El Estado boliviano mantiene demanda contra el socio de la empresa chilena Quiborax, ante los estrados judiciales nacionales y presentará defensa ante la Comisión Internacional de Arbitraje de Diferencia Interinstitucional (CIADI), informó el director de la Dirección Técnica de Regulación, Fiscalización y Control de Empresas, Óscar Cámara.
La Dirección de Fiscalización, junto al Ministerio de Defensa legal del Estado demostró, que la empresa NoMetalic fraguó actas y con esa documentación obtuvo poderes para la venta de acciones ilegales.
Cámara, informó que en interpelación a David Moscoso, el representante legal, de NoMetalic, se acogió a un juicio abreviado y reconoció las penas del delito que realizó junto a sus socios Fernando Rojas, Teresa Paredes y Carmen Ballivián. Contra los que se prosigue procesos penales y lo que fue tipificado por el Ministerio Público, como uso de documentación fraudulenta y falsificación ideológica.
“Se continúa con el proceso penal interno contra los empresarios que causan daños al estado, quienes continúan en chicanearía jurídicas, pero lo importante es que el Estado realizará su representación jurídica ante la CIADI en contra la empresa chilena de explotación del Bórax” remarcó el ex Superintendente.
La empresa en cuestión (NoMetalic), inició su problema con la entrega acciones a empresa chilena para realizar un juicio ante el CIADI, arbitraje de protección y lo que se realizará por la Autoridad de Fiscalización es llegar hasta el final.
Se evidenció que lo que se pretendía era reclamar 40 millones de dólares al Estado boliviano por daños. El proceso que se conoció el 2005 y en febrero del 2006, se presenta la demanda y en agosto del 2009, Quibotax, anuncia que se retirara del arbitraje.
Cámara, denunció que lamentablemente muchos administradores de justicia traicionan a su país al aceptar documentos falsificados sin asumir la defensa de los intereses del Estado.
“La demanda interpuesta por la empresa chilena recién se encuentra en su etapa preliminar”, demarcó el director a tiempo de señalar que con la nueva CPE, se trabaja bajo la lógica que el Estado es gestor y regulador de las iniciativas económicas y defiende los intereses de los bolivianos y bolivianas”, finalizó.
Fuente: periodico "El Diario" La Paz-Bolivia - 5/10/2009
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