El Gobierno prevé limitar la compensación que los pueblos indígenas reciben de las empresas petroleras por los impactos socioambientales de sus operaciones. Actualmente, el pago resulta de una negociación entre ambas partes y oscila entre 70.000 y 1,6 millones de dólares.
“Ahora no hay montos mínimos ni máximos para compensaciones, eso está sujeto a la negociación entre partes. Lo que se está estableciendo es una propuesta en la que se tenga un mínimo de compensación en función a un porcentaje de la inversión (de la empresa) y un máximo en función a unas variables que tienen que ser evaluadas”, dijo ayer el director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga.
La autoridad precisó que “hay una propuesta más o menos consensuada en la que (la compensación) variaría entre un 0,5% (como mínimo) y un 1,5% como máximo de la inversión (petrolera)”. Aclaró que se trata de porcentajes referenciales que tienen que ser discutidos con los pueblos indígenas y naciones originarias.
Aunque no se tienen cifras exactas, Quiroga afirmó que “hay proyectos donde la compensación ha sido de 70.000 dólares y otras donde ha llegado a un millón 600 mil dólares”.
Mencionó el caso del consorcio franco argentino Total-Tecpetrol que, tras cinco meses de negociación, acordó pagar $us 30.000 a una TCO (Tierra Comunitaria de Origen).
Se busca, añadió, “un porcentaje real que pueda cumplir la empresa petrolera porque eso son costos recuperables que todos los bolivianos y bolivianas tenemos que pagar”.
Añadió que el planteamiento del Ejecutivo será desarrollado en los próximos meses cuando se apruebe la Ley Marco de Autonomías y se discuta la nueva Ley de Hidrocarburos con indígenas y empresarios.
Como parte de la adecuación de la Ley sectorial a la Constitución Política de Estado vigente se discutirán seis reglamentos, indicó el director. Entre ellos están el de compensaciones, el de servidumbre (derecho de vía), el de consulta y participación indígena y reglamentos ambientales para los sectores energéticos (hidrocarburos, minería, entre otros).
“Queremos resolver los problemas que existen, que haya agilidad en los procesos de inversión petrolera, porque eso es sensible para la economía del país, pero queremos respetar los derechos de los pueblos indígenas y llegar así a un equilibrio”, manifestó la autoridad.
A decir de Quiroga, otro pago que tampoco está delimitado por el actual reglamento de consulta y participación indígena es el del derecho de vía, es decir, el permiso para circular dentro del territorio indígena. “El 2002 se negociaron $us 2.000 por hectárea y hay por ejemplo casos donde se negocia 10.000 ó 4.000 dólares por hectárea”, complementó.
PROCEDIMIENTO. El proceso de negociación para la compensación tiene lugar después de la consulta indígena, donde se identifican los impactos socioambientales mitigables y no mitigables del proyecto. La consulta es a su vez uno de los requisitos para que la empresa petrolera obtenga la licencia ambiental que le habilita para operar.
Quiroga indicó que desde el 16 de febrero del 2007, cuando se promulgó el reglamento de consulta y participación indígena se concluyeron 14 procesos de ese tipo. Otros cuatro, acotó, están en ejecución y para finales de este año e inicios del 2011 se prevé iniciar cuatro más.
Entre los principales problemas de la consulta, mencionó “la injerencia de terceros” que no pertenecen a las comunidades indígenas y que en algunos casos responden a “intereses políticos creados” o son asesores contratados o invitados que interfieren en el proceso.
Guaraníes piden cero actividad
Demanda
“Los guaraníes plantean una pausa ambiental, que no se desarrollen actividades hidrocarburíferas en la región sur (Tarija), en el Aguaragüe y su área de influencia”, informó ayer el director de Gestión Socioambiental, Omar Quiroga.
Respuesta
Según la autoridad, “en este momento ese planteamiento es inviable”. Explicó que “el 70% de la actividad (petrolera del país) está en esa región” y aseguró que ni el Gobierno ni los indígenas tienen una alternativa a esa labor y que “hay fuerzas externas interesadas en crear un clima de beligerancia”.
5 proyectos están parados ‘por fuerza mayor’
El director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, informó que actualmente los proyectos de cinco petroleras están parados temporalmente “por fuerza mayor”, debido a que tuvieron problemas para realizar la consulta indígena, requisito para obtener la licencia ambiental para operar.
“Se han declarado (proyectos) como (parados por) fuerza mayor, es decir que la empresa abandona por el momento el proyecto, pero continúa con el mismo en cuanto se resuelvan los problemas”, dijo y precisó que “hay cinco casos”.
Según Quiroga, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) “está desarrollando las acciones (necesarias) para que esos proyectos continúen adelante”.
El 21 de septiembre del 2009, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, afirmó a La Razón que pueblos indígenas obstaculizan la inversión comprometida por las petroleras y que en muchos casos sus demandas por compensación “exceden con creces la disponibilidad de la empresa”. Agregó, por ejemplo, que la brasileña Petrobras y la británica British Gas (BG) pidieron formalmente postergar una parte de sus inversiones debido a esa problemática. El 10 de enero de este año, Villegas admitió que “la licencia ambiental y la consulta y participación (de los indígenas) se ha constituido en un obstáculo”.
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 17/06/2010
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