Luego de que el prefecto Mauricio Lea Plaza alertara que el gobierno nacional busca modificar la distribución del IDH, autoridades nacionales confirmaron que se está trabajando en una normativa que permita la redistribución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la misma que previo a su aprobación será consensuada con los gobiernos y asambleas departamentales.
El objetivo, según fuentes gubernamentales, será fortalecer las nuevas competencias autonómicas. Sin embargo las autoridades regionales ya advierten rechazo a esa intención si implicara disminución de ingresos departamentales, mientras se anunció la pronta convocatoria a una "cumbre" regional para analizar el tema y asumir una posición al respecto..
Raúl Prada, responsable de la Comisión de Modelo Fiscal y Modelo Económico del Gobierno Nacional explicó que está trabajando en la Ley Marco de Autonomías y en el manejo y tratamiento financiero que requerirán las autonomías. En ese sentido, indicó que es indispensable asumir la responsabilidad de financiar el proceso autonómico y las competencias que se darán a partir de su implementación.
“En ese sentido se está estableciendo ciertos conceptos, normas y reglas que tienen que ver con el tratamiento de las competencias teniendo en cuenta la facultad gobernativa y la facultad legislativa que van a tener las propias autonomías”, explicó Prada.
Por otra parte, el funcionario recalcó que el país vive cambios importantes, en sentido de que se está ingresando a un Estado Plurinacional, comunitario y autonómico, por ese motivo, se requieren cambios en el modelo fiscal, sobre todo por que se deben atender nuevas competencias exclusivas y compartidas.
Si bien la Constitución Política del Estado define algunas competencias autonómicas, Prada aclaró que falta establecer las nuevas obligaciones de los gobiernos departamentales y el nacional, lo cual requiere un esfuerzo fiscal.
El responsable de la Comisión de Modelo Fiscal y Modelo Económico del Gobierno Nacional aclaró que las regalías petroleras no serán tocadas, ya que las mismas están constitucionalizadas. En el caso del IDH, Prada admitió que requieren una ley, aprobada por la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, para realizar una redistribución de esos recursos.
Prada aseguró que el Gobierno ya está trabajando en este tema, sin embargo, aclaró que previo a su tratamiento iniciarán un proceso de consenso con los gobiernos y asambleas departamentales.
“Por el momento sólo hay ejercicios, por que antes de ponerlo en debate debemos generar un acuerdo con el Consejo Autonómico y todas las instancias respectivas. Este es un tema que hay que discutirlo, por que ya hay un monto determinado que debemos repartirnos si queremos una verdadera descentralización”, agregó.
Cabe recordar que no es primera vez que el Gobierno Nacional habla de redistribuir el IDH. Según se conoce la propuesta gubernamental apunta a redistribuir el 4% del IDH a las regiones productoras, el 2% a cada departamento no productor y un porcentaje no definido se destinará al Fondo de Inversiones Hidrocarburíferas, en tanto el saldo se repartirá entre los pueblos indígenas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Si bien existe una propuesta, Prada recalcó que será la Asamblea Legislativa la encargada de aprobar dicha norma. Por lo que recomendó a los partidos políticos no utilizar ese tema como parte de su campaña política, ya que lo único que se logrará es generar susceptibilidad en las regiones.
“No son temas de campaña o de especulación, sino estratégicos que deben ser tratados por el Estado y que será una clave para sostener competencias autonómicas”, agregó Prada.
Luego de conocer la posibilidad de redistribuir el IDH, la presidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza, en una entrevista realizada por PLUS Radio, enfatizó que la institución no permitirá más recorte de los recursos económicos regionales.
De ser necesario aseguró que iniciará una huelga de hambre en la casa cívica, pues es consiente de que no es el momento de hacer movilización como bloqueo o paros cívicos, debido a la coyuntura política que generará las elecciones del 4 de abril.
“No vamos a permitir que al departamento se le haga un solo recorte más a sus recursos económicos, nos vamos movilizar pacíficamente, iniciando una huelga de hambre”, aseguró.
Entre tanto las autoridades departamentales están alertas en torno a este tema. El prefecto del departamento, Mauricio Lea Plaza, en pasados días advirtió que el Gobierno Nacional no sólo está debatiendo los cambios que tendrá la nueva Ley de Hidrocarburos, sino que también analiza la posibilidad de cambiar el régimen de participación de los departamentos en la renta petrolera, concretamente del IDH.
“Las regalías están constitucionalizadas, pero yo quiero alertar al departamento, que estén muy atentos, por que se está queriendo cambiar el régimen de participación. Va a ser muy importante que como departamento tengamos una postura de cara a la nueva Ley de Hidrocarburos”, señaló Lea Plaza a tiempo de anunciar que la Prefectura de Tarija convocará a una cumbre energética hidrocarburífera con el objetivo de fijar una postura regional de cara a la nueva Ley de Hidrocarburos. “Creo que la postura debe ser que se respete el porcentaje de participación de los departamentos productores”, agregó.
Actualmente el departamento de Tarija, como región productora de gas, recibe el 4% de los recursos del IDH. De acuerdo a los informes financieros del Gobierno Departamental, en la gestión 2006 ejecutó 250.020.729 bolivianos por concepto de IDH, el año 2007 ejecutó 273.408.305 bolivianos. En la gestión 2008 ejecutó 154.725. 013 bolivianos y en la gestión 2009 ejecutó 117.895.111 bolivianos de los recursos del IDH.
DISTRIBUCIÓN INTERNA
Sobre los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el secretario de Finanzas de la Prefectura, Marcelo Cassab, explicó que efectivamente la región recibe un 4 por ciento, sin embargo el Gobierno Departamental sólo administra un 17% del total de ese monto.
Cassab detalló que el 4% corresponde a las regiones productoras de gas natural. De ese porcentaje a interior del departamento se distribuye entre la Prefectura, con un 17,1 por ciento, municipios, con un 47 por ciento, universidad, con un 8.6 por ciento y Renta Dignidad, con un 27,4 por ciento.
En el caso del 17 por ciento que administra la Prefectura, están destinados a los sectores de educación, salud, caminos, desarrollo productivos y generación de fuentes de empleo.
“Una nueva afectación a los ingresos departamentales sería muy complicado sostener programas como el SUSAT, el Bebé Churo y Sanito o el PEU”, advirtió Casab.
Ese 17% del IDH, en recursos significó 92 millones de bolivianos en pasado año, en la gestión 2008 fueron 118 millones de bolivianos y en la gestión 2007, 173 millones de bolivianos. Es decir, que los ingresos se redujeron paulatinamente.
“Las regalías no se van a tocar por que están constitucionalizadas. El resto se puede tocar, por que no está constitucionalizado, el IDH, las reformas tributarias, la posibilidad de desarrollar impuestos departamentales, obviamente defendiendo los intereses del ciudadano”.
Fuente: periódico "El Nacional" Tarija-Bolivia - 29/1/2010