La presencia de los interventores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en los surtidores Ángel Sandóval (San Matías) y San Pedro del Norte, propiedad de Marcelo Limón, según Gustavo González, director departamental de la institución, se puede extender hasta dos años.
“De acuerdo con el reglamento vigente, en primera instancia, un interventor puede estar hasta un año y en caso de que se considere propicio o pertinente, se puede ampliar un año más. Eso es relativo y está sujeto a condiciones emergentes del momento”, explicó González.
El funcionario recordó que esta medida se tomó porque se comprobó que en esas zonas existía un desa-bastecimiento continuo.
Al respecto, Alberto Jorge Franco, abogado de Limón, remarcó que eso no es cierto y que el único resposanble por la falta de carburante es YPFB, porque de forma unilateral decidió cortar el envío de gasolina y diésel.
Al respecto, González recordó que esta medida se tomó porque el empresario Marcelo Limón no pagaba los cupos que retiraba del Distrito Comercial Oriente de YPFB.
En cuanto al despido de los trabajadores de los surtidores, el funcionario de la ANH dijo que es decisión de cada interventor.
En cuanto al avance de esta causa, la fiscal de Distrito, Arminda Méndez, nuevamente fue cauta en brindar detalles y cuando se le preguntó sobre un inicio de juicio de parte de los abogados de Limón por daños y perjuicios (en alusión a sus surtidores intervenidos), Méndez criticó esta medida y subrayó que éstas son estrategias legales que buscan perjudicar al Estado, pero que no cuentan con ningún respaldo jurídico.
El fiscal anticorrupción, Alberto La Torre, responsable de la investigación de la supuesta estafa a YPFB por Bs 2,3 millones por parte del empresario Limón, evitó dar detalles.
Fuente: periódico "El Deber" Santa Cruz-Bolivia - 31/03/2010
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