¿Cuánto cuesta la nacionalización?

Guido Pizarroso Durán
La recuperación de los hidrocarburos y las empresas del Estado, capitalizadas (privatizadas) por el gobierno de Sánchez de Lozada, era un imperativo económico, ético, legal e histórico que no merece discusión.. El daño perpetrado al país con la llamada capitalización es incalculable, no solamente por sus negativos efectos económicos, sino por la vulneración de la soberanía y las normas legales.

La recuperación de los hidrocarburos, producida en la legislatura 2004, fue profundizada con la nacionalización dispuesta por el actual gobierno el 1º de mayo de 2006, mediante el Decreto Supremo 28701. Esta disposición determinaba que YPFB asumía el control de las empresas capitalizadas y privatizadas Chaco, Andina, Transredes y Compañía Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB).

Lamentablemente, el Decreto de nacionalización fue distorsionado después de la salida del gabinete del entonces Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, y en lugar de aplicar las previsiones de la nacionalización, se negociaron desventajosos acuerdos y contratos que involucran indemnizaciones por encima de las inversiones efectuadas, además de no haberse tomado en cuenta los beneficios obtenidos por las trasnacionales que administraron las empresas por una década, dejando apenas el 18% del valor del negocio, y llevándose el 82%.

Fruto de las malas negociaciones, mediante funcionarios incompetentes y corruptos, es que se firmaron adendas contrarias al espíritu de la nacionalización, y lo peor, la mala administración de YPFB, encomendada a profanos en la materia de hidrocarburos, dejó mal parada a la estatal petrolera que hasta ahora no ha pedido administrar plenamente los hidrocarburos, dejando que sigan siendo las petroleras extrajeras las que produzcan, refinen, posterguen las inversiones comprometidas y hagan lo que quieren frente a la incompetencia de los encargados de esa tarea, que se limitan a ser malos comercializadores.

Ahora surge con características de escándalo, la denuncia del presidente de YPFB Transporte (ex Transredes), Gildo Angulo, contra el titular de YPFB, Carlos Villegas, por supuestos daños económicos, perjudicando al Estado con la adquisición de las acciones de Transredes, sin tomar en cuenta un pasivo millonario. Efectivamente, al parecer se ocultó a la opinión pública e inclusive a los miembros del Directorio de YPFB Transporte, que se pagó la suma de 241,14 millones de dólares, pero quedaron deudas pendientes de la anterior administración que superan 30 millones de dólares. Parece que el principio de los negocios de comprar barato y vender caro se lo entendió al revés, y la transportadora de gas y líquidos de YPFB, que fue vendida por 263,5 millones de dólares el año 1997, hasta el momento el está costando a los bolivianos por lo menos 271 millones de dólares.

Lo cierto es que para nacionalizar las empresas capitalizadas petroleras, adquirir su paquete accionario y pagar indemnizaciones, el Tesoro General de la Nación (TGN) tuvo que desembolsar, hasta donde se sabe, más de 352 millones de dólares, que fueron depositados en el famoso fideicomiso manejado a discreción por el ex presidente interino de YPFB, Santos Ramírez, con las funestas consecuencias de corrupción, que han estancado la política energética del país. A ello se suma el préstamo de mil millones de dólares para que administre YPFB.

El pago por indemnizaciones, ya sea por negligencia, deshonestidad o desinterés por defender el patrimonio nacional, lamentablemente fue acordado sin deducir pasivos, contingencias o cualquier otro concepto que pudiera afectar el monto de indemnización. Las transnacionales fueron liberadas de los pasivos tributarios, financieros, laborales, ambientales y sociales, mediante Decretos, anulando las obligaciones que fueron establecidas en disposiciones anteriores.

Frente esta situación, es necesario que se realice una auditoría de todo el proceso de recuperación de las empresas del Estado, ya que el problema no es solamente en el sector hidrocarburos. Como se recordará, ENTEL confronta similares problemas, ya que en este momento sufre la disminución en sus utilidades y afronta problemas por obligaciones heredadas y pasivos "ocultos" que dejó Euro Telecom International (ETI). La empresa de telecomunicaciones fue estatizada el 1 de mayo de 2008 mediante el Decreto Supremo 29544 y como consecuencia, ETI demandó un resarcimiento, que se ventila mediante arbitraje que podría costar al país una indemnización de 350 millones de dólares.

Sin duda estas son malas noticias, pero el tema se lo debe analizar considerando, además de estos, una serie de factores inherentes. Quienes hayan aplicado mal la recuperación del patrimonio nacional, quienes distorsionaron el espíritu de la nacionalización, o sacaron ventajas personales o de grupo del proceso, deben ser sometidos a la ley, pero el concepto de la recuperación de los recursos naturales su aprovechamiento en favor del Estado y de todos lo bolivianos, tiene que seguir adelante, pues es una conquista del pueblo, producto de una lucha de décadas.

Fuente: http://www.hidrocarburosbolivia.com - 19/06/2009