El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) denunció ayer que el presidente Evo Morales pretende eliminar la consulta indígena para la explotación y exploración de recursos naturales en los territorios originarios.
El apumallku del Conamaq, Rafael Quispe, aseguró que, en la reunión con el Jefe de Estado realizada el martes, éste les dijo que la consulta ahuyenta las inversiones y perjudica la ejecución de obras por lo que no se podrá aplicar.
El senador Del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex secretario ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia Isaac Ávalos aseguró que la consulta directa a los pueblos está establecida en la Constitución pero que debe ser regulada.
Manifestó que hay un problema con la dirigencia de indígenas y campesinos, que se oponen a que los inversionistas construyan escuelas, hospitales o carreteras y prefieren recibir recursos económicos. Opinó que ello parece “sospechoso”, por lo que consideró que esta materia debe regularse.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, no se refirió a los supuestos planes del Gobierno para modificar la consulta indígena, pero aseguró que en la actualidad “siempre se ha consultado” a los indígenas o pobladores para dar inicio a un proyecto y citó como ejemplo el caso de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap).
La Prensa no pudo contactar con el vocero de Gobierno para ratificar si la denuncia de Quispe corresponde a palabras e intenciones del Gobierno.
En el artículo 30 parágrafo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE) se lee: “… se respetará y garantizará el derecho de la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
En enero de este año, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, manifestó que en la anterior gestión la licencia ambiental, la consulta y la participación de organizaciones campesinas y pueblos indígenas en los permisos para la ejecución de proyectos petroleros se constituyeron en un obstáculo para la inversión petrolera. Por ello, en ese entonces anunció modificaciones en la nueva Ley de Hidrocarburos para evitar que esta situación se repita este año.
En este marco, al menos dos compañías, Petrobras y British Gas (BG), han tenido problemas debido a que los sectores sociales exageraron su pedido de indemnización y compensación, lo que postergó el inicio de trabajos.
Las autoridades se refirieron a acortar plazos de la consulta, pero aclararon que debe dialogarse con los actores que se encuentran en las áreas de explotación.
Los habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) anunciaron que se opondrán a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos–Villa Tunari, que atravesará ese parque nacional.
Los guaraníes del Chaco boliviano anunciaron una marcha en contra de la perforación de pozos sin previa consulta.
En el norte de La Paz también existen problemas con los indígenas en los proyectos de construcción de la carretera que atravesará el Parque Nacional Madidi y la explotación petrolera en el área.
Para el secretario ejecutivo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, eliminar la consulta significaría “un autogol” para el Presidente, pues ahora habla de los derechos de los indígenas y con este planteamiento estaría yendo en contrasentido.
Chávez agregó que esta información es una alerta para el sector pero que no llegará a materializarse.
El dirigente de Conamaq pensó que la observación a la consulta indígena era sólo de ministros, entre ellos el de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, “que decía que (la consulta) perjudica las inversiones”, pero no del Mandatario. “Escuchar de la boca del Presidente es preocupante”.
De acuerdo con él, de la postura del Presidente se puede concluir que la consulta indígena sólo fue “una bandera” para lograr la aprobación de la Carta Magna, en enero de 2009.
Ante esta situación, el apumallku anunció que para el sábado y domingo el Conamaq convocará a un ampliado en el municipio de Corocoro, en el departamento de La Paz, para informar a las bases sobre la pretensión gubernamental.
Quispe recordó que en este territorio se levanta el proyecto hidrometalúrgico de cobre, el cual precisamente comenzó operaciones sin la previa consulta a los pobladores y además sin la licencia ambiental que le permita operar legalmente.
El Conamaq, que aglutina a los pueblos originarios del occidente del país, es una organización afín al MAS, pero actúa sin responder a las directivas emanadas del Palacio de Gobierno.
Fuente: periódico "La Prensa" La Paz-Bolivia - 10/06/2010
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