El jefe regional del Ministerio de Trabajo de Villa Montes, Jimmy Durán, informó que a un mes de cerrar la presente gestión, once empresas petroleras subcontratistas violaron los derechos laborales de sus trabajadores, por lo que los casos se están trasladando al Ministerio de Trabajo departamental para iniciar los procesos judiciales por incumplimiento de la Ley Laboral. Estimó que hasta fines de diciembre se tendrán dos empresas más en la misma situación.
Durán manifestó que la empresa contratante debería estar vigilante que la empresa que le presta servicios cumpla con sus empleados. “El sector hidrocarburífero es una cadena a la cual se hace un estricto seguimiento como Ministerio de Trabajo, existen empresas que no están cumpliendo con normas de seguridad y otras”, subrayó y añadió que diez de estas empresas subcontratantes ya están afrontando procesos judiciales. Estimó que hasta el 5 de diciembre se tendrá dos más, aunque prefirió no dar la lista de las empresas a ser procesadas.
En ese contexto, recordó que la normativa dispone aplicar multas para ejercer la coerción en la aplicación del Código Laboral, que van desde mil hasta diez mil bolivianos por infracciones. “Si tienen noventa trabajadores e infringieron los derechos laborales de diez, la multa puede ser de noventa mil, si son cinco trabajadores e infringieron veinte normativas, se multiplica en función de mil bolivianos y saldría una suma de cincuenta mil bolivianos”, ejemplificó.
El funcionario aclaró que las multas no son prescritas por el Ministerio de Trabajo y dijo que el juzgado laboral se encarga de estipular la sanción, previa sugerencia del monto acorde a la Ley Laboral. “Se realiza un fuerte control en pos de precautelar el cumplimiento de los derechos del obrero, acorde a la competencia del Ministerio de Trabajo”, aseguró.
Consultado al respecto, el representante de Tarija en el directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Luis Lafuente, dijo que en Margarita hay más de quince empresas subcontratadas y que existen también otras en Sábalo, en Yacuiba, Río Grande y demás zonas de trabajo. Sin embargo, indicó que acorde a normativa, las subcontratistas son bolivianas y que le relación empleador y obrero que se da es competencia del Ministerio de Trabajo.
Lafuente explicó que el trabajo que realizan las empresas subcontratistas es intenso, toda vez que algunas de ellas son las encargadas de montar todo los componentes y hacer que el sistema funcione, manejar maquinaria, crear módulos y otros.
Sobre el tema, manifestó que como YPFB se encarga de regular la relación empresa y empresa y aclaró que se toma cartas en el asunto en caso de que una subcontratada incumpla. “Respecto a la relación patrón-obrero, alguna persona que se sienta disminuida tiene derecho a presentar pruebas ante el Ministerio de Trabajo, la empresa, por su parte, sigue su defensa con descargos, el fallo lo da el Ministerio, en caso de que no se dé resultado, se pasa a la parte de litigio”, dijo y añadió que como directorio de YPFB no les llegó ninguna solicitud relacionada.
El vicepresidente de la Comisión de Hidrocarburos de la Asamblea Departamental, Johnny Torres, explicó que las empresas más grandes no tienen relación con los empleados de las subcontratistas, empero, dijo que existe la regulación International Standar Organization (ISO), que dicta las normas de seguridad e indumentaria, además de otras normas laborales de calidad. “Las que proveen de todo tipo de servicios a las petroleras son, en su mayoría, empresas cruceñas”, destacó.
Ley de Hidrocarburos
El especialista en hidrocarburos Boris Gómez Úzqueda manifestó que este tipo de problemas que nacen en el sector hidrocarburífero en Bolivia obedecen a la falta de una nueva Ley de Hidrocarburos, la cual debe normar la actividad petrolera como también la relación de prestación laboral, entre las compañías pequeñas, medianas y grandes.
Úzqueda explicó que la Ley General del Trabajo es antigua y que las previsiones de seguridad y de interrelación no están contempladas acorde a los nuevos modelos, por lo que dijo que la ley debe modernizarse, sin embargo, recordó que las compañías del sector, de gas y petróleo, cumplen estándares de seguridad laboral y ambiental que deben ser certificadas a nivel nacional e internacional, sin importar si se trata de una mediana, pequeña o grande empresa. “No hay la madre de las leyes, la Ley de Hidrocarburos, entonces, el sector está en una situación difícil, en este momento existe una confusión en el orden legal, desde lo estructural, toda vez que no existen mayores inversiones en el negocio energético porque, no hay una ley”, agregó.
Asimismo, explicó que en el modelo actual empresarial, referente a la figura de la subcontratación, existe el “outsourcing o tercerización”, que es el proceso económico en el cual una empresa mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato, lo que se da especialmente en el caso de la subcontratación de empresas especializadas. “Las grandes ya no hacen todo, porque quieren dedicar su máximo tiempo para lo que saben hacer, que es la exploración o explotación, dejando el servicio de ingeniería de apertura de planchadas, construcción de campamento y otros a empresas más pequeñas. El gran titulo de la investigación periodística, debería ser ¿por qué no reglamentaron este aspecto?, se necesita un aparato de nuevas leyes para evitar que se dé lo que usted me indica”, manifestó.
Para concluir, puntualizó que hay una superintendencia que regula el sector como es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). “Académicamente hablando, en Bolivia y el mundo el trabajo de las petroleras es el mismo, siguiendo los procedimientos para el control y cuidado del personal y el medio ambiente, pero la diferencia es que las privadas puedan ejercer el derecho a la libre empresa, lo que no ocurre en el país”, dijo.
LEY GENERAL DEL TRABAJO
Los entrevistados coincidieron que los derechos más vulnerados por parte de las empresas petroleras son los referidos a la seguridad e higiene de los trabajadores concentrados en los siguientes artículos.
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO CAPITULO I
Artículo 67. — El patrono está obligado a adoptar todas las precauciones necesarias para proteger la vida, salud y moralidad de sus trabajadores. A este fin, tomará medidas para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, para asegurar la comodidad y ventilación de los locales de trabajo; instalará servicios sanitarios adecuados y en general, cumplirá las prescripciones del Reglamento que se dicte sobre el asunto. Cada empresa industrial o comercial tendrá un Reglamento Interno legalmente aprobado.
Artículo 70. — Los trabajadores no podrán dormir en los locales de labor salvo tratándose de explotaciones en campos mineros, en cuyo caso dispondrá el patrono locales apropiados o señalará un paraje aceptable si las labores se efectúan en el fondo de las minas.
Artículo 72. — El Reglamento General del Trabajo clasificará las industrias insalubres y peligrosas y prescribirá las medidas de protección y defensa, cuya infracción podrá denunciarse por acción pública.
Artículo 75. — Las empresas que ocupen más de 200 obreros y disten más de 10 kilómetros de la población más cercana, estarán obligados a construir campamentos para alojar higiénicamente a los trabajadores y sus familias, a tener un médico y a mantener un botiquín. Si tuvieren más de 500 trabajadores mantendrán uno o más hospitales con todos los servicios necesarios. En lugares donde no exista más servicio sanitario que el de la empresa, sus beneficios se aplicarán a las familias de los trabajadores.
Artículo 77. — Los patronos mantendrán almacenes de aprovisionamiento, por administración directa, en lugares que disten más de 10 km de un centro de población. Las ventas se harán al costo y en forma de avío, cuyo valor se descontará de los salarios a pagarse. Se exceptúa el caso de las empresas cuyos convenios de menor costo continúen en vigor.
Fuente: periódico "El País" Tarija-Bolivia - 30/11/2011
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