Ex dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, activistas y dos dirigentes de esta ciudad emplazaron ayer al presidente, Evo Morales, a decir la verdad sobre si hubo, o, no la nacionalización de los hidrocarburos, al considerar que sólo hubo la simple renovación de contratos para proteger a estas empresas petroleras.
El dirigente nacional de la Asociación de Choferes del Transporte Internacional, Silvestre Susaño, lamentó que el Gobierno no sólo haya comprado las acciones de las transnacionales, sino que a nombre de los bolivianos se está pagando las deudas que tenían estas multinacionales con dinero del Estado plurinacional.
El dirigente nacional de la Asociación de Choferes del Transporte Internacional, Silvestre Susaño, lamentó que el Gobierno no sólo haya comprado las acciones de las transnacionales, sino que a nombre de los bolivianos se está pagando las deudas que tenían estas multinacionales con dinero del Estado plurinacional.
"Evo Morales nos ha hecho creer que hay nacionalización pero en los hechos los únicos favorecidos son las petroleras, porque sus deudas que tenían están siendo canceladas (sic) por todos los bolivianos bajo el rótulo de nacionalización, pero para el colmo no hay industrialización y éstas multinacionales continúan en el país porque el Gobierno ha vuelto a renovar sus contratos por 40 años más. Entonces ¿de qué nacionalización estamos hablando? que diga la verdad Evo Morales o no tiene pantalones", dijo Susaño.
Por su parte, el ex dirigente de la Fejuve alteña, Jorge Chura, señaló que la nacionalización en el concepto estricto de la palabra quiere decir pasar los activos de una empresa transnacional o privada al inventario del Estado boliviano, al lamentar que eso no pasó en Bolivia.
"La liberación de responsabilidades tributarias, compromisos y deudas de las petroleras con Bolivia es inaceptable. Lo que ha pasado con Transredes y las demás capitalizadas es un robo de frente al pueblo boliviano por más de 500 millones de dólares, si hacemos una suma conjunta, eso es traición a la patria", dijo.
En tanto, la dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Lidia Mamani, lamentó que el Gobierno no haya tomado en cuenta el informe de auditoría realizado a las empresas capitalizadas por parte del ex presidente de YPFB, Enrique Mariaca, en cuyo documento se "indica claramente que estas petroleras transnacionales no cumplieron con sus compromisos de inversión, no pagaron impuestos, cometieron el delito de contrabando y otros".
PAPEL NEFASTO DE LA PRIVATIZACIÓN
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Óscar Coca, afirmó ayer que el proceso de privatización de los hidrocarburos fue lo más nefasto que le sucedió al país en temas económicos.
Durante una intervención en el programa radio televisivo “El pueblo es noticia”, Coca subrayó que durante la etapa de privatización de esos recursos el Estado recibía alrededor de 300 millones de dólares por año.
Luego de la nacionalización, iniciada en mayo de 2006 cuando el actual Gobierno recibió el mandato, esa cifra se incrementó casi 10 veces, agregó.
“El pasado año cerró con un aporte superior a los 2.800 millones de dólares para el estado, por cuenta de producciones hidrocarburíferas”, ejemplificó.
Añadió que a partir de ese año la prioridad uno es el consumo interno y luego el cumplimiento de contratos con el exterior.
La disponibilidad de combustibles con frecuencia deviene tema de debate político e instrumento utilizado por sectores de la oposición para atacar al gobierno del presidente Evo Morales, quien el 1 de mayo de 2006 nacionalizó el sector. El Jefe de Estado fundamentó ese proceso en la decisión popular expresada en grandes luchas en los últimos años y en un referéndum que en 2004 evidenció la voluntad masiva de la población, de recuperar los hidrocarburos.
Fuente: periódico "Los Tiempos" Cochabamba-Bolivia - 22/06/2009
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