Ocho recomendaciones para el Poder Ejecutivo y las prefecturas de Chuquisaca y Potosí, resumen el trabajo emprendido por el Defensor del Pueblo a partir de la investigación de oficio realizada respecto a la situación de los derechos humanos de los habitantes de las riberas del Río Pilcomayo. El informe fue presentado ayer, en Sucre, por la Defensora Rielma Mencías.
El estudio, planteado por la representación defensorial regional, se realizó con la intención de conocer si la contaminación minera sigue afectando las condiciones de habitabilidad de los pobladores de las riberas del Pilcomayo en Chuquisaca, el acceso y uso de los recursos naturales así como la salud y el medioambiente.
Tras pruebas de campo practicadas y sobre la base de varias actuaciones realizadas anteriormente en el Departamento por diferentes entidades, el estudio ratifica la contaminación y la afectación a los derechos humanos de los ribereños.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la cual recomienda a los ministerios de la Presidencia, Medio Ambiente y Agua, Salud, Justicia, Minería y Metalurgia diseñar una política pública integral, sostenible y efectiva sobre medio ambiente y derechos humanos; también sugiere reorientar un Plan Sectorial de Minería, la Política Ambiental Quinquenal y el proyecto de Ley de Minería.
Se recomienda además que normen reglamentos estrictos y austeros en materia de contaminación hídrica.
También se plantea generar proyectos y programas de investigación científica sobre enfermedades ambientales y conocer los resultados alcanzados sobre gestiones internacionales y jurídicas.
Finalmente, a las prefecturas de Chuquisaca y Potosí también se les recomienda volcar sus esfuerzos para mitigar la contaminación y hacer un seguimiento de la contaminación y de sus efectos.
Fuente: periódico "Correo del Sur" Sucre-Bolivia - 24/03/2010
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