El ejecutivo dijo que para el caso boliviano, donde rige el contrato de servicios de riesgo, el riesgo exploratorio recae únicamente para el lado del privado, pues si es que existe descubrimiento de hidrocarburos, empieza a funcionar el modelo de contrato de renta compartida, pero si no existe el descubrimiento, ahí termina la relación. “El riesgo lo asume el privado”, remarcó.
Mencionó que el modelo económico de Bolivia en la administración de hidrocarburos considera la valorización de hidrocarburos que es cuando el Estado recibe los recursos por la venta de los mismos, de donde se pagan regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), luego se ajustan los costos recuperables que pueden ser por exploración, explotación, desarrollo y abandono, previa a la aprobación de YPFB.
“Me animaré a decir que tenemos una serie de contratos de operación; el más conocido es el de Caipipendi donde están los campos de Margarita y Huacaya que alcanzan a garantizar ganancias entre YPFB y Repsol, o el titular del contrato, pero con el resto de contratos no llegamos a la valorización de hidrocarburos, no compensamos los costos, la pérdida la asume la empresa. Es decir que solo se distribuye ganancias y no pérdidas”, señaló.
La información la proporcionó Mariaca a semanas de realizarse el Foro de Países Exportadores de Gas en la ciudad de Santa Cruz, donde el Gobierno ofrecerá un atlas para poner en subasta 80 áreas priorizadas para la exploración hidrocarburífera.
Costos recuperables
Repsol Bolivia con datos oficiales señaló que en el periodo 2007 a 2015, la valorización de los hidrocarburos fue de 38.000 millones de dólares, de los cuales por regalías y participación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos se destinó el 51% para el Estado.
“Los costos recuperables han estado en el orden de 6.000 millones de dólares en este periodo (2007-2015), y a partir de ahí se tiene la ganancia a distribuir entre el titular y YPFB que fue de 12.000 millones de dólares; se ha distribuido $ 5.000 millones para YPFB y 7 mil millones de dólares para los titulares, y de la participación del titular entre impuestos, patentes y otro tipo de erogaciones se llegó a 4.500 millones de dólares”, explicó Mariaca.
En cuanto al Decreto Supremo 3278 que reglamenta el procedimiento para el pago de los costos recuperables, que permite a las empresas petroleras recuperar los gastos en los que incurre en nombre del Estado, el jefe de la Unidad de Negocios, Diego Díaz observó una excesiva carga burocrática en el procedimiento de supervisión, fiscalización y aprobación por parte de YPFB.
“Hemos identificado nuevas cargas burocráticas en el decreto, porque tenemos proyectos prioritarios que debemos viabilizar para ser capaces, de la mano de YPFB, de llevarlo adelante. Es decir que se lo haga con eficiencia, que en lugar de 5 ó 7 años sea en 2 ó 3 años”, dijo Díaz.
Los costos recuperables según Díaz se destinan como pago a terceros por la adquisición de bienes y servicios y representan el 15% del total de la torta.
La gerente Comercial, Leticia Dipinto, señaló que YPFB antes de aprobar los costos recuperables realiza una serie de revisiones a los gastos realizados, interviene en procesos de contratación al punto de tener la potestad de dar la palabra final e incluso realiza auditorías a los estados financieros.
En la relación contractual entre Repsol Bolivia y el Estado, dijo que también se contempla los costos de abandono, pues una vez que se termina la producción de hidrocarburos en determinado campo por tratarse de recursos no renovables, la empresa debe desmantelar el campamento y hacer trabajos de reparación.
Fuente: Agencia de Noticias Fides "ANF"
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