Hasta fines de este mes de enero, el Gobierno central hará conocer una serie de propuestas de redistribución de los ingresos que tiene el Estado, fundamentalmente el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para contar con recursos suficientes que puedan financiar las autonomías, reveló a OPINIÓN Raúl Prada, director General de Normas de Gestión pública y ex miembro de la Asamblea Constituyente.
La Dirección General de Normas de Gestión Pública es responsable de elaborar los proyectos de ley considerados “fundacionales” para la vigencia del nuevo Estado que establece la Constitución Política del Estado.
OPINIÓN (O): Las Fuerzas Armadas han propuesto 15 proyectos de ley para modernizarse, con financiamiento del 3 por ciento del IDH…
Raúl Prada (R.P): Tres por ciento del IDH no es tan complicado. El tema más importante para una redistribución del IDH es el modelo fiscal que tiene que ver con la financiación autonómica. Es la parte más complicada.
El grueso del IDH lo absorben los departamentos, los municipios y las universidades y, ahora, tienen que participar también las autonomías indígenas. No veo tan complicado el 3 por ciento porque no afecta mucho el conjunto del IDH.
Lo que habría que evaluar son las propuestas mismas, las leyes que están proponiendo las Fuerzas Armadas, su pertinencia, su consecuencia con el nuevo Estado plurinacional y autonómico, sus efectos implicadores y habría que evaluar. Lo que importa ahora es que nos abramos paso a un nuevo Estado, una nueva República y un nuevo mapa institucional.
Sería grave que tengamos leyes parecidas a las anteriores y restituyamos el viejo Estado. No sé hasta qué punto las Fuerzas Armadas habrán cambiado de mentalidad. Es indispensable un cambio de mentalidad de las fuerzas Armadas no pueden seguir pensando como pensaban antes, no pueden tener un papel como el de antes ni tener un papel como el de antes. Tienen que cambiar y responder al nuevo Estado.
Las Fuerzas Armadas, ahora, en la Constitución Política están destinadas a la paz no a la guerra. Precisamente se ha constitucionalizado la vocación a la paz. Hay muchas cosas que se han modificado del nuevo escenario dibujado por la Constitución Política del Estado.
O.: Otros sectores beneficiados o no por el IDH también pueden empezar a exigir un aumento en su participación…
R.P.: Lo que tenemos que evitar es volver al prorrateo de antes. Ya no es problema de cuoteo ni de fuerza, sino de un nuevo modelo económico, social y comunitario, un nuevo modelo fiscal que tiene que garantizar las autonomías, de una nueva planificación integral y participativa y de un presupuesto participativo.
El concepto mismo ha cambiado, ya no es como antes, pedir un poco más, un poco menos, ya no se puede hacer así. Todo de manera planificada de acuerdo a los alcances de la gestión pública.
O.: Pero, las Fuerzas Armadas ya presentaron sus proyectos financiados con 3 por ciento del IDH…
R.P.: Están haciendo como siempre y eso no es adecuado. Todos tenemos que aprender a pensar de otra manera, todo se tiene que hacer de manera planificada, participativa y coordinada y armonizada con todos los sectores. No se puede seguir pidiendo como antes, una especie de pugna por conseguir lo que desees, independiente del contexto.
Esas leyes tienen que ser evaluadas no solamente en el marco de las leyes que además no son fundacionales sino específicas. Las leyes específicas se van a tratar después de las seis leyes fundacionales: la ley marco de autonomías, la ley de gestión pública, la ley orgánica del Ejecutivo, la ley orgánica del Legislativo, el Tribunal Constitucional. Esas son las leyes fundamentales que tienen que trazar el panorama, después vendrán las leyes específicas que respondan a este marco de manera muy clara, antes de hablar de porcentajes de participación del IDH.
La forma cómo se diseñe y defina la participación tiene que ser integral y participativa, no puede ser como antes.
O.: ¿Dónde y quiénes toman esa decisión?
R.P.: En el nuevo órgano ejecutivo, en el nuevo aparato ministerial, en el nuevo órgano legislativo. También los nuevos gobiernos departamentales, los nuevos gobiernos autonómicos y las nuevas asambleas autonómicas. El conjunto de estas instancias tienen que definir de manera participativa la planificación y el presupuesto participativo.
Las Fuerzas Armadas tienen que participar en esas instancias que deben discutir la pertinencia de las propuestas que se están haciendo.
O.: ¿Está previsto marginar a algún sector, ahora beneficiado con ingresos del IDH?
R.P.: Está muy complicado eso, porque ya está distribuido el IDH. En la Constitución están establecidas las regalías que no se pueden mover, pero todo lo demás, fuera de las regalías, se puede mover. De acuerdo a una planificación participativa y sobre a la solidaridad y el equilibro entre los distintos niveles autonómicos, necesariamente se va a afectar el IDH, tiene que haber una redistribución.
Pero, esto va a formar parte de una especie de discusión de evaluación conjunta y colectiva. Digo que es complicado primero porque está repartido, segundo que va a depender mucho de una suerte de pragmatismo político en sentido de que va a depender de quiénes salgan gobernadores.
Antes dependíamos de la compulsa entre nivel central y los departamentos de la llamada media luna, ahora ya no. Todos los departamentos han optado por las autonomías, quiere decir que todos los departamentos van a defender sus intereses de acuerdo a sus competencias. Entonces va a ser más complicada la cosa.
Sin embargo, no hay alternativa para pasar al financiamiento de las autonomías sino afectando el IDH. Lo departamentos donde más se va a afectar el IDH son los que en este momento tienen más IDH.
O.: ¿No es tan sencillo como destinar el presupuesto que se asignaba a las prefecturas a los gobiernos autonómicos o gobernaciones?
R.P.: No funciona eso porque ahora el presupuesto hay que hacerlo a partir de las competencias para que estén financiadas. Hay una nueva concepción fiscal basada en las competencias.
Parte de las competencias están financiadas por la actual forma de distribuir el gasto y el presupuesto por transferencias directas e indirectas. Parte ya está de alguna cubierta pero hay competencias que todavía no están cubiertas, hay una especie de déficit y se lo debe cubrir de alguna manera. Primero con una redistribución del IDH y segundo pasando a un modelo productivo. Y tercero, en mucho menor cuantía, por reformas tributarias.
O.: ¿Cuándo se prevé que el tema empezará a ser tratado por el Gobierno?
R.P.: Creo que este tema será tratado casi inmediatamente después de la posesión del nuevo periodo del Gobierno, el nombramiento de los ministros y el trabajo de los asambleístas. Después del 22 de este mes, de manera casi inmediata se tiene que tratar estos asuntos.
De todas maneras estos temas se han tratado en el gabinete y en los ministerios encargados de elaborar los anteproyectos de ley. Se ha tratado de alguna manera y hay ejercicios y dibujos de algunos modelos de lo que podría ser una nueva redistribución del ingreso y del IDH. Hay modelos pero no se los puede asumir sino a través de la legitimidad de las decisiones de la asamblea legislativa plurinacional.
O.: ¿Qué leyes hay que modificar para poner en práctica la nueva estructura?
R.P.: Todas, todas las leyes. No se escapa ni una ley. Lo que pasa es que va a ser un proceso, primero van a estar las leyes fundacionales que llamaremos leyes marco y después van a venir de acuerdo su lógica las leyes específicas, reglamentarias y operativas.
Fuente: periódico "Opinión" Cochabamba-Bolivia - 25/1/2010
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