La Haya designó al tribunal que iniciará en marzo del 2012 el proceso de arbitraje en contra de Bolivia por la nacionalización de las acciones de Rurelec en Guaracachi. La firma británica exige la indemnización “total” de sus inversiones, aunque el Gobierno dice que éstas estarían “infladas”.
“Rurelec ha encargado a una firma independiente de expertos internacionalmente reconocidos elaborar una valoración de mercado abierto de su participación en Guaracachi antes de la amenaza de expropiación. Esta valoración será presentada en marzo de 2012 al tribunal arbitral, junto con la declaración detallada del reclamo de Rurelec, documentos de apoyo y declaraciones de testigos (...). El tribunal arbitral ya ha sido designado”, cita un informe oficial de la compañía.
Rurelec PLC y su subsidiaria en Bolivia, Guaracachi América Inc, designaron al abogado Manuel Conthe (España) como su representante en el proceso, mientras que Bolivia eligió a Raúl Vinuessa (Argentina). El juzgado estará constituido también por Miguel Júdice (Portugal), como titular de la corte, y el primer presidente del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, Gilbert Gillaume (Francia).
“El derecho internacional exige el pago de una indemnización por el valor total de mercado que la inversión expropiada (en Guaracachi) tenía antes de cualquier amenaza de expropiación”, insistió la firma británica.
El 1 de mayo de 2010, el Gobierno expropió las acciones de Guaracachi, Corani, Valle Hermoso y de la distribuidora de electricidad Elfec. Ante esta medida, el accionista mayoritario de Guaracachi, Rurelec PLC, presentó ante el Estado boliviano una Notificación de Arbitraje demandando una indemnización de $us 70 millones por su participación en la empresa (50,001% del paquete accionario).
PROCESO. Posteriormente, y luego de colocar por segunda vez acciones en el mercado londinense para financiar el gasto que le ocasionará el arbitraje contra Bolivia, Rurelec subió sus pretensiones económicas a $us 75 millones (28 de marzo de 2011).
Según el procurador general del Estado, Hugo Montero, “cada empresa —como en cualquier otra demanda ordinaria o notificación— siempre infla los montos (de compensación)”. Actualmente, la Procuraduría “controla o tramita 12 controversias”, agregó.
Bolivia renegocia 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que establecen que instituciones como el centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), el tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo son árbitros válidos en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el Estado boliviano.
Los nuevos TBI serán suscritos tomando en cuenta la protección de los pueblos; el equilibrio del interés público y social con la propiedad y la ganancia privada; la articulación de soluciones de controversia que combinen derechos indígenas, sociales y de medio ambiente; y la búsqueda de inversores que contribuyan al desarrollo económico y social de la región. “Buscar socios no patrones”, dijo Montero.
“Estoy muy contento con los progresos que estamos haciendo hacia la resolución de nuestra demanda de compensación en contra de Bolivia (...). Ahora estamos en una etapa avanzada del proceso de arbitraje y esperamos un resultado positivo en 2012”, sostuvo, a su vez, el director ejecutivo de Rurelec, Peter Earl.
Tratados y medidas asumidas
Impacto
Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) “dotan a la inversión privada de seguridad jurídica plena para despojar a los países y succionar sus recursos”, indicó el jueves el procurador general del Estado, Hugo Montero.
Adecuación
La Disposición Transitoria Novena de la Constitución determina que los tratados internacionales que sean contrarios a la Carta Magna serán denunciados y, en su caso, renegociados en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009).
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 29/11/2011
“El derecho internacional exige el pago de una indemnización por el valor total de mercado que la inversión expropiada (en Guaracachi) tenía antes de cualquier amenaza de expropiación”, insistió la firma británica.
El 1 de mayo de 2010, el Gobierno expropió las acciones de Guaracachi, Corani, Valle Hermoso y de la distribuidora de electricidad Elfec. Ante esta medida, el accionista mayoritario de Guaracachi, Rurelec PLC, presentó ante el Estado boliviano una Notificación de Arbitraje demandando una indemnización de $us 70 millones por su participación en la empresa (50,001% del paquete accionario).
PROCESO. Posteriormente, y luego de colocar por segunda vez acciones en el mercado londinense para financiar el gasto que le ocasionará el arbitraje contra Bolivia, Rurelec subió sus pretensiones económicas a $us 75 millones (28 de marzo de 2011).
Según el procurador general del Estado, Hugo Montero, “cada empresa —como en cualquier otra demanda ordinaria o notificación— siempre infla los montos (de compensación)”. Actualmente, la Procuraduría “controla o tramita 12 controversias”, agregó.
Bolivia renegocia 22 Tratados Bilaterales de Promoción y Protección de Inversiones (TBI) que establecen que instituciones como el centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), el tribunal de La Haya y las Cámaras de Comercio de París y Estocolmo son árbitros válidos en caso de existir un diferendo entre el inversionista público o privado y el Estado boliviano.
Los nuevos TBI serán suscritos tomando en cuenta la protección de los pueblos; el equilibrio del interés público y social con la propiedad y la ganancia privada; la articulación de soluciones de controversia que combinen derechos indígenas, sociales y de medio ambiente; y la búsqueda de inversores que contribuyan al desarrollo económico y social de la región. “Buscar socios no patrones”, dijo Montero.
“Estoy muy contento con los progresos que estamos haciendo hacia la resolución de nuestra demanda de compensación en contra de Bolivia (...). Ahora estamos en una etapa avanzada del proceso de arbitraje y esperamos un resultado positivo en 2012”, sostuvo, a su vez, el director ejecutivo de Rurelec, Peter Earl.
Tratados y medidas asumidas
Impacto
Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) “dotan a la inversión privada de seguridad jurídica plena para despojar a los países y succionar sus recursos”, indicó el jueves el procurador general del Estado, Hugo Montero.
Adecuación
La Disposición Transitoria Novena de la Constitución determina que los tratados internacionales que sean contrarios a la Carta Magna serán denunciados y, en su caso, renegociados en el plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (2009).
Fuente: periódico "La Razón" La Paz-Bolivia - 29/11/2011
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