El viceministro de Conflictos Sociales, Cesar Navarro, reconoció que el Estado Nacional asume un costo de $us 300 millones anuales por la subvención en la importación de diesel desde Venezuela.
“El Gobierno cumple su rol con el gasto de $us 300 millones de dólares para la subvención anual en el diesel, que es un porcentaje importante, utilizado para el transporte público” expresó en la víspera.
Según la autoridad, “se asume el costo de la importación del energético, a fin de paliar el costo de la elevación de tarifas de transporte y problemas con el sector productivo agroindustrial oriental”, dijo.
“Nosotros como Gobierno Central asumimos subvencionar el diesel, cumplimos con esa función para impedir que exista un incremento de las tarifas de transporte público (...) corresponde a los gobiernos municipales asumir el nivel de responsabilidad”, consideró.
EFECTO
MULTIPLICADOR
Por su parte, el analista Julio Alvarado consideró que “un incremento en el precio del transporte, tiene un efecto multiplicador en precios de productos de la canasta familiar lo que provocará problemas más grandes al Estado y Gobierno central”.
“El sector más afectado será la población del área rural debido a que los mismos dotan de productos de la agroindustria, al área urbana”, manifestó.
“Lo que hay que hacer es elaborar una política económica integral (...) no se puede pasar el fardo a los municipios (...) la pregunta es hasta cuándo estaremos subvencionando. Cómo las fronteras son subvencionables ante el ingreso de nuestros hidrocarburos a países vecinos”, explicó.
GOBIERNO
Entretanto el viceministro Navarro reconoció que “frente a un incremento de las tarifas de transporte, no se puede comparar tramos de Potosi, Cochabamba o de La Paz con Pando, por ser tramos diametralmente diferentes”.
“Entonces cada uno de los gobiernos municipales tiene conocimiento de esta especificidad territorial, por lo tanto los deben tener ese rol protágónico”, sentenció.
Recomendó a transportistas negociar con sus propias entidades. “Por lo tanto, debe haber entre juntas vecinales , organizaciones, transporte y gobiernos municipales un consenso”, dijo.
Agregó, que “los gobiernos municipales deben discutir el tema de las tarifas debido a que es su competencia y responsabilidad”. “Para nosotros es una responsabilidad que deben asumir los gobiernos locales con responsabilidad”, reiteró.
ECONOMÍA
En respuesta, el parlamentario Jaime Navarro, de Unidad Nacional, consideró que “el Ejecutivo evade responsabilidades ante un posible incremento de las tarifas de transporte y busca responsabilizar a los municipios por una posible convulsión social, generada por esa medida”.
Un incremento afecta el bolsillo de la gente de forma directa. A cinco años de gobierno, en temas económicos no se hizo nada (...) Perú inauguró una planta de licuefacción con una inversión de más de $us 300 millones. En Bolivia, no empieza la industrialización de gas. “Nosotros estamos en cero”, opinó.
“Si este tipo de acciones caracterizan al proceso, de nueva construcción del Estado, yo creo que el panorama es desalentador”, afirmó.
EJEMPLOS PALPABLES
Ejemplificó casos como el proyecto del Mutún que según su parecer “no avanza debido a los conflictos regionales en Puerto Suárez”.
“Al igual que problema del Litio por falta de recursos. En el marco de suministro del gas, lamentamos la escasez de este producto para el uso interno.
Tenemos su industrialización, pero tampoco podemos encontrar nada. Las fábricas del cárton de papel no funcionan”, enumeró.
Soslayó que la pobreza en el país prevalece pese a los esfuerzos que hace el Gobierno para paliar la misma.
Fuente: periódico "El Diario" La Paz-Bolivia - 21/06/2010
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