intensificar la extracción de hidrocarburos y su monetización para el gasto estatal en los siguientes diez años.
El jueves 12 de noviembre, el mandatario urgió a los legisladores sancionarla “lo más antes posible” y ese mismo día la Cámara de diputados la aprobó “en grande” remitiéndola al Senado que la sancionó la madrugada del 9 de diciembre.
Pero “ya la ley ha sido firmada por el Presidente. Ley firmada es ley promulgada y, por lo tanto, eso se acata. No hay margen de discusión, de deliberación”, reveló este domingo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por lo que la promulgación en Palacio de Gobierno habría ocurrido, sin el ritual masivo y teletransmisión directade costumbre, entre el jueves y domingo últimos.
La denominada ley 319 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera establece un fondo promocional (FPIEEH)por unos 2.890 MM$us a financiar con el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Tantos los incentivos como el fondo, fueron rechazados por diversos gobiernos subnacionales, entre ellos, las gobernaciones de Santa Cruz y La Paz, que junto al alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, criticaron el recorte de los recursos de hidrocarburos, ya reducidos en 39 % por la crisis de las cotizaciones del petróleo y del gas, éstas últimas derribadas en casi la mitad de los 10 y 9 dólares que registraban el año pasado.
Quintana había anunciado que el aporte de las gobernaciones, alcaldías y universidades al fondo sería “voluntario”, pero el ministro de Hidrocarburos,Luis Carlos Sánchez, desmintió esa posibilidad aseverando que era de cumplimiento total y obligatorio.
El conjunto de incentivos, según el CEDLA, acaba revirtiendo en gran medida los resultados de la reforma impulsada por la Ley 3058 y la denominada “nacionalización” —el incremento del excedente apropiado por el Estado—, pues, por un lado, mejora la retribución a las empresas operadoras de hidrocarburos que resulta mayor, inclusive, que el precio internacional.
Por otro amplía el incentivo a la producción de condensado asociado al gas natural, con lo que incentiva el agotamiento acelerado de las reservas probadas.
Por último, facilita el ingreso de la inversión extranjera con nuevas modalidades de contratos y mayores facilidades en su trámite y aprobación.
MAYORES GANANCIAS PARA TRANSNACIONALES
En general, la Ley 319 mejora la retribución a las empresas operadoras de hidrocarburos que resulta mayor, inclusive, que el precio internacional, advirtió asimismo el análisis del Centro de estudios, suscrito por el economista Carlos Arze.
“Si tomamos en cuenta el actual escenario de caída del precio internacional del petróleo hasta niveles cercanos al precio “congelado” del mercado interno —27,11 dólares por barril—, podemos afirmar que el gobierno ya está pagando en la actualidad —bajo la combinación del precio oficial y el incentivo en papeles— un precio mayor al vigente en el mercado internacional”.
Las ganancias que obtienen las empresas resultan así más elevadas que las que obtendrían con un precio interno similar al internacional, bajo las condiciones del régimen tributario nacional vigente.
Por ejemplo, explicó Arze, con la aplicación estricta de la Ley 3058, con un precio de 27,11 $us por barril, el operador recibiría 13,56 $us después de descontando el 50% por concepto de IDH y Regalías, monto que se denomina Retribución del Titular y del que se descuenta los costos y las utilidades.
Pero con el DS 1202 vigente hasta implementar la nueva ley, el monto de la Retribución se eleva a 43,56 resultante de la suma de 30 $us adicionales netos (no pagan IDH) a los iniciales 13,56 $us.
Paradójicamente, con este resultado, enfatizó, el Estado que recibe 13,56 $us (y hasta aproximadamente 19 dólares si sumamos el impuesto a las utilidades) por cada barril producido, paga 30 $us como incentivo.
Ello significa una devolución parcial de la renta hidrocarburífera a las transnacionales —su financiamiento, aunque fuera con notas de crédito, se descuenta de la renta fiscal— y constituye un retroceso respecto a la reforma de la Ley 3058 de 2005.
GAS: MAS VENTAS, MENOS RESERVAS PROBADAS
Con la nueva legislación se incentivaría, indirectamente, la producción masiva de gas natural a la que, indefectiblemente va asociada la producción de condensado.
“Estos incentivos incitarían al incremento de la producción de gas natural y acelerarían el agotamiento de las actuales reservas probadas”.
Con ello, se modifica la intención de las anteriores experiencias de incentivar la producción de petróleo crudo y se incentivaría, indirectamente, la producción masiva de gas natural a la que, indefectiblemente va asociada la producción de condensado, aseveró el análisis CEDLA.
Con la nueva Ley de Incentivos la cobertura se amplía a condensado adicional y al condensado nuevo.
Con todo, lo más preocupante es que el incentivo proyectado favorecerá más la producción creciente de condensado, antes que la producción de petróleo a partir de nuevas reservas descubiertas y desarrolladas, debido a la participación dominante del condensado en la estructura de la producción de hidrocarburos líquidos (casi 70%) y a que en las propias proyecciones gubernamentales se prevé el incremento de las reservas de gas natural y, consecuentemente, de condensado asociado, antes que el descubrimiento de reservas comerciales de petróleo crudo
PRESUPUESTOS REGIONALES REDUCIDOS
El TGN, los gobiernos sub-nacionales, las universidades y el Fondo Indígena, verán mermados sus presupuestos de ingresos por concepto de IDH debido al aporte para conformar el FPIEEH, que establece para cada uno el proyecto de ley de incentivos, añade el estudio.
“Implementando el aporte acabarían reduciéndose en 50% respecto a lo presupuestado por el mismo concepto el pasado año, con los consiguientes efectos cobre la capacidad de dichas instituciones para afrontar sus compromisos de inversión y de gasto”.
Fuente: periódico digital "ERBOL"
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