La empresa india Jindal Steel & Power aún no modificó la reducción del 45,9 por ciento que hizo en el monto de inversión que presentó a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM). El Gobierno anuncia que exigirá que se cumpla el compromiso de 1.500 millones de dólares de inyección de capital durante los primeros cinco años , pues está señalado en una ley.
Un medio local informó ayer del arribo al país del Directorio de la Jindal entre el 22 y 23 de enero para la aprobación del plan de inversiones, pero el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, en declaraciones a los medios de comunicación, dijo que no tiene información oficial sobre esa visita. “Esperemos que lleguen para zanjar los problemas emergentes de la propuesta de inversión de la Jindal y empecemos los trabajos de inversión mayor”.
Respecto de las inversiones declaró: “Les hemos explicado (a Jindal) en una reunión anterior que ellos tienen que adecuarse (al contrato), han dicho que sí, esperemos que haya una materialización de esa aceptación”.
Añadió que la empresa extranjera tiene que cambiar su propuesta porque “ellos unilateralmente no pueden (cambiar), ni siquiera en acuerdo con el Gobierno, porque eso (el monto de inversión) está definido en una ley”. El 2 de diciembre del año pasado, La Prensa informó que la Jindal entregó al Gobierno un plan de inversiones en el que propone ejecutar sólo 812 millones de dólares de los 1.500 millones de dólares comprometidos en el contrato de riesgo compartido que firmó con el Estado, el 18 de julio de 2007, para la explotación del yacimiento de hierro del Mutún. El documento tiene rango de ley.
Jindal argumentó que encontró fósforo mezclado en el hierro, lo que le obliga a cambiar de tecnología para la reducción del hierro esponja que les permitiría entrar en la industrialización. Los 1.500 millones de dólares deben dividirse en 300 millones anuales en los primeros cinco años.
A la fecha se desconoce el monto exacto de las inversiones hechas a pesar de que, según información del Gobierno, el plazo del contrato empezó a cumplirse desde mayo de 2009, fecha en que el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, entregó simbólicamente la propiedad a la compañía.
Echazú recordó que recién a los dos años el Órgano Ejecutivo puede ejecutar las boletas de garantía de correcta inversión, pero la compañía está dentro de esos plazos, aún no existe la “necesidad” de ampliar el margen que se cumple en mayo de 2011, pero tampoco cerró la posibilidad de hacerlo para que Jindal ejecute su inversión.
El monto del contrato no se puede modificar porque es una ley.
El fiscal apunta sólo a Dalence
El fiscal Prudencio Flores aseguró que “el único responsable” en las negociaciones por las tierras del proyecto Mutún es el ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) Guillermo Dalence. A esa conclusión preliminar llegó el fiscal luego de recibir las declaraciones informativas de los miembros del Directorio de la ESM y empresarios cruceños, entre ellos Oswaldo Monasterios. Añadió que “los empresarios (no dijo el nombre) también han aclarado que hasta el momento no han recibido dinero alguno porque hasta la fecha no han transferido las propiedades, en razón de que su derecho propietario se encuentra en vías de consolidación”. Sin embargo, el Ministerio Público deberá contrastar las aclaraciones de los empresarios cruceños con los documento, y luego evaluar el caso y definir responsabilidades. Dalence fue acusado por el Ministerio de Transparencia por el posible sobreprecio en el monto que pagó el Estado por las propiedades.
El Gobierno anuncia venta de cobre
El ministro de Minería, Alberto Echazú, informó que por la venta de 300 toneladas de cobre metálico producidas en la Empresa de Corocoro se recibirá cerca de 1,8 millones de dólares con la cotización de ayer, de 3,40 dólares la libra fina.
Explicó que el jueves 14 de enero se hizo la licitación del mineral y se espera tener los resultados de la empresa adjudicada en dos semanas. Hasta el momento, entidades coreanas y chinas informaron sobre su interés por el cobre al Ministerio del área minera, pero Echazú dijo que puede haber más propuestas.
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) demoró en ofrecer el producto que se empezó a producir en noviembre, porque esperaba contar con el análisis de calidad del metal que fue hecho en la empresa Alex Stewart, entidad que entregó la certificación de 99,99 por ciento de pureza.
Las ganacias que se obtengan deben ser distribuidas, de acuerdo con la Ley Minera, a la región productora, al departamento donde se encuentra el yacimiento y al Tesoro General de la Nación.
Fuente: periódico "La Prensa" La Paz-Bolivia - 20/1/2010
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