Al menos siete empresas extranjeras de tres países que tienen bajo su cargo 13 proyectos de diferentes características afrontan observaciones por irregularidades en los procesos de adjudicación, deficiencia en las obras e incumplimiento de normas laborales.
Los proyectos fueron adjudicados por licitación pública, llave en mano e invitación directa.
Entre los proyectos que dirigen las siete empresas extranjeras figuran megaobras como el tren bioceánico, las hidroeléctricas San José y Miguillas y la doble vía El Sillar. También figuran seis proyectos carreteros de menor envergadura y la fabricación de taladros de perforación para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Las firmas españolas, entre ellas Corsán y Joca (asociada con Molinari) concentran alrededor de 1.215,8 millones de dólares. Por otra parte, las empresas chinas Sinohydro, Hardzone, Camce e Hydrokunming–Xuanwu ejecutan alrededor de 1.791,8 millones de dólares. La firma italiana Drillmec se adjudicó la fabricación de tres taladros por 148 millones de dólares.
Según el presidente de Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Rodrigo Crespo, los problemas que se presentan con algunas empresas extranjeras que se adjudicaron obras en Bolivia derivan “de propuestas técnicas y económicas no sustentables”.
Crespo explicó que el problema frecuente y común entre las firmas chinas es la vulneración de los derechos de los trabajadores y normas de seguridad laboral, mientras que en las empresas españolas corresponde analizar varios aspectos.
“Es igualmente importante analizar otras situaciones, por ejemplo, si los avances financieros corresponden o están en proporción a los avances físicos de la obra; es decir, si los contratantes están cumpliendo con los pagos correspondientes a la empresa”, indicó Crespo.
Por su parte, el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Construcción de Cochabamba, Julián Rocha, explicó que los problemas más frecuentes de los proyectos de infraestructura vial son el incumplimiento de normas laborales y la demora en el pago de los salarios.
Añadió que en algunos de los casos existen políticos relacionados con el Gobierno que asesoran mal a las empresas extranjeras para coadyuvar en el cumplimiento de normas.
Irregularidades
La semana anterior, a raíz de irregularidades y denuncias, el Gobierno rescindió dos contratos con la empresa española Isolux Corsán Corviam y agilizó la ejecución de las boletas de garantía por los proyectos de Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura por 151 millones de dólares.
Paralelamente, se desató una polémica por las irregularidades denunciadas en la adjudicación de la fabricación de tres taladros a la firma italiana Drillmec y la decisión del Ministerio de Justicia de dejar fuera de la investigación al presidente de la empresa estatal YPFB, Guillermo Achá.
EL VICEMINISTRO TRIGOSO INFORMÓ QUE HAY MUCHA DOCUMENTACIÓN
Taladros: Achá no está “exonerado”
El viceministro de Transparencia, Gonzalo Trigoso, afirmó ayer que si bien el presidente de YPFB, Gonzalo Achá, no figura entre los denunciados en el caso de la compra irregular de taladros, eso no significa que esté “exonerado” de cualquier posible denuncia e investigación, debido a que todavía existen otros documentos sobre el caso que están siendo evaluados.
“Tenemos otra cantidad de documentación que vamos a evaluar en estos días. El Ministerio Público, con la documentación que tiene, hará su análisis y si resulta que hay aunque sea un solo documento que involucre al señor Achá u otras personas, todas van a ser incorporadas en el proceso penal”, aseveró ayer el viceministro en entrevista con los medios estatales.
El Ministerio de Justicia y Transparencia presentó el 18 de abril pasado una denuncia formal ante la Fiscalía General contra 15 funcionarios de YPFB entre ellos del Vicepresidente de Administración de Contratos y un representante de la empresa italiana Drillmec por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación y adjudicación de Drillmec para la fabricación de tres taladros por un valor de 148 millones de dólares.
La empresa italiana en un comunicado aseguró que la orden de proceder para la fabricación de los taladros fue emitida por Achá en un acto administrativo que refleja la transparencia y legalidad del proceso para la adjudicación del contrato.
“No hay ninguna persona protegida, nunca se intentó hacer aquello. Queremos que la justicia sancione a quienes son los responsables”, enfatizó Trigoso.
Fuente: periódico "Los Tiempos"
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