Si bien hubo cambios en el texto del proyecto del nuevo Código Penal, luego de la segunda reunión entre personeros del sector privado y autoridades legislativas, todavía quedaron pendientes de definición algunos artículos que fueron observados por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), como el referido a las sanciones penales por la incursión ilegal de grupos organizados sobre las propiedades agrícolas.
Según opinaron Ciro Añez y Fabio Joffré, del Estudio Jurídico Ciro Añez Abogados, y que ofician de asesores de la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO, las sanciones incorporadas al proyecto de ley son menores a las planteadas por el sector.
DUREZA
Ambos juristas cuestionan las penas mínimas por los denominados “avasallamientos” y plantearon que las mismas sean más ejemplarizadoras. Por ejemplo, en el proyecto plantean que por ese delito las penas de privación de libertad deben ser de 2 a 8 años, pero el sector empresarial planteó de 5 a 10 años, y cuando la figura sea agravante, la privación de libertad debiera ser de cinco a 12 años.
TRÁFICO DE TIERRAS
En el caso del tráfico de tierras, el proyecto plantea penas de 2 a 8 años, pero el sector empresarial sugirió de 5 a 12 años, debido a que los autores deberán previamente pensar en las consecuencias y sanciones de la norma, antes de incurrir en el delito.
Los asesores de la CAO consideran que si son penas menores, la situación cambiaría y podrían recrudecer las inconductas.
La sanción estaría dirigida -dijo Añez- a aquellas personas que ingresan a predios privados y luego de imponer arbitrariamente el control de las tierras, proceden a comercializar los bienes bajo su ilegal dominio.
ABIGEATO
El sector privado sugiere, asimismo, aumentar las penas por abigeato (robo de ganado) de 4 a 10 años, con la agravante de 6 a 12 años, mientras el proyecto plantea penas menores y considera la figura de abigeato menor, que en criterio de los juristas no debería ya implementarse, porque estaría consignado en la agravante.
ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO
Por su parte, Joffré sugirió que en el tema de enriquecimiento, los términos debían ser muy claros para ser aplicados y aprovechar este proceso para corregir lo establecido en la Ley 004, en cuya norma se señala que el imputado debe justificar la legalidad de sus ingresos, lo cual no sería coherente.
AVANCES
A pesar de las consistencias del proyecto de ley, ambos juristas coincidieron en que se avanzó en la modificación de algunos artículos, pero esperan que las sugerencias y observaciones planteadas sean tomadas en cuenta por la comisión que redacta el documento.
Ambos anticiparon que las observaciones y planteamientos interpuestos sólo podrán verse en el texto final, debido a que los encargados del tema aceleran el trabajo para concluir con el proyecto a la brevedad posible.
Fuente: periódico "El Diario"
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