El Gobierno llegó a un preacuerdo con la empresa chilena Química e Industrial del Bórax (Quiborax), según el cual la firma extranjera renuncia a la indemnización que reclamó por 40 millones de dólares ante un tribunal arbitral, y el Estado la habilita para participar en licitaciones nacionales.
La corporación tenía hasta 2004 una concesión en el Salar de Uyuni para la explotación de ulexita, que se revirtió al Estado.
El hasta ayer ministro de Defensa legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, informó que “es un acuerdo mutuo que se ha venido trabajando, mediante la cual la empresa tiene que renunciar a cualquier compensación económica, y la empresa, por supuesto, va a quedar habilitada para participar como cualquier otra empresa en igualdad de condiciones”.
El anterior jueves 3 se conoció que Quiborax junto con sus socias, la empresa Non Metallic Minerals y Allan Fosk Kaplún, desistieron del arbitraje que presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), al que renunció Bolivia en 2007.
El Ministerio de Defensa Legal recuerda en su página web que el 4 de octubre de 2005, Quiborax presentó una solicitud de arbitraje en contra de la República de Bolivia, cuya Secretaría procedió al registro el 6 de febrero de 2006, con el código Arb/06/2.
El arbitraje fue suspendido en su procesamiento el 14 de julio de 2008 debido a un acuerdo entre las partes, ante la posibilidad de llegar a una solución concertada del conflicto. Sin embargo, este diálogo no dio resultados, situación que reactivó la demanda arbitral ante el CIADI, en el Banco Mundial.
Arce aseguró que con la suscripción de un nuevo acuerdo, el proceso “quedaría archivado sin que Bolivia gaste un sólo centavo”, hecho que calificó como “ventajoso” para el Estado.
Anunció que el documento entre las partes “posiblemente sea cerrado en los próximos días.
El conflicto surgió en junio de 2004, cuando el Gobierno de Carlos Mesa emitió el Decreto Supremo 27589, que dispone la confiscación para el Estado de Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, La Negra, Cancha II, todas ubicadas en el delta del río Grande del Salar de Uyuni, en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.
Con esta norma también se ordena a Non Metallic Minerals que en 30 días entregue estos campos mineros a la Prefectura de Potosí. De acuerdo con reportes de prensa, por entonces el asesor legal de Quiborax, Isaac Frenkel, calificó la suspensión de sus operaciones y devolución de la concesión como “ilegales, inconstitucionales, ilegítimas y discriminatorias”. Fue entonces que mediante una carta enviada al ex presidente Mesa manifiestan la petición de la indemnización por las inversiones hechas desde 2001.
El director de Proyectos del Ministerio de Minería, Freddy Beltrán, afirmó que en la zona existen proyectos de las Fuerzas Armadas y empresas que explotan la ulexita.
Más datos
Química e Industrial del Bórax es un consorcio latinoamericano con sede en Chile.
Desde 1988 se dedica a la explotación de minerales en Arica, en la región del norte chileno.
A Bolivia llega en 2001, y en sociedad con Non Metallic Minerals explota el Salar de Uyuni.
En esta región existe la mayor reserva de no metálicos, entre ulexita, boro y litio.
Quiborax explotó ulexita, con una inversión calculada en 40 millones de dólares.
La Ley 2564, de diciembre de 2003, amplió la zona de reserva fiscal en el Salar de Uyuni.
La norma incluyó las zonas concesionadas a la empresa chilena socia de una boliviana.
Mediante el Decreto 27589 de 2004, el Gobierno procede con la confiscación.
En 2005, un nuevo Gobierno emite el Decreto 28527, que abroga el anterior.
Este hecho no modifica la decisión de recuperar la concesión para el Estado.
Fuente: periódico "Los Tiempos" Cochabamba-Bolivia - 8/09/2009
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