Entre junio y septiembre, la planta separadora de líquidos Río Grande, ubicada a 61 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, opera en un 83 por ciento en relación a su capacidad instalada, que es de 361 toneladas métricas por día (TMD) de Gas Licuado de Petróleo (GLP), informó Víctor Hugo Áñez, representante de la Gobernación de Santa Cruz ante el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En base a datos de la Secretaría de Energía, Mina e Hidrocarburos de la Gobernación cruceña, Áñez indicó que la producción de GLP en junio fue la más reducida en dicho periodo, pues solamente llegó a un promedio de 245 TMD. En julio y agosto, el promedio se incrementó a 321 y en septiembre pasó a 310.
Áñez mencionó que entre el 9 de mayo y el 11 de junio, la planta estuvo paralizada y que, según la información de la petrolera estatal YPFB, este paro obedeció a un mantenimiento operativo programado en cada cierto tiempo de funcionamiento. Sin embargo, aseguró que la producción del carburante es estable y superior a la demanda interna. “Toda la capacidad que se tiene en cuanto a GLP está por encima de la demanda (interna) que tenemos, por eso estamos buscando mercados afuera para exportar”, indicó.
Los Tiempos buscó la postura de YPFB en relación a la producción de GLP en la planta de Río Grande a través de un cuestionario, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
En una declaración anterior, el presidente de la estatal petrolera, Óscar Barriga, informó que el promedio de la producción nacional de GLP, entre las plantas de Gran Chaco y Río Grande, supera las 600.000 toneladas métricas por año. De esta cantidad, el 70 por ciento es destinado al mercado interno y el 30 por ciento para la exportación, pues en la actualidad Bolivia vende GLP a Perú y Paraguay.
Por otro lado, Áñez indicó que la Secretaría de Energías, Mina e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz no cuenta con la información referente a la producción actual de Gas Natural Licuado (GNL) que también es producido en la planta de Río Grande con la finalidad de distribuir gas domiciliario a poblaciones alejadas.
Este proceso de distribución consiste en reducir en 600 veces el volumen de GNL por medio de la utilización de cisternas criogénicas, mismas que transportan el carburante hasta las estaciones satelitales de regasificación, ubicadas en poblaciones intermedias donde el gas recupera su estado original y es distribuido a modo de gas domiciliario.
Según datos oficiales divulgados por YPFB durante la inauguración de la planta, la capacidad de producción de GNL es de 210 TMD, cantidad que es distribuida a 27 poblaciones lejanas a los gasoductos convencionales. No obstante, Áñez señaló que algunas de estas 27 zonas cuentan con las estaciones satelitales instaladas e inauguradas, pero que hasta la fecha no existe la distribución a los domicilios.
La información solicitada por este medio a Yacimientos en relación a la producción de GNL en la planta de Río Grande tampoco fue proporcionada.
La planta de Río Grande inició operaciones en agosto de 2013.
LÍOS LABORALES
En agosto pasado hubo una protesta impulsada por un grupo de trabajadores de la empresa argentina Bonnet que derivó en el bloqueo del ingreso y salida de camiones cargados con GLP y gasolina de la planta de Río Grande.
El problema surgió porque Bonnet, en calidad de contratada por YPFB para la construcción de un campamento permanente en el interior de la planta, incumplió con el pago de salarios y beneficios sociales a sus trabajadores. La medida de presión permaneció durante tres días y finalmente los trabajadores recibieron el compromiso de pago con previa mediación de ejecutivos de Yacimientos.
OBSERVAN COMPRA DE TURBINA
Víctor Hugo Áñez informó que en la última reunión de directorio de YPFB se solicitó la autorización para la compra de una turbina con un costo aproximado a 32 millones de bolivianos para reemplazar a una que se encuentra en la planta de Río Grande y que es utilizada en la producción de GLP. Este equipo ingresará a un proceso de Overhaul, en mantenimiento regenerativo que se realiza después de las 30.000 horas de funcionamiento.
Según Áñez, no hubo una satisfactoria explicación técnica para sustentar la compra del nuevo equipo, por lo que solicitará una auditoría técnica y administrativa que permitan determinar, primero, si existe un informe que justifique el costo-beneficio de la adquisición de la nueva turbina en relación a la capacidad instalada de producción de GLP. Segundo, si es que el alquiler de una turbina con similares características resultaba a menor costo y o si se puede esperar la finalización del Overhaul. Y tercero, si es necesario determinar responsabilidades sobre “quién esperó a que se llegue a las 30.000 horas para hacer un cambio”.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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