El daño económico inferido al Estado por la "acción irregular de algunas prefecturas" supera los 200 millones de bolivianos (poco menos de 300 millones de dólares), informó el domingo la ministra anticorrupción, Nardy Suxo.
"Entre todas las prefecturas denunciadas, el daño económico al Estado alcanza a más de 200 millones de bolivianos", declaró la ministra de Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción a la radio y televisión estatales.
Agregó que los prefectos que causaron mayor daño son Leopoldo Fernández (2006-2008), de Pando, detenido preventivamente en el penal de San Pedro, formalizado por la matanza de campesinos amazónicos en la localidad de Porvenir, en setiembre de 2008, y candidato a la Vicepresidencia en los comicios de diciembre.
En la lista negra de Suxo también aparece el prefecto revocado de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, devenido candidato a la primera magistratura del país.
También Mario Cossio, de Tarija y Ernesto Suárez, de Beni.
"Contra Leopoldo Fernández hemos presentado cuatro denuncias, dos tienen proposición acusatoria y están a la espera de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia remita a conocimiento del Congreso nacional y, las otras dos, ya están en el Congreso para que dé la autorización correspondiente", precisó.
"Esperamos que el Congreso y Corte Suprema den celeridad a estos casos", apostilló.
Respecto al daño económico inferido por Reyes Villa, dijo que "tiene que ser calificado por el Ministerio Público".
"Nosotros hemos presentado algunas denuncias, como el tema de las movilidades (suntuarias adquiridas por Reyes Villa en tanto prefecto de Cochabamba), con algún monto de referencia. Otros casos son de obras que el señor Reyes Villa ha presentado como obras concluidas y en muchos casos no han servido (en el orden funcional) ni un solo día".
"Esto debe calificarse a través de peritaje", urgió.
También implicó al prefecto de Tarija, al que ya hubo acusado por irregularidad en la ejecución de obras, compra de insumos y materiales y avances de cuenta en obras que apenas inauguraron.
"El prefecto de Tarija, Mario Cossío, tiene tres proposiciones acusatorias que simplemente están a la espera de que se inicien los juicios", apuntó.
También mencionó, de refilón, al beniano Suárez, entre las autoridades en vigencia, cesadas y revocadas cuyas acciones administrativas provocaron daño económico al país.
Con relación al retraso en las investigaciones del Ministerio Público, explicó "nosotros hemos propuesto que se formen comisiones especiales de fiscales para realizar estas investigaciones".
De momento no hay un explicación clara y contundente sobre el retraso", remarcó.
Fuente: periódico "El País" Tarija-Bolivia - 28/09/2009
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